Inédito escenario: Al menos tres libelos contra cuatro jueces podría revisar la Cámara
Inédito escenario: Al menos tres libelos contra cuatro jueces podría revisar la Cámara Los jefes de los diputados del oficialismo conversan en el hemiciclo; entre otros, Lorena Fríes (FA), Jaime Araya (PPD) y Lorena Pizarro, del PC. JONATHAN MANCILLA La presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), el vicepresidente de la corporación, Eric Aedo (DC), y el presidente de la DC, Alberto Undurraga.
JONATHAN MANCILLA Chile Vamos en bloque anunció la presentación de los libelos contra Vivanco y Muñoz; sin descartar otro a Carroza, por parte de Camila Flores (RN). JONATHAN MANCILLA En medio de la revelaciones del caso Audio la que partió con una presentación podría culminar con cuatro acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus, Sergio Muñoz y Mario Carroza.
Con su acción, los diputados firmantes de las presentaciones buscan destituir a los jueces, mediante un proceso que inicia con la declaración de admisibilidad en la Cámara para, de ser aprobada, pasar al Senado, que actúa como jurado sobre el fondo. Pero el procedimiento parte con el ingreso de las presentaciones, a contar del lunes 23 de septiembre. Luego, ante la multiplicidad de presentaciones, lo que predominaría sería conformar tantas comisiones revisoras como grupos de presentadores; vale decir, se podrían redactar hasta tres libelos. Así lo estiman preliminarmente en la Corporación, al confirmar lo que señala la norma.
Ese esquema se condice con lo informado por los grupos parlamentarios, en que Chile Vamos (RN, UDI y Evópoli) anunciaron acusar a Vivanco y a Muñoz; del bloque, además, la diputada Camila Flores (RN) ingresaría una acción contra Carroza; mientras que el oficialismo, más la DC, lograron un acuerdo para patrocinar de manera conjunta una acusación a Vivanco y contra Matus.
Ingresadas las acusaciones constitucionales, con entre 10 a 20 firmas de patrocinantes, la mesa de la Cámara procede a sortear los cinco integrantes de cada comisión revisora; se notifica a los acusados, los que pueden concurrir a hacer su defensa personalmente si así lo estiman ante los diputados, en un plazo de hasta 10 días; ocurrido eso, los diputados tienen hasta seis días para pronunciarse sobre la presentación, para que después sea entablada y votada por mayoría simple de los presentes en sala. Rebaraje de apoyos en el oficialismo+DC Inicialmente, el oficialismo estaba por acusar a Vivanco, pero una parte mantuvo en evaluación hacer lo mismo con Matus. Esa duda originó una disputa al interior del oficialismo.
Por una parte, en el PS no había una sola decisión sobre Matus, y el PCFrente Amplio habían anunciado hasta ayer en la mañana que aún estudiaban hacerlo, provocando el reclamo de la DC, en voz del vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, quien pidió el apoyo transversal a lo que denominó "caiga quien caiga". Sin embargo, después de la pública disputa, comunistas y frenteamplistas se allanaron a respaldar la acusación a Matus.
La concordia se dio tras una reunión del sector de la que fueron parte la diputada Lorena Fries (FA), Lorena Pizarro (PC), Jaime Araya (PPD), Aedo (DC) y el subjefe de la bancada PS, Nelson Venegas. Los "hechos del caso Hermosilla son gravísimos y requieren que los enfrentemos coordinadamente.
Los socialistas estamos por aunar esfuerzos comunes en torno a la acusación constitucional, por eso convocamos a todo el oficialísimo más la DC y vamos a presentar juntos la acusación constitucional contra la ministra Vivanco y hoy también hemos logrado un acuerdo con la DC y el oficialismo para llevar otra acusación contra el ministro Matus", informó Daniel Melo, jefe de diputados PS. Casi en paralelo, Aedo confirmó el surgimiento de "un acuerdo importante con el oficialismo en la presentación de la acusación constitucional al ministro Matus y a la ministra Vivanco.
Vamos a presentar estas acusaciones e n l o s p r ó x i m o s d í a s, J e a n P i e r r e Matus el 23 de septiembre, como habíamos dicho, y ambas acusaciones, a Jean Pierre Matus y a Ángela Vivanco, van a contar con las firmas de todo el oficialismo y obviamente también de la Democracia Cristiana. Esto es una noticia positiva.
Este acuerdo es una señal clara de que el caiga quien caiga tiene que ser una realidad". Consultados en sus equipos, en las jefaturas de bancadas del PC y del Frente Amplio ratififcaron lo informado por el PS y la DC, en orden a haber dejado atrás la evaluación y haber pasado a apoyar el libelo a Matus. La AC de la oposición El bloque de oposición, específicamente Chile Vamos, con sus tres partidos, ya acordó acusar a Vivanco y Muñoz; pero la diputada de RN Camila Flores anunció otra contra Carroza. Consultada la jefa de bancada RN, Ximena Ossandón, sobre esa diferencia, respondió que "la diputada Flores está en todo su derecho de hacer una acusación constitucional.
Ustedes saben que son solo 10 firmas las que se pueden hacer, pero nosotros en el fondo lo estamos evaluando porque hoy día estamos concentrados en el tema de los nombramientos de los jueces de la Corte Suprema, y lo que plantea la diputada Flores hace relación con el nombramiento de notarios". Sin fusión y Vivanco x2 Otro de los aspectos que se clarificaron fue el hecho de no poder fusionar las acusaciones constitucionales, solo prima su agrupación por autores, se explicó en el Parlamento.
Dada esa condición, Vivanco tendrá dos libelos en su contra, uno del oficialismo más la DC, y otro de Chile Vamos, lo que desde ya anticipa un desafío respecto a cómo se procederá, dependiendo de cuál de los dos libelos es ingresado primero, así como el instante en que debería ser votado en la sala de la Cámara, en cuanto a establecer, por parte de la mesa de la Cámara, si uno está por sobre el otro. La revisión de las acusaciones en paralelo reviste también una complejidad práctica, al requerir en total de 15 diputados que debenerán se asignados a las eventuales tres comisiones revisoras.
Como su integración es por sorteo, mediante una tómbola, el azar determinará quien será parte, a instancias de otras álgidas tramitaciones, como la Ley de Presupuesto y la agenda de seguridad, por lo que la coordinación de espacios y tiempo será una tarea a resolver, afirman en la Cámara.
Se trata de Vivanco, Matus, Muñoz y Carroza, hasta ahora, por el caso Audio: Inédito escenario: Al menos tres libelos contra cuatro jueces podría revisar la Cámara RIENZI FRANCO Y MAXIMILIANO VEGA El procedimiento establecería que ante la multiplicidad de presentaciones, lo que predomina es el conformar tantas comisiones revisoras como grupos de presentadores. VOTACIÓN Las acusaciones se deberían votar en la sala de la Cámara en período electoral.
Ángela Vivanco Jean Pierre Matus Mario Carroza María Teresa Letelier Sergio Muñoz Antonio Ulloa n Jean Pierre Matus El magistrado también es indagado por la instancia ética de la Suprema por el caso "WhatsApps", por supuestas gestiones que realizó Hermosilla a su favor en el marco de su nominación.
Tiene calidad de imputado en una arista del caso Audio, indican desde la fiscalía, tras una querella presentada este mes por la diputada Camila Musante (ind. ) "contra quienes resulten responsables" de eventual negociación incompatible, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. n Mario Carroza Por el momento, el magistrado solo es indagado por la Comisión de Ética a raíz el caso "WhatsApps". Esto, porque registra conversaciones con el exjuez Juan Antonio Poblete en que, a nombre de un tercero, le pide ayuda en la nominación de un notario. Este tercero sería el ministro del tribunal de alzada santiaguino Antonio Ulloa.
En chats entre Vivanco y Hermosilla se sugiere que se contaría con el respaldo de Carroza para la nominación de la ministra María Teresa Letelier. n María Teresa Letelier La integrante de la Segunda Sala (Penal) del máximo tribunal también es investigada por la Comisión de Ética tras conocerse su intercambio de mensajes con el exjuez Poblete, relacionado con su nombramiento a la Suprema.
Ha mantenido un bajo perfil, aunque, en uno de los plenos de la Suprema, al momento de ser cuestionada por sus pares, expresó, según quienes estuvieron presentes, si los demás llegaron a puesto por "el Espíritu Santo". n Sergio Muñoz Hace unas semanas, la Comisión de Ética, la misma que él impulsó por el caso "WhatsApps", decidió abrir una investigación en su contra.
Esta se enmarca en la denuncia de la inmobiliaria Fundamenta, representada por el abogado Marco Antonio Fuentes, en que se le atribuye la posible entrega de "información privilegiada" a su hija, la jueza Graciel Muñoz, sobre la resolución de una causa asociada a esa empresa en la Tercera Sala del máximo tribunal, la cual es presidida por Muñoz. n Antonio Ulloa El ministro de la Corte de Santiago es a quien se refirió Carroza en su intercambio con Poblete. Ulloa ha reconocido que le solicitó a Luis Hermosilla su ayuda cuando postulaba a su actual cargo.
Todavía no hay investigaciones administrativas o penales en su contra (ver C2). CNN Chile informó ayer que Ulloa no se inhabilitó de una causa en que uno de los litigantes era Mario Vargas, cercano a Hermosilla y quien intentó un recurso para proteger sus chats con el penalista. n Ángela Vivanco La ministra está suspendida de su cargo luego que el lunes el Pleno del máximo tribunal decidiera abrirle un cuaderno de remoción tras conocerse sus chats con Luis Hermosilla, entre otras razones. Previo a ello, ya era indagada por la Comisión de Ética del máximo tribunal por el caso "WhatsApps", por mensajería de su pareja Gonzalo Migueles con el fiscal de Aysén Carlos Palma. Tiene calidad de imputada en una causa por eventuales irregularidades en el fallo del caso consorcio BelazMovitec contra Codelco en 2023.
SUPREMOS EN CALIDAD DE IMPUTADOS, OTROS INDAGADOS POR INSTANCIA ÉTICA Y UN JUEZ DE LA CORTE DE SANTIAGO EN SUSPENSO FELIPE BÁEZ Múltiples impactos negativos en distintos ámbitos de la sociedad chilena advierte el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal ante "los hechos de corrupción, tráfico de influencias, fraudes, mal uso de información privilegiada, malversación de fondos públicos y delitos económicos que se vienen conociendo en los últimos años", los que a su juicio constituyen "motivo de honda preocupación para la inmensa mayoría del país". En una declaración titulada "Ante el mal extendido de la corrupción", que iba a ser publicada esta madrugada, la instancia que preside el arzobispo de La Serena, René Rebolledo, plantea que estos hechos son "especialmente graves" cuando involucran a autoridades públicas y a organismos del Estado que, por su naturaleza, "están al servicio del bien común, especialmente de las personas vulnerables", lo que "debe ser motivo de una fuerte condena social". Para los obispos, "más allá de lo que la justicia decida, estos hechos expresan una crisis ética de proporciones y requieren de una actuación fuerte y decidida por parte de los órganos llamados a juzgar", a los que piden "celeridad, objetividad y transparencia", así como "respeto a la honra de las personas", en especial al informar.
En su opinión, el sustrato de este proceso es "de orden moral", con conductas "éticamente reprochables" en las que el uso de la autoridad "se convierte en abuso de poder" y genera "una escalada de realidades que afectan a todos los ciudadanos" y hacen crecer "un estado de crispación social y cansancio que termina por justificar las propias conductas abusivas e inmorales, no solo de los poderosos, sino de las personas comunes". Los procesos de corrupción, advierten, "vulneran muy gravemente la justicia social" y derivan en el "aumento cada vez más significativo de la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones esenciales del país y en un desprestigio de la vida política, social y económica". Además, plantea, "destruyen los vínculos de la solidaridad entre las personas y fomentan el relativismo moral que hace perder el sentido de comunidad (... ) y, al final, da lugar al egoísmo como regla esencial del actuar humano". Para los obispos del Comité Permanente, estos acontecimientos "afectan indefectiblemente a nuestro sistema democrático", que "se va transformando en un verdadero sistema de influencias, que compromete su correcto y justo funcionamiento". En ese contexto, llaman a adoptar políticas que "conduzcan a poner en el centro de nuestros comportamientos la honradez" y "el respeto a los bienes ajenos", no solo los materiales necesarios para una vida digna, sino también otros intangibles pero reales, como los espirituales, "que necesitamos para el bienestar al que todos tenemos derecho". También integran el Comité Permanente el arzobispo de Antofagasta, Ignacio Ducasse, como vicepresidente; el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González; el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, y el arzobispo de Concepción, Sergio Pérez de Arce, secretario general. Obispos advierten "crisis ética de proporciones" que instala al egoísmo como regla del actuar humano Monseñor René Rebolledo preside al episcopado desde abril..