Autor: Alonso Aranda y Nicolás Quiñones

Funcionarios parlamentarios acusan “cacería de brujas” por anuncio de investigaciones de licencias médicas en la Cámara
Funcionarios parlamentarios acusan “cacería de brujas” por anuncio de investigaciones de licencias médicas en la Cámara Mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), funcionarios parlamentarios expusieron su preocupación por las investigaciones en el marco del caso de uso irregular de licencias médicas.
En el texto, la Asociación de Funcionade Trabajadores Parlamentarios de (Afutraparch) rios Chile señala: “Queremos manifestar nuestra profunda preocupación frente a los anuncios difundidos por la prensa nacional, en los que se informa sobre el inicio de un pro-ceso de fiscalización respecto del uso de licencias médicas por parte de funcionarios y traba-jadores de la Cámara de Diputadas y Diputados, el cual comprendería, según lo señalado, un cruce de información con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI)”. De acuerdo a los funcionarios, “dicha situación resulta preocupante, no solo por la forma en que ha sido comunicada públicamente, sin mediar instancia institucional alguna que lo anti-cipe o trabajo previo con los sindicatos, sino especialmente porque este tipo de procedi-miento excede las atribuciones legales y constitucionales que posee la Cámara de Dipu-tadas y Diputados en materia de solicitud de inforlos trabajadores maciones personales de parlamentarios”. En esa misma línea, apuntan que la policía civil “no es un órgano subordinado a esta Corporación, ni se encuentra obligada a entregar información sensible sobre desplazamien-tos de personas físicas a un poder del Estado que no forma parte del Ejecutivo y sin orden judicial que lo indique”. “A diferencia de los órganos de la administración del Estado, respecto de los cuales la Con-traloría General de la República puede solicitar datos con fundamento constitucional y le-gal, en este caso no existe habilitación normativa que permita requerir tales anteceden-tes a un órgano policial”, remarcan.
Asimismo, recalcan que entre el personal parlamentario compuesto por aseso-res, secretarias periodistas, y conductores, otros trabajadores, hay muchos de los cuales “prestan servicios bajo modalidades contractuales distintas, que no requieren presencia física permanente en el Congreso Nacional, y cuyas funciones pueden desarrollarse legí-timamente en cualquier lugar del país e incluso fuera de el”. Y acusan que esto “constituye una amenaza a los principios que rigen la función la autonomía técnica y parlamen-taria y territorial del trabajo que el personal parlamentario realiza”. Además, enfatizan que “si lo que se busca es equiparar las obligaciones del personal parla-mentario con las del personal de planta de la Corporación, debe considerarse también la necesidad de establecer condiciones de igualdad en el acceso a derechos laborales, benefi-cios y garantías que, actualmente, son exclusivos del personal institucional.
La simetría en las exigencias debe ir acompañada, por tanto, de simetría en los derechos”. “Nos preocupa especialmente que una iniciativa de estas características, cuya supuesta fina-lidad sería fiscalizar y transparentar, termine siendo instrumentalizada con fines mediáti-cos o políticos, sin el debido respeto por las normas legales ni por los derechos fundamenta-les de los trabajadores.
Si se desea avanzar hacia un sistema robusto de fiscalización y transparencia, es indispensable hacerlo en el marco de reglas claras, con un diseño normativo adecuado, y no recurriendo a mecanismos de presión o exposiciones públicas que confi-guran verdaderas “cacerías de brujas”, dicen.
En la parte final de la misiva, piden a Castro “reconducir este proceso, ajustándolo al respeto irrestricto de la legalidad, de los derechos laborales y del correcto funciola institucionalidad parlanamiento de mentaria” y afirman que concuerdan “con la necesidad de inves-tigar cualquier posible delito en torno al mal uso de licencias, sin embargo, nuestro llamado es a que se haga de forma seria y sin amarillismo”. Castro, en tanto, respondió mediante una declaración pública. “El tema de los funcionarios, por lo menos en la Cámara, que me corresponde a mí presidir, será tomada con la máxima seriedad”, dijo.
“En ese sentido, aplicaremos las máximas acciones a aquellas personas que se han desvia-do de lo lógico de un funcionario público, que es cumplir su labor sin salirse de la ley y, por supuesto, manteniendo un régimen de probidad”, sostuvo. Finalmente, apuntó que: “Nosotros hemos dado un máximo de plazo para hacer todas estas investigaciones de aproximadamente tres meses con todos los sumarios. Y si hay temas que tengamos que enviar a la Fiscalía, así lo vamos a hacer. Pero para nosotros la transparen-cia es lo primero”. O Respuesta de Castro.
Envió una carta dirigida al presidente de la Corporación, José Miguel Castro (RN). El parlamentario respondió en una declaración pública. de Trabajadores Parlamentarios de Chile El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN).