LA “ARTILLERÍA LEGAL” QUE PREPARAN LOS ACUSADOS por la FNE en la colusión de los casinos
LA “ARTILLERÍA LEGAL” QUE PREPARAN LOS ACUSADOS por la FNE en la colusión de los casinos JESSICA MARTICORENAAn tr ó ia m d ic e a l o (F s N ca E s ) i n s o o s b r d e e la mayoría de los in volucrados no le sor prendió ni el resulta do ni los argumentos de fondo, que arrojó la investigación de la Fiscalía Nacional Eco la colusión en la indus juego. Lo que sí no es peraban fue el calibre de las sanciones que solicitó el órgano de libre competencia: pi dió multas históricas y caducar la licencia de 14 casinos de juego. “Tras más de dos años y medio de inves tigación, se esperaba un pronunciamiento en esa línea, más aún considerando que hu bo una delación compensada que reforzó los argumentos del caso. Pero lo que fue una sorpresa mayúscula fue la magnitud de las multas requeridas”, admite un abogado vinculado a una cadena de casinos.
El jueves, la FNE presentó un requeri miento ante el Tribunal de Defensa de la Li bre Competencia (TDLC) en contra de las tres principales cadenas de casinos de juego que operan en el país: Enjoy, Dreams y Ma rina del Sol. Las acusó de articular un cartel para manipular los resultados de las licita ciones de permisos de operación de casinos, afectando la libre competencia y causando perjuicios al Estado.
Las tres empresas, se gún detalló la FNE, concentraron el 90% de los ingresos de la industria entre 2017 y 2023, con $400 mil millones anuales de fac turación, y tienen el 70% de los permisos de operación.
La investigación de la FNE iniciada en febrero de 2022, por una denuncia de la Su perintendencia de Casinos de Juego re veló que en los procesos de licitación de 2020 y 2021, las tres cadenas consiguieron renovar sus licencias de operación, por un período de 15 años, con ofertas muy por de bajo a las que se habrían presentado en un escenario de competencia real.
La FNE pidió al TDLC una multa de 126.806 UTA (US$ 112 millones) para Dre ams; y para Enjoy, una sanción de 41.498 UTA (unos US$ 37 millones). Adicional mente, la FNE solicitó multas para altos eje cutivos vinculados a esas empresas: 1.218 UTA (US$ 1 millón) para el exgerente gene ral de Dreams Jaime Wilhelm; 941 UTA (US$ 830 mil) para el presidente de Dre ams, Claudio Fischer; 761 UTA (US$ 674 mil) para el exgerente de administración y finanzas de Dreams Claudio Tessada; y 130 UTA (US$ 115 mil) para el expresiden te del directorio de Enjoy Henry Comber. Marina del Sol y sus ejecutivos fueron ex cluidos de multas por haberse acogido a la figura de la delación compensada.
Además, la FNE exigió al TDLC que ponga término a los permisos de casinos que fueron renovados a Dre ams, Enjoy y Marina del Sol, en los procesos de licitación correspon dientes al período in vestigado, extendien do su vigencia solo hasta que inicien sus operaciones casinos de juego que resulten adjudicados en un nuevo proceso com petitivo.
Esa medida afecta a las salas de juego adju dicadas entre 2020 y 2021: Calama, Antofa g a s t a, C o p i a p ó, S a n Francisco de Mostazal, Santa Cruz, Talca, Talca huano, Los Ángeles, Temu co, Valdivia, Osorno y Punta Arenas, en el primer proceso cuestionado, y San Antoniovoquen a Imschenetzky a testificar. En la industria se reconoce que Fischer e Imschenetzky sí se juntaron a conversar, pero descartan que haya sido para coludirse.
Explican, más bien, que se reunieron porque cuando Dreams y Enjoy estaban en proceso de fusión, la propia FNE definió que la empresa fusionada debía deshacerse del casino de Rinconada, “y Claudio le ofreció a Nicolás venderle ese casino, pero no hablaron de no competir”. Otras fuentes de la industria adelantan los argumentos que, a priori, se buscará plantear en el juicio. El primero, que “ir a apostar a un casino no es un bien básico ni está en la canasta familiar”, a modo de intentar reducir las multas solicitadas.
Agregan que, además, es imposible causar daño al consumidor, “porque los precios están regulados y las tarifas fijadas por ley”. Tampoco, añaden, se puede afectar la competencia, porque los casinos no compiten entre sí en una misma zona geográfica. No hay tres casinos en Puerto Varas, están delimitados por determinada distancia”. Y por último, aseguran, no se afecta la licitación, “porque en ella están todos invitados, chilenos y extranjeros. No sacas nada con coordinarte entre tres, porque no son los únicos invitados a estos procesos.
Esto no es como las farmacias, donde solo había tres competidores y se coludieron los tres”. Otras fuentes explican por qué las cadenas acusadas por la FNE compitieron solo por las salas de juego que ya operaban y no presentaron ofertas por otras ubicaciones.
Señalan que los procesos realizados entre 2020 y 2021 coincidieron con la pandemia, “donde no había recursos para invertir en grandes proyectos que no fueran renovar los casinos que se gestionaban”. Y recuerdan que en 2005 se invitó a las cadenas a hacer inversiones cuantiosas, que entregaban un puntaje adicional en el proceso de licitación, para darle valor a la infraestructura, pensando en un horizonte de 30 años. “Se consideraban las inversiones materializadas y había un derecho preferente para conservar la licencia”, explica un ejecutivo del sector. Pero la ley cambió en 2015, y para adjudicar las licencias se consideró la presentación de ofertas económicas, variable que no estaba contemplada anteriormente.
“ E s o o b l i g ó a que en un escenario de estrechez, como era en 2020 y 2021, se pusieran todos los esfuerzos en renovar las plazas que se ope-raban y no en competir por nuevas.
Fue una definición estratégica”. Al menos cuatro años de juicioSi bien los asesores legales aún están diseñando sus estrategias, ya se anticipa que durante el juicio las partes pedirán al TDLC que no acepte revocar los permisos de los casinos, como pidió la FNE. “Es ilegal, la Constitución dice que para poner a alguien una pena por un ilícito, tiene que estar en la ley. Y no existe esa sanción en la ley de libre competencia, en el DL 211 artículo 26, que es donde están las sanciones y penas. No se pueden quitar los permisos a los casinos como parte de una sanción, no puedes poner penas que no están en la ley”, argumenta un abogado especialista en libre competencia. Entre los expertos legales hay coincidencia en que el juicio tardará, al menos, cuatro años.
Una vez que el TDLC da curso al requerimiento de la FNE, otorga 30 días hábiles para contestar, plazo que rige una vez que se notifica personalmente por parte del receptor, por lo que “probablemente las contestaciones y/o excepciones dilatorias llegarán en dos meses más”, precisan. Y luego viene todo el período de pruebas, que demora años, en el tribunal. A ese plazo hay que sumar la Corte Suprema. “Cuatro años en el TDLC y un año en la Suprema”, estima un experto. Para abogados de la plaza, otro escenario posible a futuro, concluido el juicio, con la sentencia final del TDLC y de la Corte Suprema, es que se active la arista penal.
“Dado que la FNE está pidiendo las multas más altas de la historia, y como una señal en esa dirección, es probable que busque querellarse contra las personas naturales, empresarios y ejecutivos, pidiendo penas de cárcel. Como algo ejemplarizador”, prevé un abogado especialista en libre competencia. Acusó a Dreams, Enjoy y Marina del Sol de articular un cartel:y Rinconada de Los Andes en el segundo.
Los argumentos legalesLa acusación de la FNE de inmediato activó la preocupación de los aludidos en la investigación y varios comenzaron a definir los cursos de acción para lo que viene, junto con evaluar, aunque preliminarmente, el impacto que puede tener la denuncia en el negocio mismo. Para hacer control de daños y diseñar estrategias, Dreams realizó un directorio a media mañana del viernes, lo propio hizo Enjoy en la tarde de ese mismo día, revelan conocedores.
Marina del Sol, en tanto, concretó dos reuniones: una vía telemática que convocó a los máximos ejecutivos de los distintos casinos que opera la cadena en el país, y otra cita con el directorio de la compañía, “para atenuar los ruidos”, describe una fuente consultada. A su vez, para trazar las tácticas legales, fueron requeridos a primera hora los equipos de abogados de cada uno de los operadores, confidencian varios conocedores. La dinámica fue similar: primerose juntaron entre ellos “para evaluar escenarios” y, luego, tomaron contacto con el cliente para proponer los lineamientos. La defensa de Dreams y de su presidente, Claudio Fischer, está a cargo del estudio Pellegrini & Rencoret, liderado por Julio Pellegrini. A Enjoy y a Henry Comber los asesora José Miguel Huerta, de Claro & Cía. Y a Marina del Sol y a su expresidente Nicolás Imschenetzky los representa legalmente Javier Velozo, socio del estudio de abogados Contreras Velozo. Entendidos en la materia aseguran que Imschenetzky no tiene que defenderse en el juicio, porque está eximido del pago de multas al estar acogido a la delación compensada. “Ya aportó todo, pero si la FNE le pide antecedentes adicionales o declarar, él tiene que seguir colaborando, porque los beneficios de la delación se dan a cambio de colaborar”, explica un cercano al empresario.
A su vez, si bien el TDLC tiene facultades para pedirles a testigos que comparezcan a declarar, y podría requerir al empresario, se espera que más bien sean las partes quienes con-“Es probable que la FNE busque querellarse contra las personas naturales, empresarios y ejecutivos, pidiendo penas de cárcel”. ARERREHLEUN. CZEHCNÁSNA Y LLIWHenry Comber, expresidente de Enjoy. Nicolás Imschenetzky, socio de Marina del Sol. Claudio Fischer, presidente de Dreams.. Pedirán al TDLC que no acepte revocar los permisos de las salas de juego, como requirió la FNE. “Es ilegal, no existe esa sanción en la ley de libre competencia”, aseguran. Y señalan que “ir a apostar a un casino no es un bien básico ni está en la canasta familiar”, a modo de intentar reducir las multas solicitadas. I T T E S S I R S I U L E S O J