Columnas de Opinión: Justicia contra el bullying
Columnas de Opinión: Justicia contra el bullying Nelson Leiva Lerzundi Cientista Político La Ley 21.809, del año 2026, busca enfrentar el bullying sancionando a los colegios y entidades educativas de donde emergen los casos. Para ello, la ley refuerza la prevención, el bienestar socioemocional y la participación de toda la comunidad escolar a favor de la víctima. Además, establece sanciones en caso de que los establecimientos no actúen.
Apoyamos plenamente esta iniciativa, no obstante, no podemos dejar de señalar una crítica profunda: durante décadas el centro político no fue capaz de presentar una propuesta seria para enfrentar este problema, a pesar de las denuncias públicas. Del mismo modo, la izquierda que tanto habla de derechos, libertades e igualdad, tampoco actuó o presentó iniciativas.
El bullying siguió ocurriendo de manera permanente e impune, hasta que tuvo que ser un gobierno de extrema derecha del que no se esperaba nada en este ámbito el que sorprendiera favorablemente con una ley que sanciona a quienes los cometen, a los colegios que lo permiten y a los apoderados que no asumen su responsabilidad. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes sufren acoso de sus pares cada día? ¿ Cuántos agresores quedan impunes con la complicidad de profesores, directores y compañeros? Es necesario reconocer que el bullying marca la vida de quienes lo padecen, especialmente de personas con discapacidad, autismo u otras diferencias que son vistas por los acosadores de manera arbitraria y discriminatoria. Por lo tanto, el comportamiento de un joven en formación recae en la educación de quienes tienen el criterio de distinguir lo bueno y lo malo, y que ante un abuso o falta deben corregir. Solo ahora, con esta ley, se espera el fin de tal impunidad, del encubrimiento y del silencio cómplice de directores, profesores y apoderados, una actitud institucionalizada en colegios públicos, privados y subvencionados. Es más, el acoso no solo ocurre en las aulas, sino que hoy ya se extiende a las redes sociales, donde las campañas de hostigamiento han llevado a muchos jóvenes al suicidio. En otros países, incluso se han registrado asesinatos entre compañeros motivados por esta infame práctica. En consecuencia, esta decisión del gobierno es justa y necesaria, ya que representa un castigo moral y legal contra quienes perpetúan el bullying, visibilizando el abuso ante la desprotección social e incentivando la responsabilidad.
Quienes lo hemos sufrido, esperamos que este primer paso sea el inicio de un cambio real, a fin de que la justicia deje de ser una promesa vacía y se convierta en una herramienta efectiva para proteger a los más vulnerables. En efecto, el bullying infantil en el colegio es una piedra angular en lo que se proyecta contra profesores, trabajadores del aseo, personas con discapacidad, ancianos y muchos más.
Por esta razón, la ley 21.809 representa un quiebre histórico en Chile, ya que por primera vez se establece con claridad que no solo los agresores deben responder, sino también los grupos alrededor, en este caso las instituciones educativas y los apoderados que permiten o encubren estas conductas.
Así, esta legislación no es solo una sanción, sino un llamado a la responsabilidad colectiva y una oportunidad para que, por medio de la jurisprudencia, se cree un cambio de conciencia, una real cultura de respeto e integración que erradique permanentemente este cáncer social. En definitiva, el acoso no es un “problema menor”, es un menoscabo social que destruye vidas y erosiona la confianza en la educación como espacio de protección y desarrollo. La Ley 21.809 abre un camino de justicia y responsabilidad compartida, enviando un mensaje claro: el silencio cómplice ya no será tolerado. Si se aplica con rigor, esta legislación puede marcar el inicio de un cambio cultural profundo, donde la dignidad y el respeto de cada estudiante sean innegociables..