Autor: MAX SALAS ILLANES, CONSEJERO REGIONAL

Columnas de Opinión: La pieza que falta
Columnas de Opinión: La pieza que falta La columna de.. . El sistema de contrapeso de poderes es el entramado de controles destinado a evitar abusos por parte de quienes ejercen autoridad. No es una acción puntual ni una institución aislada, sino un ecosistema de piezas fiscalizadoras que operan de manera autónoma, pero con un objetivo común: hacer efectiva la responsabilidad pública. El pasado 1 de abril, la contralora nacional Dorothy Pérez emitió el pronunciamiento D168-2026, referido a actuaciones del gobernador regional Jorge Flies Añón. En él se identifican hechos concretos y se concluye de manera categórica que “su actuación no se ajustó a derecho”, ordenando además establecer las sanciones correspondientes. Es una señal clara y de la mayor gravedad. Pero el control del poder no puede descansar solo en un pronunciamiento. Su eficacia depende de que las instituciones activen sus propias herramientas. A nivel regional, una de las más relevantes es el Consejo Regional. Frente a lo revelado por la Contraloría, surge una pregunta inevitable: ¿ qué ha hecho el Consejo Regional de Magallanes? La respuesta es tan simple como inquietante: nada.
Desde el 1 de abril, el Consejo ha celebrado tres sesiones plenarias -los días 13,20 y 21y en ninguna de ellas se habilitó el espacio legal destinado a la fiscalización, como puntos varios o solicitudes de oficios. En su lugar, se programaron largas presentaciones sobre materias ajenas a ese rol.
El 13 de abril expuso la gerencia de TABSA sobre el precio de los combustibles; el 20, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción; y el 21, la alcaldesa de Torres del Paine reiteró una cuenta pública ya conocida. Ninguna de estas materias abordó los hechos observados por la Contraloría. Lo relevante no es solo la omisión, sino su evidente intencionalidad. Resulta difícil sostener que la reiteración de este esquema en tres sesiones consecutivas sea casual.
Por el contrario, es razonable concluir que la programación impulsada por el presidente de la Comisión de Régimen Interior, Andrés López España, tuvo como objetivo deliberado impedir que el Consejo ejerciera su función fiscalizadora precisamente en el momento en que esta resultaba más necesaria, a raíz de los antecedentes expuestos por la Contralora. Esta conclusión se refuerza con lo ocurrido al cierre de la sesión del 21 de abril. Para extenderla se requería unanimidad. Varios consejeros manifestamos nuestra disposición, pero un grupo condicionó su voto a no llegar al espacio de fiscalización. Es decir, no solo se evitó el debate: se bloqueó activamente.
A ello se suma un elemento inquietante: Hace unas semanas policías ingresaron a la casa del gobernador y de un juez para ser allanados e incautados en el marco de una investigación penal (paralela a la de la contralora). Pese a su gravedad, este hecho la opinión pública magallánica nunca fue informada. Cuando situaciones de esta magnitud no generan debate institucional ni cobertura suficiente, lo que queda en evidencia es una falla estructural. El sistema de contrapesos no está operando como debiera. La fiscalización no es opcional. Es una obligación. Y hoy, en Magallanes, esa pieza fundamental está ausente. Autor: MAX SALAS ILLANES, CONSEJERO REGIONAL.