Autor: EUGENIO RIVERA URRUTIA Director ejecutivo Casa Común
Modelo excluyente
Señor Director: El entrampamiento legislativo y su impacto negativo en el crecimiento económico se ha querido asociar, principalmente, a problemas del sistema político (muchos partidos con representación parlamentaria, predominio de "díscolos”, etcétera) y se afirma que la reforma política es la principal medida para superar esta situación. Se ignora que ello, más bien, refleja una profunda fragmentación social y es consecuencia del carácter excluyente del modelo de crecimiento.
Es la tesis de James Robinson, coautor del conocido libro "¿ Por qué fallan las naciones?”, presentada en un seminario de la UNAB, donde afirma que el crecimiento económico encuentra como un obstáculo principal la compleja dualidad entre la existencia de un Estado de Derecho (Rule of law) consolidado y la fuerte presencia del que define como "la desigualdad de oportunidades a favor de cierta élite”, lo que significa que las posibilidades de desarrollo están limitadas por la posición social de los individuos.
Tomando el ejemplo de Thomas Alva Edison, Robinson destaca que el talento y la creatividad están en toda la sociedad y que si no existen las instituciones suficientemente inclusivas son muchas las personas que no pueden desarrollarlos, lo que se transforma en un obstáculo insalvable para el crecimiento y el desarrollo económico.
Además, como los chilenos, a diferencia de otros países de la región, sienten que Chile tiene la potencialidad de saltar al desarrollo, sus aspiraciones y estándares son elevados, lo que al no concretarse por este favoritismo generan grandes dolores y descontento, afectándose la paz social.
Esta perspectiva entrega luces para la comprensión de las movilizaciones sociales de la década pasada y el estallido del 18 de octubre del 2019 y señala una vía para recuperar el crecimiento: un proyecto político que aproveche las grandes oportunidades que abre al país la transición energética global, pero que al mismo tiempo impulse las reformas que permitan superar la visión negativa de más del 90% de los chilenos (el mayor porcentaje en toda la región) respecto a que el acceso a la justicia, la salud y la educación es injusto, lo cual subyace al malestar que afecta a la ciudadanía.