Subdesarrollo y mediocridad política
Subdesarrollo y mediocridad política T E M A S E C O N Ó M I C O S Una de las características más distintivas del subdesarrollo es una clase política ignorante de las consecuencias económicas de sus decisiones. Tal ignorancia no solo facilita la implementación de políticas deficientes, sino que lleva a obviar --desinformando además a la ciudadanía-los negativos efectos de mediano y largo plazo de cualquier decisión compleja. La historia económica de Chile durante la última década ha sido generosa en ejemplos. Uno de ellos es lo que ha ocurrido con las tarifas eléctricas de los clientes regulados, ilustrativo de una suerte de amnesia selectiva que afecta a parte de las dirigencias. A mediados de 2019 se anunció un aumento de 9,2% en las tarifas de la electricidad, resultado de las condiciones de mercado en un sector regulado. Con fecha 10 de octubre de ese año, un decreto confirmó el alza. Sin embargo, la violencia desatada a partir del día 18 de ese mes y la inestabilidad institucional resultante cambiaron el escenario. Así, el Gobierno envió al Congreso una ley corta para "estabilizar" transitoriamente las tarifas durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. Luego de esa fecha, se suponía, comenzaría a regir un nuevo tarifado que regularizaría la situación. Pero tal tarifado se postergó en múltiples oportunidades, confirmando la regla de que todo subsidio transitorio, cualquiera sea su forma, se transforma en permanente hasta que el costo que genera es impagable. Efectivamente, los costos económicos de dicha política han sido significativos. El congelamiento de las tarifas fue solventado por algunos subsidios del Estado, pero principalmente por las empresas del rubro, lo que terminó haciendo la situación insostenible. Se estima que la decisión ha tenido un costo diario de hasta 3 millones de dólares, acumulando una deuda con las generadoras eléctricas por 6 mil millones de dólares, casi dos puntos del PIB. Tal volumen de pasivos volvió finalmente ineludible terminar con esta política. La decisión fue aprobada en abril e implicará un aumento de hasta 60% en las tarifas, el que se implementará gradualmente hasta 2025 entre los clientes residenciales. La magnitud del alza tendrá efectos macroeconómicos, pues impactará el índice de precios del consumidor, un factor tras las dificultades para alcanzar la inflación objetivo del Banco Central. Así, los efectos de una decisión tomada en 2019 resienten años después el bienestar de toda la población. Esto ilustra un principio económico básico: tarde o temprano, sin importar las condiciones, la sociedad termina pagando lo que se planteó inicialmente como inmaterial. Subdesarrollo y mediocridad política Las mejores cifras económicas están alentando al Gobierno para reimpulsar una agenda de reformas deficientes. Pero nuestra economía no tiene margen para seguir con experimentos. Los últimos años debieran ser aleccionadores respecto del costo de las malas decisiones políticas. Otro ejemplo: retiros previsionales Ahora bien, quizás el mejor ejemplo del impacto de largo plazo de políticas públicas deficientes sea el de los retiros previsionales.
Desde la autorización del primero, en julio de 2020, la decisión generada desde el Congreso significó el drenaje de más de 50 mil millones de dólares desde los fondos previsionales de las personas, cifra equivalente a más del 18% del PIB. Poco importaron las advertencias técnicas. Un primer impacto directo de esas irresponsables decisiones (a la fecha se han autorizado tres retiros) fue sobre la inflación. Tal como lo ha documentado el Banco Central (BC), los retiros impulsaron la demanda agregada en momentos de fuertes restricciones de oferta por el covid, generando una espiral inflacionaria. Un segundo impacto de los retiros, menos evidente al aprobarse, fue sobre el mercado de capitales.
De hecho, el más reciente Informe de Política Monetaria del BC afirma al respecto que "la menor profundidad del mercado de capitales nacional tras los retiros de ahorros previsionales aún sigue afectando la economía". Las negativas consecuencias hoy se reflejan, por ejemplo, en una menor disponibilidad de financiamiento de más largo plazo, lo que ha golpeado directamente el costo de financiamiento corporativo e hipotecario, impactando en este último caso no solo al sector de la construcción, sino a las familias que hoy ven más inalcanzable el objetivo de la casa propia.
Las recientes amenazas por parte de diputados oficialistas de promover nuevos retiros --esta vez como un chantaje para presionar por la reforma previsional del Gobierno-recuerdan las dificultades de la política para internalizar el costo de sus malas decisiones. Reformas deficientes Las deficientes reformas estructurales que se han llevado a cabo en la última década fueron otra expresión de una política que pretende prescindir de la evidencia técnica y privilegia la consigna.
El segundo gobierno de la expresidenta Bachelet entregó varios ejemplos, desde una defectuosa reforma tributaria hasta lo ocurrido con el sistema educacional luego de la Ley de Inclusión Escolar, sumados a los cambios en materia laboral. En tanto, la Ley de las 40 horas, uno de los "éxitos" de la actual administración, presenta similar factura. Así, no sorprende que la falta de acuerdo para avanzar en otras reformas estructurales de este gobierno, cuestionadas técnicamente desde distintos ángulos, explique al menos parte de las mejores cifras económicas de este año. Por lo mismo, una aparente disposición de la oposición para habilitar iniciativas deficientes puede agregar un riesgo adicional para la economía..