Autor: O PINTO

Suprema alerta que proyecto de ley eleva judicialización y amenaza sistema ambiental
Suprema alerta que proyecto de ley eleva judicialización y amenaza sistema ambiental En las primeras horas de su gobierno, el Presidente José Antonio Kast atacó la "permisología" e instruyó la aceleración de la tramitación de proyectos de inversión que están trabados en la burocracia administrativa.
Sin embargo, las medidas que impulsa podrían enfrentar en el futuro cercano un nuevo obstáculo debido a una iniciativa parlamentaria que se tramita en el Congreso y que, en opinión de la Corte Suprema, podría "tornar en irrelevante toda la institucionalidad ambiental". El tribunal envió un informe al Senado sobre el proyecto que busca modificar el sistema de recursos aplicable a las sentencias de los Tribunales Ambientales. Según los magistrados, el régimen actual establece que la apelación solo procede contra resoluciones específicas. Por ejemplo, que declaren inadmisible una demanda. En cuanto al recurso de casación (nulidad), este es viable solo respecto de sentencias definitivas y de ciertas materias específicas. La reforma propone ampliar este sistema. Por una parte, permitiría que la casación se interponga respecto de decisiones vinculadas a todas las materias de competencia de los Tribunales Ambientales, con algunas excepciones.
Por otra, permitiría la casación contra cualquier sentencia, incluso aquellas que no tengan carácter definitivo. "Cuesta comprender" La Corte Suprema manifiesta una opinión favorable respecto de que la casación proceda contra sentencias definitivas en materias reguladas por leyes especiales. Sin embargo, expresó reparos frente a la ampliación del recurso a resoluciones que no ponen término al proceso.
Los jueces señalan que la propuesta ampliaría su competencia en materias altamente especializadas. "Cuesta comprender por qué frente a un aparato burocrático robusto, compuesto por un Ministerio del Medio Ambiente, una Superintendencia del Medio Ambiente, un Servicio de Evaluación Ambiental, un Servicio de Biodiversidad de Áreas Protegidas y tres tribunales ambientales, sea, en último término, una sala de la Corte Suprema la que pueda ser llamada a conocer y resolver de todos los conflictos ambientales, especialmente de aquellos que no significan una decisión terminal por parte de la autoridad administrativa", argumentan. ¿Fin al loop? El proyecto inició su proceso legislativo en 2023 y está en una etapa avanzada. Se encuentra en su tercer trámite constitucional en la Cámara Alta.
El senador Matías Walker, uno de los autores de la iniciativa, explica que el proyecto fue presentado junto a la exsenadora Isabel Allende (PS) y el entonces senador Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio) con el objetivo de otorgar mayor certeza jurídica a los proyectos de inversión. Walker señala que el sistema actual genera un "loop", en el que los procesos judiciales pueden regresar reiteradamente a la vía administrativa. La propuesta busca establecer expresamente que las sentencias de los tribunales ambientales puedan ser recurridas de casación ante la Corte Suprema y que esta constituya la última instancia, entregando una resolución definitiva. El exsenador Juan Ignacio Latorre, cuyo período finalizó el 11 de marzo pasado, coincide en que el objetivo es permitir que la Corte Suprema uniforme la jurisprudencia en materia ambiental. Sin embargo, indica que durante la tramitación en la Cámara de Diputados se introdujo un cambio que permite recurrir también contra sentencias no definitivas, modificación que ahora es cuestionada por la Corte Suprema. Por esta razón, plantea que el proyecto podría ser enviado a una comisión mixta para revisar el alcance de la reforma y circunscribir la casación solo a sentencias definitivas. Tiene razón, pero... El abogado Emanuel Ibarra, exfiscal de la SMA, opina que la Corte Suprema tiene razón al advertir que no puede controlar mediante casación todos los asuntos que provengan de los Tribunales Ambientales. A su juicio, la iniciativa busca enfrentar las limitaciones que la propia jurisprudencia del máximo tribunal habría impuesto al recurso de casación en materia ambiental. Ibarra añade que en los conflictos ambientales las partes requieren decisiones judiciales rápidas, pero también garantías efectivas para impugnar resoluciones.
Además, afirma que el proyecto no aborda uno de los principales problemas de la litigación ambiental: la falta de una norma de clausura que evite que, tras la anulación de actos administrativos, estos regresen al sistema para ser dictados nuevamente y eventualmente impugnados otra vez. Recuerda que esta situación puede provocar procesos judiciales prolongados. "El caso Dominga es un claro ejemplo de ello", grafica. Suprema alerta que proyecto de ley eleva judicialización y amenaza sistema ambiental O. PINTO ANTE CELERIDAD QUE REQUIEREN LOS PLANES DE INVERSIÓN: En informe al Senado, el tribunal critica la ampliación de los recursos legales en esta materia. Critica que esa judicatura sea la llamada "a conocer y resolver de todos los conflictos ambientales". Gloria Ana Chevesich, presidenta de la Corte Suprema. CLAUDIO CORTÉS FELIPE BÁEZ Juan Ignacio Latorre, exsenador. JONATHAN MANCILLA Matías Walker, senador.. En informe al Senado, el tribunal critica la ampliación de los recursos legales en esta materia. Critica que esa judicatura sea la llamada “a conocer y resolver de todos los conflictos ambientales”. ANTE CELERIDAD QUE REQUIEREN LOS PLANES DE INVERSIÓN: - -