Autor: Juan Carlos Manríquez

“Qué ocurre con el ciudadano común”: La queja de la defensa de la presidenta de la Cámara para anular diligencias en su contra
“Qué ocurre con el ciudadano común”: La queja de la defensa de la presidenta de la Cámara para anular diligencias en su contra también envió un escrito de reclamo dirigido a Eduardo Cerna, director general de la PDI, solicitando que se inicie una investigación sumaria. Abogado de Daniel Jadue y de familia de Ronald Ojeda asume representaciónAE. CANDIACasi una semana ha transcurrido desde el 3 de marzo, cuando la diputada Karol Cariola fue protagonista de una diligencia por eventual tráfico de influencias a cargo del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Así, un grupo de efectivos de la Policía de Investigaciones llegó hasta el domicilio de la congresista en Providencia, y otro apareció en el hospital donde acababa de dar a luz. El allanamiento terminó con la incautación del computador y el teléfono celular de la también presidenta de la Cámara de Diputados. Tras estos hechos, el abogado Juan Carlos Manríquez, representante del exalcalde Daniel Jadue y de la familia del exteniente venezolano Ronald Ojeda, entreotros, asumió la defensa de la diputada.
Parte de sus primeras acciones fue ingresar un escrito para solicitar la nulidad del procedimiento ante el Séptimo Juzgado de Garantía, el mismo que a petición del Ministerio Público autorizó la medida intrusiva. n “Intenta hacer creer al tribunal que la renovación de patentes sí se había otorgado”En particular, Manríquez argumenta en la solicitud que el informe policial en el que se justificaría el allanamiento se basa en una serie de consultas querealiza su representada a la exalcaldesa Hassler.
Esto, sobre el proceso de renovación de una patente de alcoholes para el empresario Emilio Yang (ver página C 1). Sin embargo, dice el reclamo, “lo que omite intencionalmente el informe y la solicitud del Ministerio Público () es que la renovación de esa patente de alcoholes fue rechazada por el concejo municipal y la ex alcaldesa Irací Hassler”. Dicho lo anterior, el documento profundiza que “se omite un antecedente tan relevante para el tipo penal que se imputa de tráfico de influencias co-mo es el que la ex alcaldesa no sabía que esa patente ya había caducado al momento del contacto y no podía renovarse; que doña Karol Cariola también lo ignoraba, que no tenía en su acción ningún interés patrimonial, que es elemento central del tipo penal y que no se obtuvo ninguna decisión favorable pues todo el concejo municipal, incluida la Sra.
Hassler, habían votado favorablemente la no renovación de dicha patente”. Además, respecto de este tema, el escrito acusa que “el Ministerio Público no solo omite esta situación, sino que intenta hacer creer al tribu-nal que la renovación de patentes sí se había otorgado”. n Confusión entre empresariosOtro de los argumentos que Manríquez utiliza para intentar anular la diligencia se sostiene en que tanto la Policía de Investigaciones como el Ministerio Público confunden a dos empresarios distintos.
Ante lo anterior, el documento menciona nuevamente que “el informe policial y el Ministerio Público intentan hacer creer a V.S., no solamente que al señor Emilio Yang se le había renovado su patente (... ) sino que además señalan que sería la misma persona que habría apoyado a Cariola en su campaña, y que habría realizado donaciones a la Municipalidad de Santiago”. El abogado también cuestiona que “cuando se presenta un informe policial así de desprolijo y el Ministerio Público no lo controla y el tribunal tampoco puede controlarlo porque se le entrega información incompleta y errónea, respecto de quien es la tercera autoridad del país, la pregunta es qué ocurre con el ciudadano común”. Consultado al respecto del futuro de esta solicitud, Manríquez explica que “puede ser resuelta derechamente por el tribunal si estima suficientes los antecedentes acompañados a la petición, o bien citar a una audiencia de debate a todos los demás intervinientes en la causa, para resolver precisamente nuestra petición, sus fundamentos, controvertirla o allanarse a ella”. Una solicitud ingresada al 7 Juzgado de Garantía reclama que el allanamiento el día del nacimiento del hijo de la legisladora se justificó con información incompleta, desprolija y errónea. Abogado de Daniel Jadue y de familia de Ronald Ojeda asume representación.