Autor: MARCO GUTIÉRREZ V.

Otra pesquera a tribunales contra el fisco por cambio a ley: Landes pide reparación de US$ 70 millones
Otra pesquera a tribunales contra el fisco por cambio a ley: Landes pide reparación de US$ 70 millones Suma y sigue. El fisco enfrenta una nueva demanda de parte de una empresa pesquera industrial por los perjuicios que las compañías acusan producto de los cambios a la Ley de Pesca en materia de fraccionamiento.
Esta ley (N 21.752 ), impulsada por el gobierno de Gabriel Boric, modificó las cuotas de extracción vigentes hasta 2032, según la normativa aprobada en 2013, y las redujo para las compañías industriales y aumentó para el sector artesanal. Así, este año comenzaron a regir los nuevos porcentajes de captura que se mantendrán hasta 2040, según la nueva legislación. Esta vez fue la pesquera Landes. Ligada a la familia Fosk y una de las seis más grandes del rubro, presentó una demanda indemnizatoria contra el Estado de Chile ante el 22 Juzgado Civil de Santiago. La firma solicita una indemnización de US$ 70 millones, producto de los perjuicios económicos ocasionados por la nueva normativa de fraccionamiento pesquero.
Con esto se suma a las acciones iniciadas por Camanchaca y Blumar (ver recuadro). Los fundamentos La acción ingresada ayer por Landes se fundamenta según la empresa en que “el Estado, a través de diversos actos, desconoció permanentemente la distribución de cuotas establecida en la historia regulatoria pesquera chilena y las reasignó a terceros sin el pago de una indemnización”. Ello, según la demanda, vulnerando los principios básicos de legalidad y afectando gravemente el patrimonio de la compañía, particularmente por el nuevo fraccionamiento de la pesquería del jurel. David Cademartori, abogado socio de Barros & Errázuriz oficina encargada de la tramitación de la acción judicial, detalló que “esta es una demanda de responsabilidad extracontractual contra el fisco de Chile.
Seguimos sosteniendo que la ley de fraccionamiento pesquero constituye una expropiación encubierta del patrimonio de Landes, una acción ilegal cuyo daño debe ser indemnizado”. Para la empresa, con sede en Talcahuano, la reducción de cuotas compromete inversiones futuras enfocadas en consumo humano, obliga a postergar proyectos clave, como la modernización de flota y la ampliación de su capacidad de congelado, e incorpora un alto nivel de incertidumbre regulatoria. Esto, añadió, impacta negativamente en la sostenibilidad del negocio y la creación de empleo.
Andrés Fosk, CEO de Landes, sostuvo que “al Estado no le está permitido disponer de cuotas de pesca que las empresas han construido a través de su historia y que hoy forman parte de su patrimonio para transferirlas discrecionalmente. Lo ocurrido con esta ley es muy grave.
Se tramitó una ley sin sustento, deficiente, y para empujarla, el Gobierno saliente, desde la Subsecretaría de Pesca, impuso un estilo de trabajo irresponsable, alejado de lo técnico, basado en informaciones imprecisas o derechamente falsas”. Fosk afirmó que “Talcahuano no puede seguir pagando el costo de gustos ideológicos que castigan no solo a la pesca industrial, sino que a cientos de familias del Biobío”. En mayo del año pasado, en medio de la discusión del entonces proyecto de fraccionamiento, Landes activó acciones judiciales preliminares.
Solicitó ante el 26º Juzgado Civil de Santiago “decretar la medida prejudicial preparatoria de exhibición de los documentos”. Esto lo pidió respecto de quienes denominó en su escrito como los “futuros demandados”, que en concreto es el fisco representado por el ZERÉPANERACAM Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el Congreso. Jurel, lo más castigado Desde Landes que informa que da empleo a 650 personas señalaron que la pesquería más castigada por el fraccionamiento, en su caso, es la del jurel. Aseguraron que este año existirá una merma de 10% de las toneladas respecto de 2025. La compañía también opera en los recursos sardina, anchoveta y merluza, que también fueron afectados por la nueva ley.
Landes advirtió que el nuevo fraccionamiento “constituye un golpe para el jurel chileno, pesquería que se encuentra en óptimas condiciones de sostenibilidad y atraviesa una ventana internacional favorable con apertura de nuevos mercados por escasez de sustitutos.
Sin embargo, a nivel local, enfrenta una legislación restrictiva, que limita su desarrollo para consumo humano y lo destina a ser procesado preferentemente como harina de pescado”. Andrés Fosk indicó que “estamos frente a una contradicción difícil de explicar. Es incomprensible que, cuando se nos abre una oportunidad histórica en Europa y Asia, el propio Estado decida limitar a las empresas que pueden capturar, procesar y exportar ese valor.
No se puede hablar de crecimiento y empleo y al mismo tiempo debilitar al jurel chileno y a un sector productivo que opera en regiones gravemente afectadas por la desindustrialización, como lo es la del Biobío”, afirmó Andrés Fosk.
Añadió que “llamamos al próximo Congreso y a la administración entrante a generar condiciones políticas y certezas regulatorias para el desarrollo de la pesca industrial, una de las vocaciones productivas más importante del país, que encadena pymes y oportunidades para comunas como Talcahuano, Coronel, Lota y Tomé, todas con enormes necesidades”. Recordó que “la discusión en torno a una nueva Ley de Pesca se mantiene vigente y representa una amenaza más grave aún para nuestro sector.
Es urgente que se analice el trámite y creemos que la próxima administración puede jugar un rol preponderante en aquello”. ADIDEC n Las otras empresas que piden indemnizaciones Otras dos compañías pesqueras industriales han confirmado que acudieron a los tribunales contra el Estado por el cambio en la ley. Una de estas es Blumar, ligada a las familias Sarquis y Vinagre, que asesorada por el estudio GWJ&A interpuso una acción contra el fisco en febrero pasado, acusando un perjuicio de unos US$ 216 millones. Asimismo, Camanchaca, ligada a la familia Fernández, acudió a tribunales a fines de enero, demandando al fisco unos US$ 100 millones. Fue asesorada por el abogado Jorge Bofill, socio del estudio Bofill y Ramos. En tanto, Alimentos Marinos (Alimar), de la familia Izquierdo Menéndez, está afinando la presentación de su demanda. Para ello, en 2025, contrató al abogado Tomás Menchaca, expresidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), quien es experto en esta materia.
El Gobierno saliente, desde la Subsecretaría de Pesca, impuso un estilo de trabajo irresponsable, alejado de lo técnico, basado en informaciones imprecisas o derechamente falsas”.. ................................................................................................... ANDRÉS FOSK CEO DE LANDES Seguimos sosteniendo que la ley de fraccionamiento pesquero constituye una expropiación encubierta del patrimonio de Landes, una acción ilegal cuyo daño debe ser indemnizado”.. ................................................................................................... DAVID CADEMARTORI ABOGADO SOCIO DE BARROS & ERRÁZURIZ Autor: MARCO GUTIÉRREZ V.. La acción de la compañía ligada a la familia Fosk se suma a las que en enero y febrero iniciaron Camanchaca y Blumar, por los perjuicios que acusan les produjo el nuevo fraccionamiento.
Ingresó demanda ante el 22° Juzgado Civil de Santiago n Las otras empresas que piden indemnizaciones Otras dos compañías pesqueras industriales han confirmado que acudieron a los tribunales contra el Estado por el cambio en la ley. Una de estas es Blumar, ligada a las familias Sarquis y Vinagre, que —asesorada por el estudio GWJ&A— interpuso una acción contra el fisco en febrero pasado, acusando un perjuicio de unos US$ 216 millones. Asimismo, Camanchaca, ligada a la familia Fernández, acudió a tribunales a fines de enero, demandando al fisco unos US$ 100 millones. Fue asesorada por el abogado Jorge Bofill, socio del estudio Bofill y Ramos. En tanto, Alimentos Marinos (Alimar), de la familia Izquierdo Menéndez, está afinando la presentación de su demanda.
Para ello, en 2025, contrató al abogado Tomás Menchaca, expresidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), quien es experto en esta materia. ‘‘El Gobierno saliente, desde la Subsecretaría de Pesca, impuso un estilo de trabajo irresponsable, alejado de lo técnico, basado en informaciones imprecisas o derechamente falsas”.. ................................................................................................... ANDRÉS FOSK CEO DE LANDES ‘‘Seguimos sosteniendo que la ley de fraccionamiento pesquero constituye una expropiación encubierta del patrimonio de Landes, una acción ilegal cuyo daño debe ser indemnizado”.. ................................................................................................... DAVID CADEMARTORI ABOGADO SOCIO DE BARROS & ERRÁZURIZ