Editorial: Migración segura, regular y controlada
Editorial: Migración segura, regular y controlada El Presidente José Antonio Kast se ha comprometido a combatir la migración irregular.
Y es que fue promesa de su campaña y ha sido señalado como prioridad de su gobierno el control migratorio mediante el fortalecimiento del resguardo de las fronteras, así como agilizar las expulsiones de quienes han ingresado irregularmente a Chile. Pocos ponen en duda los beneficios de la migración regulada y controlada para el progreso de los países. La experiencia y la historia comprueban el extraordinario aporte realizado por extranjeros al engrandecimiento de Chile.
En cambio, hay fundamentos para combatir y evitar los daños del descontrol migratorio sobre el empleo y remuneraciones de los trabajadores locales, en particular de los no calificados; contener sus riesgos para la seguridad de la población frente al crimen organizado transnacional, y también los problemas derivados del excesivo recargo sobre los servicios públicos. De allí que en el ámbito internacional, especialmente en Europa, se intensifiquen medidas preventivas de las migraciones irregulares, al tiempo que aumentan las expulsiones.
La decisión con que el Gobierno está disponiendo barreras y reforzamiento del despliegue militar en la frontera norte, así como las expulsiones y algunas reconducciones de nacionales de países vecinos, son muestra de una real voluntad de llevar adelante su política migratoria. Con todo, calificar la efectividad y resultados de las medidas adoptadas, transcurridos pocos meses, parecería prematuro. Hay indicios de que habrían disminuido los ingresos irregulares, mientras que las expulsiones son muy superiores a las realizadas por el gobierno anterior en igual número de meses. Aun así, no cabe considerarlas masivas. De hecho, hasta el propio Presidente parece reconocer las dificultades de esa masividad, calificando de metáfora tal promesa de campaña, lo que ha motivado críticas. Ahora, si de masificar las expulsiones se trata, el restablecimiento de relaciones con Venezuela sería una eficaz contribución, pero por ahora poco se sabe de las gestiones a cargo de la Cancillería. En lo legislativo, el Gobierno ha presentado indicaciones a la Ley de Extranjería para facilitar las expulsiones. Entre ellas se incluyó, sin embargo, una propuesta controvertida y preocupante.
Se trata de aquella que impone a todo órgano de la administración del Estado, incluyendo los de salud y de educación, sean públicos o privados, la obligación de entregar a la autoridad administrativa migratoria y a la autoridad contralora los antecedentes que estas requieran, incluidos el domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico y demás datos personales de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios. La norma propuesta ha recibido transversal y justificado rechazo, incluido el de la ministra de Salud.
Tal obligación, de dudosa legalidad y propia de regímenes autoritarios, además de introducir justificado temor a los migrantes por posible mal uso de sus datos personales, los conduciría a no concurrir a los centros asistenciales y escuelas, con repercusiones adversas para la salud y convivencia no solo de ellos, sino del resto de la población. Chile es por lejos el país sudamericano tanto con mayor tasa de aumento de migrantes irregulares en la última década como con mayor proporción de ellos respecto de la población total.
En efecto, duplica al resto, salvo Bolivia y Brasil, en que la extranjería es mínima y bordea el 1%. La razón es muy simple: la estabilidad, seguridad y situación económica chilenas superan a otros países de la región. Por lo mismo, lo esperable es que los riesgos de la presión migratoria irregular persistan. Enfrentarla es función del Gobierno. El restablecimiento de relaciones con Venezuela sería una eficaz contribución para avanzar en este ámbito.. El restablecimiento de relaciones con Venezuela sería una eficaz contribución para avanzar en este ámbito.