Autor: MAURICIO SILVA

Gobierno pide un año extra para cumplir el desalojo de la megatoma de San Antonio
Gobierno pide un año extra para cumplir el desalojo de la megatoma de San Antonio Plazo para poner fin al campamento vence mañana y Corte debe decidir si acepta postergarlo:Entre los argumentos están la imposibilidad de acoger a las más de 10 mil personas que forman parte de la ocupación ilegal y la necesidad de organizarlos en cooperativas para que compren los predios. DIAGNÓSTICOEl plazo solicitado es para afinar diagnósticos sobre familias y condiciones del predio.
ALLICNAMNAHTANOJServiu, a través del Programa de Asentamientos Precarios, desarrollen un diagnóstico socioterritorial que afine el número de cooperativas a constituir, y evaluar el terreno donde se emplaza el asentamiento con sus afectaciones, riesgos, condicionantes normativas, mecánicas y evaluación ambiental estratégica. “Queremos ser claros: como Estado, no estamos comprando el terren o n i l o v a m o s a comprar.
Lo que estamos haciendo es impulsar a las familias a crear cooperativas y que, por ese camino, ellas ad-quieran ese espacio, entendiendo que las tomas irregulares de terrenos no son el mejor camino para obtener una vivienda, existe una vía regular para aquello”, dijo la seremi de Vivienda, Belén Paredes.
Medida “inconsulta”Pero la propietaria del predio, la constructora San Antonio, asegura que hasta ahora no ha sido convocada a conversar por las autoridades del Gobierno, pese a que les ha hecho saber su disposición a vender al Estado el terreno de 210 hectáreas. El Ministerio de Vivienda ha descartado la compra directa. “Hablan de esta figura de las cooperativas, que entendemos que aportarían una cantidad de dinero y el Estado otra. Pero a nosotros nadie nos ha preguntado si estamos de acuerdo, si queremos participar en el proceso. Nadie nos puede obligar a vender el terreno a los ocupantes”, dice su abogado, Diego Pereira. “Hemos pedido al ministro reunirnos y llegar a un acuerdo, pero ninguna autoridad responde. Todo lo que proponen a la Corte jamás lo han hablado con los dueños, ni conmigo”, añadió.
A juicio de Pereira, si bien la Corte Suprema pidió a las autoridades coordinarse para resguardar los derechos de las familias vulnerables, si ellas hasta ahora no se han mostrado eficaces para hacerlo, no es una razón que impida que el fallo se cumpla y que el desalojo por la fuerza pública tenga lugar. “No es requisito copulativo”, enfatizó.
Incluso criticó que estén fechados en semanas recientes los oficios por los que los organismos públicos dan cuenta de la imposibilidad de acoger transitoriamente a las casi 10 mil personas a desalojar, preguntándose qué gestiones hizo en seis meses.
E l p r o f e s i o n a l aseguró que des-de mañana, al cumplirse el plazo dado por la justicia, ya podrían exigir que el fallo se cumpla, pero que sus clientes acogieron la solicitud del diputado Tomás de Rementería (PS) de postergar esta medida hasta fines de mes, ofreciéndose el parlamentario para ejercer sus buenos oficios ante el Gobierno para alcanzar una solución, que para los dueños pasa por una compra directa del Estado del predio. El parlamentario coincidió en que el Estado no puede desentenderse.
“Hay que ver qué rol va a tener el Estado en esto, porque, obviamente, el Estado no puede quedar incólume, mirando cómo pasa esto, porque no es un conflicto entre privados, es un conflicto que tiene que ver con la visión del Estado en materia de derechos de vivienda hace muchos años, y especialmente en la provincia de San Antonio”. “Además, debe haber aquiescencia de los dueños al mecanismo de las cooperativas de vivienda. Yo creo que los dueños lo que quieren es recibir un pago por un terreno que es parte de su patrimonio; no nos podemos negar la existencia de eso”, aseveró el legislador. Desde el Estado nos solicitaron la unificación del terreno, y no entendemos cómo pretenden ahora que cooperativas compren por lotes. No tenemos idea desu propuesta”. Como Estado, no estamoscomprando el terreno.
Lo que estamoshaciendo es impulsar a las familias a crear cooperativas y que adquieran ese espacio”..................................................................................................... DIEGO PEREIRAABOGADO DE LOS DUEÑOS DEL TERRENO.................................................................................................... BELÉN PAREDESSEREMI DE VIVIENDAtan “con ningún recurso ni capacidad para financiar y/o implementar un recinto de albergue transitorio para acoger a las familias en los términos declarados por la sentencia de autos”, ya que, a través de un oficio evacuado el 16 de octubre, la Seremi de Desarrollo Social se excusó señalando que “la naturaleza de la exigencia que el fallo le impone escapa a su competencia”. El escrito agrega que ni la Seremi de Vivienda, ni el Serviu ni la Municipalidad de San Antonio cuentan con glosas presupuestarias ni recursos para estosfines. Con todo, el documento de la delegada también acusa a la corporación edilicia de “no haber ejercido la labor de coordinación” que impuso el fallo confirmatorio de la Corte Suprema. Qué harán en 12 mesesEl recurso señala que en esos 12 meses el Gobierno puede avanzar en su iniciativa de estimular entre los ocupantes ilegales la conformación de cooperativas cerradas de viviendas.
El documento destaca que laestrategia escogida permitiría a los propios residentes del campamento realizar la adquisición de lotes, “con sentido de corresponsabilidad y colaboración”. A la fecha, 59 grupos de familias han expresado su voluntad de comprar terrenos a través de cooperativas, que les permitiría acogerse a un proyecto habitacional, pues “resuelto el tema de la propiedad, al Estado le corresponde realizar las obras propias para integrar los barrios a la ciudad”. Los 12 meses de plazo se requerirían para que el Minvu y elLa carencia de infraestructura y de sitios disponibles para albergar transitoriamente a las 3.945 familias integradas por 9.845 personas, de las cuales tres mil son niños, es el motivo por el que la Delegación Presidencial en la Región de Valparaíso está solicitando a la Corte de Apelaciones un año más de plazo para cumplir el fallo de la Corte Suprema, que ordena desalojar a los ocupantes de la megatoma del cerro La Virgen en San Antonio.
Mañana miércoles 6 de noviembre vencen los seis meses de plazo, contados desde que la sentencia quedó ejecutoriada, que el máximo tribunal del país otorgó para cumplir el fallo del 22 de marzo en el cual ratificó el dictamen de acoger el recurso de protección interpuesto por los propietarios del predio, ordenando a las autoridades coordinar acciones para resguardar los derechos de las familias a desalojar.
El miércoles pasado, estando ya próximo a agotarse el medio año concedido, la delegada presidencial, Sofía González, ingresó un “téngase presente” al tribunal de alzada, pidiendo una prórroga por 12 meses o el plazo que este estime conveniente. “Como Gobierno, tenemos plena conciencia de la responsabilidad que conlleva dar cumplimiento al mandato de la justicia y del impacto para la comunidad, tanto dentro como fuera de la toma de San Antonio. Por ello, tras analizar los diversos escenarios, herramientas institucionales y medios existentes, se ha considerado necesario solicitar un aplazamiento legal (... ) mientras se sigue avanzando en las estrategias de solución”, argumentó González.
En el escrito ingresado, las autoridades aducen que no cuen-. Plazo para poner fin al campamento vence mañana y Corte debe decidir si acepta postergarlo: INICIO. — La toma comenzó en 2019 durante el estallido y fue creciendo hasta convertirse en una de las más grandes del país. Hoy viven allí cerca de 10 mil personas, de las cuales tres mil s