Gobierno dividido por la permisología: diputados impugnan proyecto estrella de Grau en el TC
Gobierno dividido por la permisología: diputados impugnan proyecto estrella de Grau en el TC U n grupo de 42 diputados oficialistas, encabezado por el socialista Daniel Melo, presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar varios artículos clave del proyecto de ley de permisos sectoriales, impulsado por el ministro de Economía, Nicolás Grau. A juicio de los parlamentarios, la iniciativa, aprobada recientemente por el Congreso, vulnera principios constitucionales y representa un retroceso en la protección ambiental.
Entre los firmantes del requerimiento figuran, además de Melo (PS), los diputados Daniel Manoucheri (PS), Carmen Hertz (PC), Karol Cariola (PC), Ana María Gazmuri (Acción Humanista) y Daniella Cicardini (PS). El proyecto --cuya finalidad declarada es agilizar los procedimientos de autorizaciones sectoriales para facilitar la inversión-fue modificado sustancialmente durante su tramitación.
Según argumentan los diputados, se introdujeron disposiciones que amplían el uso obligatorio de "técnicas habilitantes alternativas" --como declaraciones juradas o avisos en vez de autorizaciones administrativas-a una gran variedad de proyectos, sin distinguir tamaño, naturaleza ni impacto ambiental. "Durante su tramitación, el proyecto de ley fue ampliando su alcance de manera preocupante", señala Melo. "Se terminó estableciendo una regla general que permite aplicar las llamadas técnicas habilitantes a todo tipo de proyectos, sin distinguir entre grandes empresas y pequeñas iniciativas, ni considerar el impacto ambiental que puedan generar". Uno de los principales cuestionamientos apunta al artículo 9 del proyecto, que establece como norma general el uso de estas técnicas habilitantes, limitando el rol del Estado para realizar controles preventivos.
Según los parlamentarios, esto debilita la institucionalidad ambiental y vulnera el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. "Esta norma vulnera garantías constitucionales como el derecho a la salud y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación", agrega Melo, quien además critica que se haya incorporado en la ley un régimen de estabilidad regulatoria por ocho años para proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA). "Esto resulta desproporcionado en un contexto de crisis climática, donde es urgente que los proyectos se ajusten a nuevas exigencias ambientales", advierte. El requerimiento presentado ante el TC busca declarar inconstitucionales una serie de artículos. Entre los puntos más controversiales se encuentra también el artículo 104, que modifica la Ley Indígena sin haberse realizado una consulta previa a los pueblos originarios, como exige el Convenio 169 de la OIT. La diputada Emilia Nuyado ya había advertido en sala esta omisión: "Esto debe ser consultado y, por lo tanto, voy a solicitar al Ejecutivo que lo haga, porque así está establecido. El convenio N 169 de la OIT, que se aprobó en este Parlamento, le da rango legal". Para Daniel Melo, "hay formas claras de subsanar lo observado. Las técnicas habilitantes deberían aplicarse solo a Pymes y proyectos sin impacto ambiental significativo.
El régimen de estabilidad regulatoria debe eliminarse para permitir que la normativa ambiental se adapte a los desafíos actuales". Los parlamentarios apelan también a fallos previos del Tribunal Constitucional que establecen que "el medio ambiente es un bien jurídico constitucional cuya protección exige una acción activa del Estado", y que el principio preventivo obliga a las autoridades a actuar antes de que ocurra un daño, no después. Daniel Melo (PS), autor del recurso; Daniel Manouchehri (PS), Carmen Hertz (PC), Karol Cariola (PC), Ana María Gazmuri (Acción Humanista), Daniella Cicardini (PS), entre otros, firmaron la presentación frente al TC.. - - - -