Autor: CARLOS PEÑA

El síndrome de Pilatos
El síndrome de Pilatos en vez de darlas; a quejarse, a maldecir y a insinuar que, de nuevo, los intereses de las isapres se hanvisto satisfechos, como si no hubieran sido ellos quienes adoptaron la decisión que hoy critican... ”.Una forma de medir la calidad de una cul-tura política o, lo que es lo mismo, la forma enque quienes forman parte de ella conciben susdeberes, es la disposición atomar la responsabilidadpor las propias decisiones, decir, fui yo quien decidí talo cual cosa a la luz de tales ocuales razones. El caso de las isapres esun buen test. El problema no hayque olvidarlo se desatóco se inmiscuyó en cuestiones de política pú-blica.
Arguyendo que los derechos constitu-cionales eran razones finales para las decisio-nes, los sobrepuso al Derecho legislado y emi-tió una decisión de alcance general queprescribía la devolución a los afiliados de loque en su opinión eran excesos. Las fuerzas degobierno no sería honrado ocultarlo vie-ron la oportunidad de sacar las castañas conmano ajena e hicieron caso omiso de los pro-blemas institucionales que planteaba. El pasosiguiente cuando se vuelve la vista atráses increíble. La Corte Suprema estableció pla-zos para la dictación de una ley que permitie-ra a la Superintendencia hacer cumplir ese fa-llo. Sin exagerar, es como si la iniciativa de leyse hubiere radicado, por momentos, en el Po-der Judicial. La ciudadanía abrigó entonces expectativasde recibir una suma que, en total, superabamil millones de dólares. Por fin, se decía una yotra vez, se hacía justicia y la verdadera expo-liación que se atribuía al sistema de isapres se-ría vengada. Pero como suele ocurrir, el principio de rea-lidad (atenerse a él en política es un deber éti-co, observa Max Weber) se impuso.
Cumplirla literalidad de lo ordenado por la Corte enese fallo (un fallo que buena parte de la comu-nidad legal consideró incorrecto) conduciríaal sistema de salud, no a las isapres solamente, sino al sistema de salud en su conjunto, al des-calabro.
El principio de realidad se impuso yse redactó entonces la ley cuya aplicaciónahora ha causado escándalo, alimentado ma-tinales, y ha sido combustible de comentariosligeros que en vez de razonar buscan halagarlos sentimientos inmediatos de las audiencias.
Y como los actores políticos (no todos, cla-ro, pero buena parte de ellos) han sustituidoa la ciudadanía raciocinante por las audien-cias y buscan su aprobación en las redes, y envez de razonar se apresuran a lavarse las ma-nos, se han apresurado, y esto es lo sorpren-dente e increíble, a pedir explicaciones, envez de darlas; a quejarse, a maldecir y a insi-nuar que, de nuevo, los intereses de las isa-pres se han visto satisfechos, como si no hu-bieran sido ellos quienes adoptaron la deci-sión que hoy critican y como si esa decisiónno hubiera sido inevitable, salvo que se con-sintiera en un descalabro.
Por supuesto que hay mucho de irrisorio enla forma de devolución, desde luego; pero noha de olvidarse que la realidad se venga dequienes la desoyen, provocando situacionesirrisorias como estas que son producto nohay que olvidarlo de desaciertos institucio-nales muy tempranos, el principal de los cua-les fue ese fallo que pretendió hacer políticapública razonando a partir de los derechos, como si todos ellos fueran cartas de triunfoque debían imperar aunque el cielo se vinieraabajo.
Y resultado, además, de la incapacidaddel Gobierno y la clase política de discernir atiempo una política pública ordenada y equi-librada que no pretendiera, como se preten-dió al querer sacar las castañas con la manodel gato, suprimir el sistema exonerándosedel esfuerzo de discernir con cuidado y conracionalidad una reforma que lo mejorara.
Ahora, al volver la vista atrás, se advierte loque en su momento parecía obvio: hay unaoposición conceptual entre razonar en torno aderechos y hacer política pública, puesto queen el primer caso no se atiende a las conse-cuencias (se adopta esto o aquello, aunque elcielo se venga abajo, como decían los anti-guos), en tanto en el segundo se persiguen ob-jetivos comunes, el principal de los cuales esel aumento del bienestar agregado corregidopor algún principio de justicia distributiva.
Pero, se sabe hoy, los jueces no tienen infor-mación óptima para adoptar este tipo de deci-siones y de ahí que no es correcto exigirles quelas adopten, y sea un error la realidad lo hapuesto de manifiesto consentir sin críticaalguna que modelen las políticas públicas apartir de fallos.“... Los actores políticos se han apresurado, y esto es lo sorprendente e increíble, a pedir explicaciones,. cuando la Corte Suprema en un fallo polémi-