EDITORIAL: Percepción sobre trabajo público
EDITORIAL: Percepción sobre trabajo público Editorial Percepción sobre trabajo público La información revelada por la Contraloría debe tener una respuesta clara y rápida. a polémica sobre las 35 mil licencias médicas usadas de manera fraudulenta en 25 mil casos detectados en servicios públicos del país, casi 700 de ellos en Los Ríos, impacta con fuerza la imagen que Ta comunidad tiene sobre quienes se desempeñan en Puestos de instituciones estatales. Y, luego de conocida esta noticia, se ha visto múltiples manifestaciones de crítica hacia el conjunto de ellos, en el discurso político y, especialmente, a través de redes sociales. Varias con violencia en los mensajes. En Chile hay cerca de un millón de personas que trabajan en las distintas dependencias del aparato fiscal. Frente a ese número, el porcentaje de involucrados en este caso es muy bajo (0,025%); sin embargo, la percepción negativa de la ciudadanía es muchísimo mayor y con data anterior a este suceso. Ya en 2019 el Consejo Para la Transparencia advertía que 8 de cada 10 personas en el país creía que existía algún nivel de corrupción en estas instituciones. Por supuesto, hechos como los ahora evidenciados por la Contraloría, sin duda que ahondan esa percepción. Por otra parte, el mismo estudio indicaba hace seis años que un 51% de los funcionarios públicos creía que existe "maltrato" de la ciudadanía hacia ellos.
Y en los días recientes son varias las agrupaciones gremiales que han realizado declaraciones repudiando los hechosrevelados, solicitando "no poner a todos enel mismo saco" y, también, pidiendo que se mire "las reales condiciones laborales que enfrentan". Asílo cree también la Agrupación Nacional de Funcionarios Fiscales (ANEF), cuyo presidente José Pérez llamó ayer, a través de una entrevista con www.soyvaldivia.cl, a actuar con rapidez en la materia; pero también a valorar el trabajo que se desarrolla en las reparticiones desde Visviri a la Antártica. Asimismo, valoró la conformación de consejos nacionales y regionales para enfrentar el ausentismo altísimo en el aparato del Estado.
En tal contexto debe comprenderse la obligación que el gobierno tiene (en todos sus niveles) de actuar con fuerza y celeridad para clarificar lo sucedido con las licencias y también sancionar a quienes las mal usaron. Porlo mismo, los sumarios administrativos no pueden dilatarse; sus resultados deben ser públicos; así como las resoluciones para castigar a los responsables, revisando cada situación en su mérito. Sólo así se podrá dar señales que ayuden a restaurar confianzas..