Autor: JOAQUÍN AGUILERA
Inversión en papeles del Estado, bono para mujeres y estímulo a la cotización: las fórmulas, techos y pendientes en pensiones
Entre los tópicos centrales, todavía hay dudas sobre el costo del “seguro social”, con un rango que se mueve entre 111 y 2,5 puntos de la nueva cotización. Hay mayor cercanía con la idea de un “préstamo” de los trabajadores a los jubilados, con cargo a un instrumento estatal comparable a los bonos del Tesoro.
Aunque el Gobierno ha reiterado que el acuerdo en torno a la reforma de pensiones “nunca ha estado tan cerca”, en parte de la oposición, en particular Chile Vamos, subrayan que hay distancias en la sintonía fina del mayor nudo del proyecto: la distribución del 6% de cotización extra. En las conversaciones entre ambas partes hay puntos afianzados.
En los objetivos, hay consenso en enfrentar los desafíos de menor rentabilidad, envejecimiento y baja densidad de cotizaciones de los futuros pensionados; fortalecer la jubilación de quienes tienen bajas tasas de reemplazo, pese a registrar varios años de aportes, y compensar el detrimento en la pensión de las mujeres, debido a una mayor expectativa de vida, un vida laboral más irregular (maternidad, cuidados, menores sueldos, por ejemplo). A esto se añaden los avances formales logrados en la comisión de Trabajo del Senado, que con lo aprobado ayer (ver recuadro) suma un total de ocho puntos de acuerdo. Ahí se cuentan mecanismos como el nuevo seguro de lagunas previsionales, un mayor topeimponible, incentivos a la cotización de independientes y de terceros, y un nuevo esquema de cobranza previsional. También se incorporan el reemplazo de multifondos por fondos generacionales, y los nuevos límites a las comisiones por intermediación. El guarismo Conocedores de las tratativas remarcan que la discusión “sigue abierta”, pero hay acercamientos. Está claro, por ejemplo, que existiría un “bono tabla” para compensar a las mujeres. Desde la oposición se basan en distintos cálculos para sostener que se requieren 0,3 puntos de cotización (del total de seis puntos extras); otros plantean 0,5 puntos. Ese componente saldría de la cotización de los hombres y se sumaría a la de las mujeres, en un esquema intrageneracional que se basa en que ambos se jubilen a la misma edad. Donde existen más dudas es en el “seguro social”, que incorpora la garantía de 0,1 UF por año cotizado para los actuales pensionados, con tope hasta 3 UF. Esta fórmula, planteada ya en el gobierno de Sebastián Piñera y que estimula la cotización, está en relativo acuerdo. Las interrogantes están en su costo. En la comisión técnica —especialistas designados por los parlaLa reforma actual lleva más de dos años en tramitación. DISTRIBUCIÓN Del 6% de cotización, entre un 1,1% y 2,5% irían a solidaridad.
E Conversaciones están “en movimiento” entre el Ejecutivo y Chile Vamos M Comisión de Trabajo acuerda PGU de $250.000 y establece nuevo mecanismo de reajuste La comisión de Trabajo del Senado trató temas pendientes en torno a la reforma de pensiones y acordó ayer nuevas disposiciones sobre la Pensión Garantizada Universal (PGU). La instancia estuvo de acuerdo en ampliar el monto desde los actuales $214.296 a $250.000, como también mantener su cobertura actual, excluyendo al 10% de mayores ingresos. En las conversaciones también se acordó mantener el reajuste anual del beneficio en función del IPC, pero se desistió de incorporar otro objetivo, como la línea de la pobreza. En cambio, se aprobó dotar al Consejo Consultivo Previsional (CCP) de la responsabilidad de revisar, cada cuatro años, la suficiencia del monto de la PGU.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que “en relación a la actual línea de pobreza, los $250.000 que se han venido planteando desde un comienzo mantienen un margen razonable para evitar que haya una volatilidad excesiva de un beneficio como este.
Luego, con los ajustes cada cuatro años, se podrán recoger elementos que marquen más tendencia en términos de costo de la vida, de concepto de pobreza, etcétera”. Para dar curso a estos reajustes, el CCP deberá remitir primero un informe al Consejo Fiscal Autónomo (CFA), para que se pronuncie acerca de una estimación del gasto asociado al incremento y una opinión sobre las fuentes de financiamiento, que luego se remitirán a las carteras de Trabajo y Hacienda, para que se pronuncien.
Los informes estarán sujetos también a la aprobación del Congreso. mentarios— se habla de beneficios para hombres que hayan cotizado 20 años, y de 15 años para mujeres, con un costo en torno a 1 punto (hay debate sobre su magnitud). El foco son los grupos con menores tasas de reemplazo.
Así, el componente solidario en total requiere de 11 a 15 puntos de los seis extras; o bien, entre 2 y 2,5 puntos, que es lo que busca ahora el Gobierno (públicamente habla de 3 puntos). Cualquiera sea el monto, el dinero tendría la forma de un “préstamo” de los actuales trabajadores para financiar parte de las pensiones de los actuales jubilados, en especial aquellos sin PGU. En el Gobierno lo llaman “solidaridad intergeneracional”. Sectores de la oposición que están de acuerdo con ese mecanismo evitan llamarlo “reparto”, porque no serían recursos traspasados sin respaldo, sino que están garantizados por el Estado. Este esquema se ha conversado ampliamente entre expertos, Gobierno y las cúpulas empresariales. En sectores de la oposición enfatizan que el Gobierno partió pidiendo 6 puntos a solidaridad, mientras que este diseño ya avanzado implica más de 5,5 puntos a capitalización individual. La lógica, plantean, es que el afiliado verá casi todo ingresado a su cuenta personal, aunque una parte se use para financiar a actuales pensionados. Bono del Estado Según el diseño más conversado, ese “préstamo” se reflejará en la cuenta individual como una inversión en un bono del Estado. “No es reparto”, afirma una fuente de oposición. Una fuente recuerda que hoy las AFP invierten casi el 20% de los fondos de pensiones en ese tipo de instrumentos, por una correcta diversificación del riesgo. Se seguiría ese principio en el nuevo esquema. La diferencia es que ahora sería obligatorio hacerlo. Se activaría con una tasa de interés de mercado equivalente a la de los bonos de Tesorería que se transan en el mercado para cada plazo de vencimiento, como referencia.
Serían emitidos por un fondo ad hoc, con custodia en el Depósito Central de Valores (DCV) y a nombre de la persona. una fuente dice que el monto que se estaría obligando a comprar sería el equivalente a1punto de los 16 puntos totales de cotización. Toda esta gestión estaría garantizada por el Estado y administrada por una entidad que todavía está por definirse.
Aún no está definido si es entidad estatal que licitaría gestión de cartera o una institución licitada al estilo de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC). Esta garantía se transformaría en un pasivo contingente para el Gobierno central. Ahora bien, la deuda total del Estado (gobierno general, Banco Central, empresas públicas) podría subir desde 75% del PIB a 80% del PIB. Quienes defienden la fórmula precisan que la alternativa sería deuda para financiar PGU y déficits futuros. ¿ Fin a las AFP? Lo relacionado con la separación de la industria está menos claro. No obstante, la opción por la separación obligatoria de entes de inversión y de administración de cuentas parece avanzar. Una AGF del Banco Estado podría entrar como actor de inversiones. No habría una entidad que recaude, pero sí un ente centralizado de cobranzas. Entre los temas pendientes pero avanzados están los cambios al esquema de comisiones por administración.
Se avanzará a un cobro en base a flujos (sueldos), en un esquema mixto: una comisión para financiar las cuentas y otra las inversiones, ambas sujetas a premios y castigos, en función de un determinado benchmark. Otro asunto pendiente es la posible licitación del stock de fondos de actuales afiliados.
