Autor: ISABEL CHARLÍN REYES icharlin@ladiscusion.cl

Megarreforma del Gobierno enciende debate en el Congreso por su amplitud y dudas constitucionales
Megarreforma del Gobierno enciende debate en el Congreso por su amplitud y dudas constitucionales FOTO: PRESIDENCIA C on una arquitectura ambiciosa y transversal, el proyecto de "Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social" ingresado por el gobierno abrió un nuevo foco de discusión en el Congreso: su amplitud temática, que va desde impuestos hasta permisos ambientales, y que no solo desafía los equilibrios políticos, sino que también instala dudas sobre su constitucionalidad.
La iniciativa, que será revisada principalmente por la Comisión de Hacienda con derivaciones a otras dos instancias (Medio Ambiente y Trabajo), reúne cuatro grandes ejes y busca acelerar la inversión y la recuperación económica, pero al costo de un debate legislativo complejo.
El cientista político y analista legislativo Danilo Herrera advierte que el principal problema del texto es su carácter de "ley miscelánea", al incorporar múltiples ideas matrices en un solo proyecto, lo que podría contravenir exigencias constitucionales.
A ello se suman reparos específicos: la invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversionistas -uno de los pilares del planpodría exceder las atribuciones del legislador ordinario, al comprometer reglas fiscales por un período equivalente a varias administraciones. Menos impuestos En el plano económico, la reforma propone una reducción del impuesto corporativo desde 27% a 23% en cuatro años, junto con la reintegración total del sistema tributario, eliminando la doble tributación sobre utilidades. Estas medidas han generado apoyo en sectores empresariales, pero críticas desde la oposición, que cuestiona su impacto fiscal y eventuales conflictos de interés, considerando que autoridades del Ejecutivo podrían beneficiarse indirectamente.
Otro foco de controversia es la exención total de contribuciones para mayores de 65 años en su vivienda principal, una medida de alto impacto político que, sin embargo, ha sido resistida por autoridades locales (alcaldes) debido a su efecto en los ingresos municipales y en la equidad territorial. En paralelo, la eliminación del impuesto a las ganancias de capital en acciones con presencia bursátil y la creación de un impuesto único de 5% para ciertos arriendos configuran un rediseño relevante del sistema. Medidas ambientales Menos visibles, pero igualmente significativas, son las modificaciones al sistema de evaluación ambiental. El proyecto limita plazos, reduce instancias de impugnación y flexibiliza exigencias para cambios en proyectos ya aprobados, buscando destrabar inversiones. También introduce reglas más estrictas para la paralización judicial de iniciativas y acota los tiempos de respuesta del Consejo de Monumentos Nacionales, medidas que han generado inquietud en organizaciones ambientales.
Recortes fiscales En materia fiscal, la propuesta incorpora recortes como la eliminación de la franquicia Sence y una pausa en la expansión de la gratuidad en educación superior, decisiones que apuntan a la sostenibilidad del gasto, pero que podrían desafiar al oficialismo. A ello se suma un endurecimiento en la probidad del sector público, con destitución inmediata por mal uso de licencias médicas. El componente de emergencia incluye la ampliación del fondo para reconstrucción tras incendios y mecanismos de regularización de capitales con impuestos sustitutivos, orientados a inyectar liquidez. Así, la megarreforma se instala como una apuesta de alto riesgo. Su tramitación no solo pondrá a prueba la cohesión del Congreso, sino también los límites del diseño legislativo en un escenario donde la urgencia económica convive con exigencias constitucionales cada vez más estrictas. Obras públicas y concesiones Uno de los aspectos menos debatidos del proyecto es la flexibilización de normas en obras públicas. La iniciativa permite diálogos previos entre el Estado y potenciales oferentes antes de licitaciones, con el objetivo de evitar procesos desiertos. Además, reduce inhabilidades para funcionarios vinculados a contratos y amplía el universo de participantes. El gobierno busca así acelerar la ejecución de infraestructura, aunque expertos advierten riesgos en materia de transparencia y competencia. Autor: ISABEL CHARLÍN REYES icharlin@ladiscusion.cl. La iniciativa, ingresada esta semana por el Ejecutivo al Parlamento, combina rebajas tributarias, ajustes regulatorios, recortes fiscales y medidas de emergencia. Su carácter "miscelaneo" ha generado cuestionamientos jurídicos y complica su viabilidad política, pese al acuerdo suscrito entre el oficialismo y el PDG. PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL Obras públicas y concesiones Uno de los aspectos menos debatidos del proyecto es la flexibilización de normas en obras públicas. La iniciativa permite diálogos previos entre el Estado y potenciales oferentes antes de licitaciones, con el objetivo de evitar procesos desiertos. Además, reduce inhabilidades para funcionarios vinculados a contratos y amplía el universo de participantes. El gobierno busca así acelerar la ejecución de infraestructura, aunque expertos advierten riesgos en materia de transparencia y competencia. Tan variado es el proyecto presentado por el gobierno, que la oposición lo ha llamado "Ley Tutti Frutti".