Autor: Sebastián Mejías O.

Cuatro tomas de Viña en terrenos fiscales figuran en estudio país sobre niveles de violencia
Cuatro tomas de Viña en terrenos fiscales figuran en estudio país sobre niveles de violencia n estudio de la oficina de urbanismo Atisba, que abordó de El Mercurio de u Santiago en su edición de ayer, expuso el impacto en cuanto a niveles de violencia de las mayores ocupaciones irregulares en terrenos fiscales existentes en Chile, esto en base al cruce de variables territoriales, demográfi cas y de criminalidad que permitieron construir un mapa de riesgo que demuestra algo contraintuitivo: el tamaño de una toma no determina su peligrosidad. Y en ese mapa, Viña del Mar figura en una posición particular.
Y es que la Ciudad Jardín alberga cuatro de los 16 territorios listados en el estudio que elaboró Atisba Monitor, siendo elasentamiento Manuel Bustos, con 37 hectáreas y 7.608 habitantes, el más poblado de Viña bajo estas características, registrando un nivel de violencia bajo.
En orden decreciente de superficie le siguen en la tabla las tomas en Reñaca Alto, que ocupan 27 hectáreas, con 3.054 personas y con un nivel de violencia medio; la toma Felipe Camiroaga, que abarca 25 hectáreas y 4.275 habitantes, con un nivel de violencia bajo, y por último la toma Parcela 11, con 22 hectáreas y 2.963 habitantes, clasificada en un nivel medio de violencia. En este último asentamiento, el pasado 12 de abril murió apuñalado un hombre de 31 años. En conjunto, las cuatro tomas se distancian de la realidad más compleja que el estudio detectó en el norte del país, con niveles críticos o altos de violencia. Sin embargo, expertos advierten que eso no significa que la situación esté bajo control en el plano local.
INTERVENCIÓN TEMPRANA Asílo cree la arquitecta y directora ejecutiva de Atisba, Caroline Iribarne, quien dejó en claro que en ningún caso las cifras de estos campamentos en Viña del Mar son las ideales. "No diría que es tranquilizador el escenario", dije, añadiendo que se trata de "un escenario contenido, donde los niveles de violencia no han escalado". A su juicio, esto se explica "por el rol que tienen las organizaciones comunitarias de los campamentos históricos.
La población Manuel Bustos o la población Felipe Camiroaga tienen un nivel de organización que, de alguna manera, les ha permitido separar o contener el avance del microtráfico dentro de su comunidad o de redes criminales mayores". Si bien es consciente que redes del Tren de Aragua y organizaciones criminales de ese estilo estuvieron muy presentes en la zona, pero han sido desarticuladas, no cree que sea elmomento indicado para la pasividad.
Considera que "hay señales de alerta y que se ven, sobre todo, en el crecimiento que se ha dado en los campamentos de Reñaca Alto o hacia el interior, por el Troncal Sur, donde surgen indiciosde tráfico, homicidios, y se ve un riesgo real". De ahí que el diagnóstico de la oficina de urbanismo a cargo PDI de este estudio apunta a "una intervención temprana y coordinada para desarticular y que luego entren los programas sociales". Iribarne recalca que en esta tarea "tiene que haber una coordinación profunda con los gobiernos regionales, con losalcaldes, para poder trabajar de una manera muy quirúrgica y, así, desarticular todas estas redes que pueden estar dentro de estos campamentos". TEMA DE SEGURIDAD NACIONAL Para la abogada Jeanette Bruna, experta en derecho urbanístico, al ser parte de un crecimiento inorgánico de la ciudad, sin urbanización, lejanos a servicios como Carabineros o seguridad ciudadana, "estos campamentos terminan quedando en desamparo, transformándose en sectores propicios para la llegada del narco o la delincuencia". Advirtió, a su vez, que "aun cuando los habitantes han dado una ardua lucha por mantenerlos fuera, sin el Estado perderán la batalla". Aseguró que "el tema de las nuevas tomas y los campamentoses un problema de seguridad nacional, pero aún se aborda sólo como si fuera un problema de vivienda". Por ello, enfatizó que "mientras no salgamos de esa dinámica ni prevengamos con sentido de urgencia la formación de nuevas tomas, mientras las seremis del Minvu no asuman su obligación de ordenar demoler las construcciones ilegales y los municipios su obligación de desalojarlas, y mientras el Ministerio Público no persiga de oficio el delito de usurpación y de loteo irregular, seguiremos aumentando el riesgo de nuestros ciudadanos a ser capturados por el narco". Por su parte, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, respaldó la necesidad de una política habitacional más agresiva, dejando en claro que "la región en materia de subsidios nosupera las 5.000 soluciones habitacionales al año en todas sus modalidades". Portanto, indicó, "si tenemos un déficit de más de 100 mil viviendas, estamos hablando de décadas para resolver el problema si no cambiamos el enfoque". "Cuando el Estado no llega a tiempo, muchas familias que llevan años esperando terminan retirando sus ahorros y optan por soluciones informales, como la toma de terrenos. Por eso es fundamental acelerar la respuesta a los comités formales con medidas concretas y efectivas", sostuvo.
DÉBIL PRESENCIA ESTATAL Respecto a la situación particular de la comuna de Viña del Mar, la concejala Nancy Díaz (FA) señaló que "los asentamientos precarios ya no son un fenómeno marginal o transitorio, sino una expresión consolidada de la crisis habitacional". "Noson sólo familias buscando un lugar donde vivir: se transforman en territorios con dinámicas propias, donde el Estado tiene una presencia débil o tardía", recalcó, señalando que "cualquier solución que se limite al desalojo o control policial, probablemente será insuficiente si no se aborda el problema de fondo". Enlamisma línea, el concejal Alejandro Aguilera (FA) apuntóa que "cada vez que faltan políticas públicas en los sectores vulnerables o que el Estado no llega en lossectores más pobres de nuestras comunas, es justamente la delincuencia la que tiende a esconderse en estos sectores". Por su parte, el senador e integrante de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton (RN), dijo que "aquí hay una crisis habitacional real que el Estado no ha sido capaz de resolver, pero también hay redes que se aprovechan deesa urgencia para hacer negocio y tomar control del te03 rritorio". "Tiene que haber una coordinación profunda con los gobiernos regionales, los alcaldes, para poder trabajar de manera quirúrgica y, así, desarticular todas estas redes". Caroline Iribarne Directora ejecutiva de Atisba "Aun cuando los habitantes han dado una ardua lucha por mantenerlos fuera (narcotráfico y delincuencia), sin el Estado perderán la batalla". Jeanette Bruna Abogada experta en derecho urbanístico 2.963 habitantes tiene la toma Parcela 11, en Forestal, que presenta un nivel medio de violencia. Autor: Sebastián Mejías O.. CIUDAD. Análisis nacional de Atisba las ubica entre los 16 mayores asentamientos de este tipo, aunque con una criminalidad media y baja.
No obstante, se requiere una mayor presencia del Estado. "Tiene que haber una coordinación profunda con los gobiernos regionales, los alcaldes, para poder trabajar de manera quirúrgica y, así, desarticular todas estas redes". Caroline Iribarne Directora ejecutiva de Atisba "Aun cuando los habitantes han dado una ardua lucha por mantenerlos fuera (narcotráfico y delincuencia), sin el Estado perderán la batalla". Jeanette Bruna Abogada experta en derecho urbanístico 2.963 habitantes tiene la toma Parcela 11, en Forestal, que presenta un nivel medio de violencia. LA MADRUGADA DEL PASADO 12 DE ABRIL, UN HOMBRE DE 31 AÑOS MURIÓ APUÑALADO EN LA TOMA PARCELA 11.