Dominga y la acumulación por desposesión: una mirada crítica
Dominga y la acumulación por desposesión: una mirada crítica Fabián Bustamante Olguín. Académico del Departamento de Teología, Universidad Católica del Norte, Coquimbo El controvertido proyecto minero-portuario Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo, ha generado un intenso debate nacional.
Su aprobación no solo ha polarizado opiniones entre el desarrollo económico y la protección ambiental, sino que también representa un ejemplo paradigmático de lo que el geógrafo David Harvey denomina «acumulación por desposesión» (The New Imperialism.
Oxford University Press, Oxford, New York, 2003). Este concepto, una extensión del análisis marxista, se refiere a los procesos mediante los cuales el capital perpetúa su expansión expropiando recursos comunes, desmantelando bienes colectivos y sometiendo territorios al control del mercado. En el caso de Dominga, el proyecto amenaza con transformar un ecosistema único, situado cerca de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, en un espacio subordinado a los intereses extractivistas. Las comunidades locales y los movimientos ambientalistas han denunciado los riesgos asociados: contaminación marina, afectación a especies protegidas, y el desplazamiento de actividades económicas tradicionales como la pesca artesanal y el turismo sustentable. Este proceso de desposesión no solo implica la apropiación del territorio, sino también la degradación de las formas de vida y los valores culturales que dependen de estos ecosistemas. Harvey subraya que la acumulación por desposesión no es un fenómeno aislado, sino un mecanismo estructural del capitalismo neoliberal, donde los recursos naturales y los territorios son transformados en mercancías. En este contexto, el proyecto Dominga encarna una lógica de subordinación del medioambiente al beneficio económico, justificando su impacto social y ecológico con promesas de generación de empleo e ingresos fiscales. Sin embargo, estas promesas suelen ser pasajeras y desiguales, dejando a las comunidades locales con los costos irreparables de un modelo que beneficia principalmente a las élites empresariales. Además, la relación entre Dominga y las instituciones estatales revela las tensiones propias de la acumulación por desposesión. La aprobación del proyecto ha puesto en entredicho la capacidad del Estado para garantizar el bien común frente a los intereses corporativos. La política ambiental, lejos de proteger el patrimonio natural, parece estar al servicio de un modelo de desarrollo que perpetúa las desigualdades territoriales y ecológicas..