Comisión de Hacienda critica "autoveto" del Gobierno a norma sobre simplificación regulatoria
Comisión de Hacienda critica "autoveto" del Gobierno a norma sobre simplificación regulatoria El Gobierno está intentando dar pie atrás en una de las leyes que ellos mismos presentaron al Congreso.
Se trata del denominado proyecto de "simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica", cuyo objetivo central apuntaba a remover "ciertos obstáculos" que afectan a la economía nacional, y terminó convirtiéndose en una iniciativa de carácter misceláneo con modificaciones a distintos cuerpos legales.
Si bien el Congreso dio luz verde a dicha legislación, el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un veto presidencial para suprimir parte del articulado, en lo referido a la posibilidad de intervenir en determinados humedales y a la explotación de derechos de agua.
Aunque fue el propio Gobierno quien llegó a un acuerdo en el Senado para avanzar con dichas normas, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, argumentó que "al momento de ir a la Sala nos fuimos dando cuenta de que el debate era un poco más complejo" y requería una revisión técnica más acabada, pero en otra reforma y comisión. La comisión de Hacienda de la Cámara rechazó los comentarios del Ejecutivo en la materia, aunque ahora es la sala de la Corporación la que debe pronunciarse. Para rechazar un veto de estas características, se requiere una mayoría parlamentaria de dos tercios. Discusión "técnica" En concreto, el Ejecutivo pretende dar marcha atrás en dos normas.
La primera de ellas modifica la ley que crea el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), y establece que la mantención y conservación de cauces, de la infraestructura hídrica y aquella necesaria para la vida, salud y seguridad de la población son circunstancias que quedan excluidas de la prohibición de alterar físicamente los humedales que constituyan sitios prioritarios. Esos sitios prioritarios no existen, pero serán determinados a futuro por el SBAP.
En segundo término, se pretende dar pie atrás en una modificación al Código de Aguas, donde se plantea que, cuando exista una zona de prohibición de nuevas explotaciones, la Dirección General de Aguas (DGA) "podrá autorizar o denegar cualquier nueva explotación de derechos o de aquella parte de ellos que no se hubiesen explotado con anterioridad". Esta norma ya había generado discusión en el Senado, donde legisladores oficialistas como Alfonso De Urresti (PS) advirtieron que la norma colisionaba con la reciente reforma al Código de Aguas. "Los errores que ustedes (el Gobierno) cometieron al concederle esto a la derecha van a hacer que este proyecto finalice en el Tribunal Constitucional", dijo. Respecto al fondo, el diputado Felipe Donoso (UDI) argumentó que "si el Estado para conservar la vida humana no puede intervenir un cauce porque hay otra norma que lo declaró, estamos fuera de lo razonable.
Si creemos que no es la norma adecuada, cambiamos la norma, pero no lo dejemos prohibido". Sobre este punto, la subsecretaria Berner explicó que la motivación del Ejecutivo pasa porque "no nos estamos negando a que no haya nunca una modificación.
Lo que estamos diciendo, al igual que el caso anterior, (es) que dada la complejidad de las materias, requieren de un análisis con un proyecto específico, que en este caso modifique lo que corresponda del Código de Aguas y en el otro, lo que corresponda de la ley de SBAP". ¿Presión ambientalista? Más allá del fondo de las modificaciones, en la oposición apuntaron sus críticas a la incoherencia del Ejecutivo.
Una carta, firmada por la bancada de diputados de RN y dirigida al Presidente Gabriel Boric, cuestiona que "el Gobierno tiene una capacidad inagotable de destruir esperanzas y dejar sin efecto la palabra empeñada", y tilda el caso como "un ejercicio de esquizofrenia legislativa nunca antes visto en nuestra historia republicana". Si bien la misiva reconoce la validez del veto presidencial como herramienta constitucional, añade que la acción "supone a nuestro juicio un acto reñido con el principio democrático que daña severamente las credenciales de S.E. y por cierto, las relaciones con el Parlamento". En la comisión de Hacienda, donde se alojó el debate, el diputado Frank Sauerbaum (RN) le manifestó su "decepción" a la subsecretaria Berner y enfatizó sus dudas sobre el procedimiento de veto: "Este es un veto a lo que el Presidente presentó. Entonces, es una cosa que yo no había visto nunca (... ), queda en evidencia la situación de desorden interno y de presiones que existe en el Gobierno". Se sumó el diputado Agustín Romero (P.
Republicano), quien criticó que "esta técnica legislativa la solicitó el Gobierno y nosotros, de buena fe, dispusimos todos los recursos para discutirla acá, la aprobamos en su gran mayoría, pero hoy día vemos que hay un desorden dentro de sus propias filas". El Ejecutivo busca modificar sus propias indicaciones al proyecto: Comisión de Hacienda critica "autoveto" del Gobierno a norma sobre simplificación regulatoria La Moneda pretende suprimir lo que acordó en el Senado sobre humedales y derechos de agua, tras constatar que se requiere una discusión "más técnica". JOAQUÍN AGUILERA R. La Sala de la Cámara de Diputados deberá resolver en torno al veto presidencial supresor, que fue rechazado en la comisión de Hacienda. JONATHAN MANCILLA.