Autor: Gian Franco Giovines D. gian.giovines@mercuriovalpo.cl

"Célula" del fuego, las autoridades y el escándalo DPR-MOP: ¿ En qué están las indagatorias del 2-F?
"Célula" del fuego, las autoridades y el escándalo DPR-MOP: ¿ En qué están las indagatorias del 2-F? os años han transcurrido desde que un megaincendio sin preceD dentes cobró la vida de 138 ciudadanos en Viña del Mar y Quilpué, durante las jornadas del 2 y 3 de febrero de 2024. La justicia, sin embargo, aún tiene mucho por decir.
Hasta este miércoles eran dos las causas penales abiertas por la Fiscalía: la persecución de los autores del incendio y la investigación sobre las presuntas omisiones o negligencias de las autoridades en la prevención, gestión y respuesta de la emergencia.
Sin embargo, el escándalo destapado por la Contraloría Regional de Valparaíso en la Delegación Presidencial de Valparaíso y la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, por pagos injustificados que ascienden a los $1.800 millones y sobreprecios en contratos de hasta $4.200 millones, abre una tercera arista penal que ya se encuentra en investigación por parte del Ministerio Público. "CÉLULA" DEL FUEGO La investigación sobre los autores del incendio, a cargo del fiscal Osvaldo Ossandón, es la más adelantada.
En julio de 2025, la Fiscalía presentó su acusación contra los nueve imputados: los exbomberos de la 13ª Compañía de Placilla Maximiliano Veliz Caballería, Claudio Gamboa Ortiz, Francisco Mondaca Mella, Matías Cordero de la Fuente y Elías Salazar Inostroza, este último quien además era funcionario del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). A ellos, se suman los exbrigadistas de Conaf José Jerez Camus, Ángel Barahona Troncoso, José Atenas Gaete y Franco Pinto Orellana.
La indagatoria comenzó de inmediato tras la emergencia y, tres meses después, en mayo de 2024, dio el primer golpe: el 24 de ese mes se concretaron las detenciones de Francisco Mondaca, por entonces voluntario de la 13ª Compañía de Bomberos de Placilla, y Franco Pinto, brigadista de Conaf.
Cuatro meses más tarde -en septiembre-cayó Elías Salazar, funcionario de Senapred y bombero de la compañía placillana, mientras que en noviembre la PDI dio el golpe más contundente, con la detención de cuatro imputados: José Atenas, Claudio Gamboa, Ángel Barahona y Maximiliano Véliz. A los nueve imputados se les responsabiliza de delitos reiterados de incendio de bosques con resultado de muerte, daño ambiental y asociación ilícita. Por ello, la Fiscalía solicitó cadena perpetua para la totalidad de los acusados.
Tras dos postergaciones consecutivas de la audiencia de preparación del juicio oral, debido a deficiencias del Juzgado de Garantía de Valparaíso para poder albergar a la gran cantidad de intervinientes, la instancia fue reagendada y se desarrollará entre el 9 y el 13 de marzo.
ERRORES EN EVACUACIÓN En contraste con la investigación sobre los autores, la arista penal que indaga las eventuales responsabilidades, negligencias u omisiones de las autoridades en la emergencia -como Conaf, Senapred, la Delegación Presidencial y los municipiospresenta exiguos avances.
En 2024, la Comisión Especial Investigadora (CEI) del megaincendio en la Cámara de Diputados determinó que hubo "negligencias graves e inexcusables" por parte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) que "podrían constituir eventualmente delitos", tras determinar que este servicio no alertó oportunamente a Senapred sobre el avance del fuego, lo que derivó en la tardía emisión de las aletas SAE.
Además, se detectaron "errores claros e inexcusables en la Delegación Presidencial en cuanto a no acudir oportunamente al puesto de mando unificado". y también fallas en los planes de emergencia de los municipios de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.
Sobre el Senapred, el diagnóstico también fue lapidario: "actuó como una central telefónica, de forma pasiva y expectante, siendo que debió jugar un rol de coordinación real de la emergencia". Por otro lado, en enero de 2024 la Contraloría alertó en su Informe Especial 760/2024 que existe una "ausencia de control" en las horas extra percibidas por los brigadistas de Corporación Nacional Forestal, detallando que, sólo en Conaf Valparaíso, se desembolsaron $854 millones en concepto de horas extra, entre enero de 2023 y marzo de 2024. La búsqueda de horas extra, justamente, sería uno de los móviles del incendio que cobró 138 vidas en febrero de 2024.
AUTORIDADES: SIN AVANCES Pese a los antecedentes recabados por la Cámara y la Contraloría, la investigación que encabeza el fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción, Claudio Rebeco, no registra mayores avances desde su inicio en marzo de 2025. Hasta la fecha, se ha recabado una docena de testimonios y la causa continúa sin personas formalizadas, lo que ha generado críticas por parte de damnificados y sus abogados. Uno de ellos es Luis Cantellano, quien representa como abogado querellante a familiares de los fallecidos en el 2-F. "El Ministerio Público ha tenido una actuación bastante rápida para identificar a los responsables.
El fiscal Ossandón y la PDI han hecho un trabajo excepcional para llegar a las personas que hicieron este incendio", reconoce el jurista; no obstante, advierte que esta celeridad no se ha trasladado a la investigación contra las autoridades, causa que, además, se abrió 13 meses después de la catástrofe, lo que podría haber comprometido evidencias claves. "En la investigación que lleva adelante el fiscal Rebeco, nosotros hacemos un poco de reproche. Esa investigación, además, empezó de forma muy retardada. Comenzar a investigar a las autoridades un año después parece absolutamente desproporcionado a los hechos que ocurrieron", señala Cantellano.
Más crítico es el abogado Felipe Olea, abogado querellante por 65 familias de los fallecidos, quien reconoce la resignación de los damnificados. "Entre mis representados, existe una total desesperanza de que se castigue la responsabilidad de las autoridades en la propagación de la tragedia, por lo que, una vez más, se habrá cortado el hilo por lo más delgado, pagando un par de peones la negligencia de las autoridades políticas, lo que no los convierte en inocentes, pero sí da muestra que nuestro sistema judicial está en crisis, en donde, de algún modo u otro, se protege al que tiene poder o riquezas", cuestionó.
ESCÁNDALO EN DPR Y MOP Y aunque no existen mayores avances en la persecución de las responsabilidades de las autoridades en la respuesta al fuego y la fallida evacuación, una tercera arista penal sobre el megaincendio fue anunciada recientemente por el Ministerio Público, manteniendo en vilo a la Delegación Presidencial de Valparaíso y a la Dirección Regional de Arquitectura del MOP.
El pasado martes, la Contraloría Regional de Valparaíso destapó una verdadera caja de Pandora al publicar cinco informes que evidenciaron "millonarias irregularidades" en la DPR y el MOP, en el marco del proceso de retiro de escombros y demolición de viviendas, además de más de 5 mil donaciones extraviadas en los municipios de Quilpué y Viña del Mar.
De acuerdo al informe de Contraloría, en la Delegación Presidencial de Valparaíso -por entonces liderada por Sofía González (PC)se detectaron pagos por $ 526 millones a las empresas San Nicolás SpA y a Minera y Constructora Río Grande Spa, por faenas de remoción de escombros no ejecutadas, además de sobreprecios que superan los $2.700 millones. En la Dirección de Arquitectura del MOP se detectó el pago irregular de $1.216 millones por demoliciones no ejecutadas a San Nicolás SpA y a MCueto Excavaciones SpA.
SUBCONTRATACIÓN MÚLTIPLE Una de las empresas más cuestionadas es San Nicolás, firma que, pese a no contar con maquinaria, tener sólo tres trabajadores y ser liderada en ese entonces por un joven de 19 años -Tomás Avilés Tillería-, se adjudicó múltiples contratos por $8.252 millones, entre la DPR y el MOP.
El informe expuso, además, que San Nicolás SpA tercerizó el 100% de sus servicios, a través de un esquema de subcontratación en cadena, en la que participaban Comercializadora Renova SpA, que a su vez subcontrató a Transportes Sergio Eduardo Reyes Pedreros E.I.R.L.
De acuerdo a la Contraloría, existen diferencias de hasta un 557,89% entre los montos pagados a por la DPR a San Nicolás SpA y los valores que esta última habría transferido a sus subcontratistas, lo que implicaría un escandaloso sobreprecio adicional de $4.219.156.397, evidenciando que San Nicolás SpA habría funcionado como una empresa "fantasma". La investigación ya está en manos del Ministerio Público, siendo encargada a la Fiscalía Regional de Valparaíso.
Para el exfiscal y abogado penalista Claudio Uribe, el escándalo de la DPR y el MOP podría constituir un eventual delito de fraude al Fisco: "Es absurdo haber operado de esta manera, y huele, derechamente, a que esto fue un canal para desviar fondos públicos". 03 "El caso obliga a mirar debajo del agua y pensar cómo llegó una empresa de papel a adjudicarse un contrato tan millonario". Claudio Uribe Exfiscal y abogado penalista. sobre la empresa San Nicolás SpA Autor: Gian Franco Giovines D. gian.giovines@mercuriovalpo.cl. MEGAINCENDIO. Nueve bomberos y exbrigadistas enfrentarán el juicio oral en marzo, mientras existe frustración por el exiguo avance de la causa contra Conaf y Senapred.
Las irregularidades en el MOP y en la DPR, en tanto, abrieron una tercera arista. "El caso obliga a mirar debajo del agua y pensar cómo llegó una empresa de papel a adjudicarse un contrato tan millonario". Claudio Uribe Exfiscal y abogado penalista. sobre la empresa San Nicolás SpA HAY MILES DE DAMNIFICADOS QUE, A DOS AÑOS DE LA TRAGEDIA, AÚN NO CUENTAN CON UNA NUEVA VIVIENDA.