Autor: CAMBIO DE DECRETO

Conferencia Episcopal vs. Gobierno: Conflicto por las clases de religión llega a Contraloría
Conferencia Episcopal vs.
Gobierno: Conflicto por las clases de religión llega a Contraloría En la Conferencia Episcopal, dicen fuentes cercanas, sabían que el Gobierno estaba preparando un cambio al decreto 924, que reglamenta las clases de religión en los establecimientos escolares, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la profesora Sandra Pavez contra el Estado de Chile.
De hecho, entre el Ejecutivo y los credos ya se había hablado de eso en algunas reuniones, en julio y septiembre, con expertos del Ministerio de Educación y la Oficina de Asuntos Religiosos (ONAR), dependiente de la Segpres. Y, en esa línea, las distintas confesiones ya habían manifestado su disconformidad por los cambios propuestos. Por eso, en la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica estaban extrañados de no recibir una nueva propuesta o convocatoria. Es en esta línea se pidió una reunión por Ley del Lobby con la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos. Esta tuvo lugar el pasado martes 5 de noviembre.
Según las fuentes, en esa reunión, ante la sorpresa de los representantes del clero, la autoridad informó que el Presidente Gabriel Boric y el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ya habían firmado un nuevo decreto para reemplazar el 924. Es más, lo habían hecho hace prácticamente dos meses, el 2 de septiembre. Más aún, el documento ya se había enviado el 24 de octubre a Contraloría para su toma de razón. Todo esto, según los representantes de la Iglesia Católica, sin advertir a los credos. Según relata María Elena Pimstein, directora del Centro UC Derecho y Religión y parte del equipo que representa a la Conferencia Episcopal de Chile, recién ahí se les notificó de los cambios que venían. En ese momento, se encendieron las alarmas. gubernamental: un téngase presente, de 30 páginas, enviado a Contraloría casi a la medianoche del jueves de esta semana. No hubo tiempo siquiera de incorporar al trabajo a las otras confesiones religiosas de Chile. LOS ARGUMENTOSreligiosa podrá dar el certificado solo una vez. Nos parece que eso infringe la libertad religiosa y la autonomía de las confesiones. La autoridad religiosa tiene que calificar a sus profesores, porque no se trata de conocimientos técnicos. La enseñanza religiosa supone una forma de vida. Un sistema de creencias”. La abogada expresa que el documento también infringe la libertad de enseñanza, pues los tratados internacionales establecen que los límites a este derecho deben cambiar solo por ley. Por tanto, el limitar el ejercicio por la vía administrativa, a partir de un decreto, sería inconstitucional. Según las fuentes, la Conferencia Episcopal espera que Contraloría devuelva el decreto al Ejecutivo. De no suceder, evaluarían otras opciones, como comparecer ante el Tribunal Constitucional o presentar un recurso de protección.
Desde el Mineduc explican que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “mandata al Estado a adecuar su normativa sobre la vía recursiva, procedimental y la competencia judicial para la impugnación de las decisiones de los establecimientos educativos públicos en torno al nombramiento o remoción de docentes de religión como consecuencia de la revocación de este certificado de idoneidad.
Agregan que para esto “el Ministerio de Educación elaboró una modificación normativa en el sentido que mandata el fallo, procurando resguardar los derechos y garantías establecidos en nuestra Constitución”. También se explica que, para esto, la cartera y la ONAR “constituyeron este año una mesa de diálogo con las entidades religiosas para abordar este tema”, entre otras medidas. 30 páginastiene el téngase presente de la Conferencia Episcopal. Para la Conferencia Episcopal, las modificaciones del Gobierno eran inaceptables. Y se hicieron cálculos. El ente contralor tiene 15 días, prorrogables, para dar toma de razón a un decreto enviado por el Gobierno. Por tanto, el tiempo se acababa.
Así, contra reloj, los abogados de la Conferencia Episcopal comenzaron a trabajar en un documento para revertir, en la medida de lo posible, la ofensivaEn julio pasado, ya había habido un momento tenso entre las confesiones y el Gobierno cuando, en una reunión, el Ejecutivo había presentado los cambios que preveía para el decreto 924, los cuales fueron rechazados, uno a uno, por los distintos credos. En concreto, el Estado de Chile debía dar una respuesta a las medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El tribunal había indicado en su fallo que el Estado de Chile debía determinar un procedimiento para que por la vía recursiva se pueda objetar cuando a alguien se le revoca un certificado de idoneidad para enseñar religión. Algo que solo incluía a los colegios públicos.
Sin embargo, para Pimstein, el decreto del Gobierno es “ilegal e inconstitucional”. Agrega que la iniciativa decreto 115 modifica los estándares de la idoneidad, al establecer que basta tener un título profesional de profesor de religión para enseñar. Asimismo, “el decreto dice que cada confesión.