Autor: A. DE LA JARA

“Permisología” judicial: Proyectos de inversión en tribunales ambientales suman mayor número de causas
“Permisología” judicial: Proyectos de inversión en tribunales ambientales suman mayor número de causas Una ambiciosa agenda procrecimiento impulsa la cúpula empresarial entre los candidatos presidenciales, con propuestas como un fast track a proyectos y un régimen temporal de estabilidad regulatoria para permisos.
El énfasis del sector privado en este tipo de iniciativas reviste importancia, considerando que al cierre del primer semestre los proyectos paralizados en tribunales la cara más judicial de la “permisología” y a la espera de sentencia sumaban cerca de medio centenar por un monto total de casi US$ 12.800 millones.
Esta dimensión de la “permisología”, también llamada “judicialización” de proyectos, apunta a aquellas iniciativas que, después de ser calificadas como aprobadas o rechazadas por medio de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), han tenido que enfrentar nuevos trámites en instancias superiores asociadas a reclamaciones administrativas y judiciales por los propios dueños del proyecto o terceros.
De acuerdo con un estudio de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), al primer semestre de este año se observa el mayor número de causas en trámite desde que empezaron a funcionar los tribunales ambientales (2013), alcanzando un total de 51causas de proyectos de inversión que tras ingresar al SEIA están a la espera de un fallo. Asimismo, solo entre enero y junio de 2025 el número de causas admitidas a trámite en los tribunales ambientales ascendió a 19, equivalentes a inversiones por un total de US$ 2.130 millones.
Al comparar el promedio de causas admitidas a trámite entre la primera mitad de 2013 e igual lapso de 2019 con el promedio registrado desde ese segundo semestre en adelante, se observa que este se más que duplicó, pasando de 7 a 14 causas por semestre.
Razones del incremento El aumento en el número de causas que ingresan cada semestre a los tribunales ambientales se ha reflejado en una tendencia al alza en el stock de litigios en trámite al final de cada período.
Para el economista y subdirector de políticas públicas de la CPC, Jorge Lira, el mayor incremento en las causas se sustenta, en parte, en que los tres tribunales ambientales que funcionan en el país (Antofagasta, Santiago y Valdivia) no tienen toda su planta de funcionarios completa, lo que demora más la revisión de los casos que cada semestre van sumando nuevas causas. “Los tribunales no están funcionando de la manera correcta.
Entonces, estamos frente a un círculo totalmente vicioso en que los tribunales no están operando a máxima capacidad, y sabemos que el número de causas vienen creciendo y eso al final termina haciendo que los plazos aumenten”, explica Lira.
En concreto, el plazo promedio de sentencia durante el primer semestre de 2025 fue de 582 días corridos, un 49% por sobre del proZERÉPANERACAM Según el estudio, un 60% de las sentencias de los tribunales a m b i e n t a l e s a l o l a r g o d e l tiempo ha derivado en un recurso de casación admitido por la Corte Suprema y considerando los casos ya sentenciados, se observa que el tiempo promedio de sentencia de la Corte Suprema es de 440 días, lo que se debe sumar a los 434 días en promedio que debe esperar un proyecto en los tribunales ambientales.
Los sectores productivos de energía y minería son los que representan el mayor número de causas ingresadas a tribunales ambientales, pero el rubro de infraestructura es el que más se judicializa como p r o p o r c i ó n d e l n ú m e r o d e proyectos y montos de inversión calificados en el SEIA.
“El caso de infraestructura es el más crítico, ya que incluye obras de uso público como carreteras y puertos, donde el 14% de los proyectos y el 42% de la inversión enfrentan procesos judiciales que amenazan sus plazos y viabilidad”, señala Jiménez.
Para la timonel de la multigremial, estos antecedentes son especialmente preocupantes por el alto nivel de empleos que genera el sector infraestructura, y porque es “un habilitador clave para el crecimiento económico del país, que permite dinamizar diversas áreas productivas, conectar territorios”. medio del semestre anterior, precisa el estudio de la CPC.
El informe resalta que la tendencia al incremento en el número de causas en trámite al final de cada período ha ido acompañada por un aumento en los plazos promedio que tardan los tribunales ambientales en dictar sus sentencias (ver infografía). Ello evidencia agrega Lira cómo los plazos promedio han crecido de manera consistente a lo largo del tiempo. Este patrón sugiere que la mayor carga de trabajo de los tribunales ambientales está teniendo un impacto directo en los tiempos de resolución de los casos. Golpe a proyectos El plazo promedio de sentencia durante el primer semestre de 2025 fue de 582 días corridos, un 49% por sobre el promedio del semestre anterior, señala el estudio de la CPC.
Esto, sumado a las 51 causas en trámite registradas al cierre de junio, podría generar nuevos aumentos en los plazos de sentencia de los tribunales ambientales, una situación que en la cúpula empresarial califican de preocupante considerando el ya documentado aumento en los tiempos de califi c ació n amb i ental de lo s proyectos de inversión en el SEIA, así como a los extensos plazos adicionales que deben sumarse en los casos en que la sentencia del tribunal ambiental sea recurrida ante la Corte Suprema.
“La judicialización en tribunales ambientales golpea con fuerza a los proyectos de mayor envergadura, porque aunque solo el 5% de las iniciativas evaluadas en el SEIA llegan a esta instancia, concentran el 20% de la inversión total”, remarca Susana Jiménez, presidenta de la CPC.
La judicialización en tribunales ambientales golpea con fuerza a los proyectos de mayor envergadura, porque (... ) concentran el 20% de la inversión total”.. ................................................................ SUSANA JIMÉNEZ PRESIDENTA DE LA CPC n Comité de Ministros revierte solo 25% de calificaciones Antes de la etapa judicial, los proyectos pueden ser objeto de reclamaciones en sede administrativa, siendo impugnados ante el Comité de Ministros, que puede ratificar o no la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de una iniciativa.
De acuerdo a estadísticas recogidas por Pivotes, de los 614 proyectos que han ingresado a evaluación con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) desde el año 2013, el 17% (106 proyectos) han pasado por este proceso. Medido en función del monto de inversión asociado a cada obra, equivale a un 19% del total. Esos 106 proyectos se traducen en un total de 113 reclamaciones, un 83% de parte de observadores externos y un 34% de parte del titular del proyecto. Considerando cada uno de esos procesos, el tiempo promedio que tardó el Comité de Ministros en resolver las causas fue de 1 año, 7 meses y 22 días.
Por otro lado, en cuanto a los resultados de la impugnación, en un 75% de los casos se mantuvo la RCA favorable que autoriza el desarrollo del proyecto y ratifica el criterio establecido por la instancia técnica.
Asimismo, en un 9% se revirtió una calificación ambiental desfavorable, en un 7% se ordenó retrotraer la evaluación, en un 6% de los casos se mantuvo la calificación desfavorable y solo en un 2% de los casos se echó pie atrás en un proyecto calificado positivamente.
Según el análisis de Pivotes, “es necesario acotar la legitimación y el fundamento requerido para impugnar una RCA y generar desincentivos al uso de estas instancias para obstaculizar el avance de proyectos de inversión”.. Al comparar el promedio de reclamaciones admitidas a trámite entre la primera mitad de 2013 e igual lapso de 2019 con el promedio registrado desde ese segundo semestre en adelante, se observa que este se más que duplicó, pasando de 7 a 14 causas por semestre.
Plazo promedio de sentencias se eleva un 49% al primer semestre ‘‘La judicialización en tribunales ambientales golpea con fuerza a los proyectos de mayor envergadura, porque (... ) concentran el 20% de la inversión total”.. ................................................................ SUSANA JIMÉNEZ PRESIDENTA DE LA CPC n Comité de Ministros revierte solo 25% de calificaciones Antes de la etapa judicial, los proyectos pueden ser objeto de reclamaciones en sede administrativa, siendo impugnados ante el Comité de Ministros, que puede ratificar o no la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de una iniciativa.
De acuerdo a estadísticas recogidas por Pivotes, de los 614 proyectos que han ingresado a evaluación con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) desde el año 2013, el 17% (106 proyectos) han pasado por este proceso. Medido en función del monto de inversión asociado a cada obra, equivale a un 19% del total. Esos 106 proyectos se traducen en un total de 113 reclamaciones, un 83% de parte de observadores externos y un 34% de parte del titular del proyecto. Considerando cada uno de esos procesos, el tiempo promedio que tardó el Comité de Ministros en resolver las causas fue de 1 año, 7 meses y 22 días.
Por otro lado, en cuanto a los resultados de la impugnación, en un 75% de los casos se mantuvo la RCA favorable que autoriza el desarrollo del proyecto y ratifica el criterio establecido por la instancia técnica.
Asimismo, en un 9% se revirtió una calificación ambiental desfavorable, en un 7% se ordenó retrotraer la evaluación, en un 6% de los casos se mantuvo la calificación desfavorable y solo en un 2% de los casos se echó pie atrás en un proyecto calificado positivamente.
Según el análisis de Pivotes, “es necesario acotar la legitimación y el fundamento requerido para impugnar una RCA y generar desincentivos al uso de estas instancias para obstaculizar el avance de proyectos de inversión”. Susana Jiménez, presidenta de la CPC