Autor: José Miguel Wilson
"Cuota Flores" revive el peor fantasma del Congreso: irregularidades en el uso de asignaciones
"Cuota Flores" revive el peor fantasma del Congreso: irregularidades en el uso de asignaciones Tras el término de la sesión del miércoles en la tarde, la senadora Camila Flores (RN) se retiró caminando, despidiéndose de beso en la mejilla a quien se encontraba a su paso. Se la veía tranquila.
En la sesión votó a favor del proyecto que mejora la eficiencia de institucionalidad ambiental y, en el intertanto, había subido un video de apoyo a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao (ind.). Sin embargo, horas después la normalidad de la jornada cambió radicalmente con un reportaje de Canal 13 en el que se dio a conocer una denuncia anónima, hoy en manos de la Fiscalía de Valparaíso, que la acusa de haberse apropiado indebidamente de remuneraciones de sus asesores cuando ella era diputada (2018-2026). En respuesta, la senadora emitió una declaración en la que señaló que "no me voy a dejar amedrentar por intentos de afectar mi honra.
Enfrento esta situación con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar, y con la convicción de que la verdad siempre se abre paso", mientras que su abogado Luis Masferrer anunció acciones judiciales ante lo que su defendida considera como acusaciones falsas. Según el supuesto mecanismo de defraudación, la secretaria de Flores habría acordado un ingreso con otros colaboradores, que era abultado irregularmente, a cambio de que mensualmente ellos le devolvieran ese dinero en exceso en efectivo. Cada mes, de acuerdo con la denuncia, las platas habrían sido retiradas desde las cajas del banco por su personal.
La antigua cuota Aquel descuento, que habría sido apodado por los propios asesores como la cuota Flores, es una antigua mala práctica que existía en el Congreso, que se destapó a partir de una serie de investigaciones judiciales y denuncias periodísticas entre 2009 y 2015, a raíz de los casos Asignaciones Parlamentarias y Corpesca, entre otros, que en un momento tuvieron a más de la mitad de los senadores y diputados contra las cuerdas.
El problema se originó porque las asignaciones parlamentarias, es decir, los fondos públicos (distintos a la renta privada que reciben los legisladores), que se entregan para que cumplan su labor (contratación de personal, oficinas, gastos de secretaría, teléfono, bencina, viáticos, pasajes), eran usados libremente, en algunos casos como patrimonio propio y fondos electorales, por la gran mayoría de las autoridades del Poder Legislativo. Las investigaciones en curso, que se concentraron en la Fiscalía de Valparaíso, entonces dirigida por Jorge Abbott, finalmente se acotaron a una decena de diputados.
Los casos más complicados daban cuenta de distintos ardides para triangular estos dineros fiscales en el arriendo de inmuebles a familiares o amistades, pero también hubo indicios de que colaboradores parlamentarios acordaban estos sueldos abultados para devolver dineros a los propios legisladores. Incluso se destaparon asesorías que nunca se realizaron.
A pesar de todos los antecedentes que salieron a la luz en aquellos años y que derivó en un desfile de legisladores por tribunales, la investigación penal solo terminó con un exdiputado condenado, Maximiano Errázuriz (RN), básicamente porque fue el único que aceptó los cargos (por arriendo irregular de un inmueble), reintegró los dineros (cerca de $30 millones) y contribuyó al esclarecimiento de las circunstancias del delito. Por esta razón, la Fiscalía le ofreció una salida alternativa: cuatro años de libertad vigilada e inhabilidad perpetua para ejercer funciones públicas.
El escándalo obligó al Congreso a modificar la institucionalidad y regular el uso de estos fondos fiscales en una reforma de 2010 que creó el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias (órgano colegiado que definió montos y limitaciones de uso) y el Comité de Auditoría (equipo de fiscalizadores que en forma aleatoria debe comprobar el gasto de los senadores y diputados). Sin embargo, el caso Corpesca en 2015 -que se radicó en la Fiscalía de Tarapacáreabrió este escándalo, ya que de esa investigación surgieron varias aristas, entre ellas supuestas exasesoras del exsenador Jaime Orpis (ex-UDI), quienes negaron haber prestado servicios al otrora parlamentario y al comité UDI.
El problema es que el caso de la senadora Flores reabrió este fantasma a pesar de que la nueva institucionalidad -que pretendía prevenir e inhibir estas irregularidadesfunciona hace más de 15 años y demanda al Congreso más de $1.700 millones al año. El Consejo de Asignaciones hoy tiene un presupuesto de $716 millones, mientras que los fondos del Comité de Auditoría para su labor ascienden a $1.016.917.000.
Reacciones Consultada por el caso, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), fue cauta. "Lo que hay en contra de la senadora Camila Flores es una denuncia anónima, que evidentemente el Ministerio Público, como en cualquier caso y frente a cualquier chileno, tiene que recoger e investigar. Por lo tanto, son hechos que recién se están investigando.
En esto, así como las instituciones tienen que funcionar y se tienen que investigar los hechos que han sido denunciados de manera anónima, también tiene que operar la presunción de inocencia con respecto de cualquier persona, de cualquier chileno que está siendo investigado", dijo.
En conversación con Radio Cooperativa, la senadora y presidenta de RN, Andrea Balladares, pidió que la investigación -que se mantiene como reservadase desarrolle con la mayor rapidez posible. "Nosotros hablamos con la senadora Flores ayer (miércoles), quien está dispuesta a cooperar con la investigación (. .. ) Esperamos que la justicia en esto actúe muy rápido, porque muchas veces cuando los casos se demoran y no se esclarecen estos hechos hace un daño muy tremendo a la democracia", dijo. Sobre las medidas que podría tomar el partido, Balladares mencionó que "siempre que uno de nuestros militantes ha estado formalizado por la justicia, se ha suspendido en sus derechos de militante.
Cuando hay investigaciones, obviamente tenemos que esperar qué es lo que arrojan". Sin embargo, agregó que "nosotros siempre creemos en el principio de la inocencia, pero cuando son formalizados o imputados, nosotros ya tomamos la decisión de suspenderlos", explicó. El diputado Andrés Celis (RN) también pidió a la Fiscalía "que acelere la investigación, ojalá lo más rápido posible". "Aquí no se le puede condenar a la senadora Flores. Yo no conozco ningún caso que se me haya señalado, ni privada ni públicamente, en el Congreso Nacional respecto a esas supuestas causas de esas prácticas que se hayan realizado en el Parlamento. Y, por lo mismo, le pido a la gente que, en el caso de la senadora Flores, existe la presunción de inocencia". Autor: José Miguel Wilson. La parlamentaria está siendo investigada por la Fiscalía debido a un presunto descuento irregular que les habría realizado mensualmente a asesores. Se trata de una antigua mala práctica que existía en el Congreso, que se destapó a partir de una serie de investigaciones judiciales y denuncias periodísticas entre 2009 y 2015. La senadora Camila Flores (RN) está en el centro de la polémica.
