EDITORIAL: Un nuevo golpe de la Contraloría
EDITORIAL: Un nuevo golpe de la Contraloría En su decimoquinto Consolidado de Información Circularizada (CIC), la Contraloría detectó que un total de 13.286 funcionarios públicos asistieron a al menos uno de los 25 casinos de juego existentes en el pais mientras se encontraban con licencia medica entre 2023 y 2024. Este hallazgo abarco un universo de 5.235.890 licencias médicas otorgadas a servidores publicos en ese periodo, con 218.372 ingresos de funcionarios del Estado a casinos. Este no es un hecho aislado. 1.486 de estos mismos funcionarios que visitaron casinos, también hablan sido detectados en mayo pasado por haber viajado fuera del pais mientras gozaban de licencia médica. La probidad administrativa es un principio fundamental que sustenta la transparencia, la ética y la integridad en la gestión pública. El rol del Servicio Civil incluye fortalecer la gestión pública y a sus trabajadores, prevenir la corrupción y, crucialmente, aumentar la confianza ciudadana.
Cuando los funcionarios públicos, cuyo bien jurídico protegido por la ley es la recta administración del Estado, incurren en conductas ilícitas como el uso fraudulento de licencias médicas, se produce una "corrupción de consecuencias graves para la sociedad", dispúblicas y desvalorizando el Estado de Derecho y la democracia. Este tipo de actos no solo deterioran la confianza de la ciudadania, sino que también perjudican enormemente a los miles de buenos trabajadores y trabajadoras públicas con una verdadera vocación de servicio. La gran mayoría cumple sus funciones con dedicación, honestidad y apego a la legalidad, y ven su labor y reputación empanadas por las acciones irresponsables de otros. Se menoscaba el esfuerzo y el compromiso de quienes diariamente trabajan por el bienestar de todos los chilenos. Es imprescindible que las instituciones, especialmente en nuestra región de O'Higgins, fortalezcan sus sistemas de integridad, que funcionan como medidas preventivas y correctivas contra conductas impropias y la corrupción. La implementación de códigos de ética, la capacitación constante de funcionarios en probidad y transparencia, y el establecimiento de canales claros para consultas y denuncias son herramientas esenciales. Es que la probidad en el Estado no es solo un deber legal, sino un compromiso irrenunciable con la ciudadanía.
Solo a través de una acción colectiva que combine la fiscalización rigurosa, la sanción ejemplar y la promoción de una cultura de integridad, podremos reconstruir la confianza y asegurar que el servicio minuyendo la confianza de la ciudadanía en las instituciones publico sea sinónimo de excelencia y honestidad para todos. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ V SUB DIRECTOR. Editorial