Autor: CATALINA MUÑOZ-KAPPES

Gobierno lleva a Dominga hasta el T. Constitucional y se multiplican las sedes donde se revisa el caso
Gobierno lleva a Dominga hasta el T.
Constitucional y se multiplican las sedes donde se revisa el caso Andes Iron acusa “maniobra dilatoria”:Ministros”. El proyecto minero-portuario Dominga tiene reclamos en el Primer y Segundo Tribunal Ambiental, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la Corte Suprema y ahora se sumará el Tribunal Constitucional.
Desde el Ministerio del Medio Ambiente, que preside el Comité de Ministros, informaron ayer que se presentó un reclamo ante el Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de “resguardar las atribuciones legales del Comité de Ministros”. El reclamo surge tras el dictamen del Primer Tribunal Ambiental del 17 de febrero que anuló y pidió modificar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en su calidad de secretaría técnica del Comité de Ministros, el aspecto central de la resolución en contra de Dominga adoptada en enero de este año. En esta instancia, el Comité de Ministros estuvo íntegramente compuesto por subrogantes. Según indicó en una aclaración el Primer Tribunal Ambiental, no se requiere de una cuarta votación del Comité de Ministros para que el SEA modifique los aspectos sustanciales de la resolución adoptada en 2025.
El Ministerio del Medio Ambiente señaló que ingresó el requerimiento de contienda de competencias al Tribunal Cons-n Andes Iron pide que estado de iniciativa en el SEIA se cambie a aprobadaEl gerente general de Andes Iron, Pedro Ducci, solicitó a la directora (s) regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, Karina Fuentes, que se modifique el estado del proyecto Dominga a “aprobado”. En detalle, en una carta fechada el 14 de marzo, Ducci pide que “conforme con las sentencias dictadas por el Ilustre Primer Tribunal Ambiental el 9 de diciembre de 2024 y el 17 de febrero de 2025 (... ) solicito se modifique el estado del proyecto Dominga identificándolo como aprobado en la plataforma electrónica del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, así como en toda otra plataforma o sistema que sea pertinente”. Según el gerente general de Andes Iron, la solicitud se da para que puedan proceder a la tramitación de los permisos sectoriales de la iniciativa por US$ 2.500 millones de inversión. titucional, debido a que el dictamen del Primer Tribunal Ambiental contraviene “la Constitución y la ley, se atribuye potestades privativas del Comité de Ministros” e imparte “instrucciones directas a la Secretaría Técnica de dicho Comité, para determinar el contenido de sus decisiones sobre el proyecto minero portuario Dominga”. “El objetivo de esta acción es resguardar las competencias del Comité de Ministros, que resolvió apegado a la ley. Con esta presentación, estamos utilizando las herramientas que contempla nuestra Constitución para hacer valer el Estado de Derecho”, afirmó el subsecreta-rio del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño.
La ministra vocera (s), Aisén Etcheverry, explicó que con esta acción buscan “clarificar cuáles son los ámbitos de competencia, entendiendo desde el Ejecutivo que el fallo invade atribuciones que son privativas del Comité de Ministros y, por tanto, es el Tribunal Constitucional quien tiene que definir cuál es la interpretación correcta respecto de las atribuciones del Comité de Ministros en esta materia”. Desde Andes Iron, titular del proyecto Dominga, acusaron una “maniobra dilatoria” por parte del Gobierno.
“La decisión del Gobierno de acudir al Tribu-nal Constitucional representa una nueva maniobra dilatoria, dado que no existe conflicto real de competencias entre el Comité de Ministros y el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA). Es muy parecido a lo que ocurrió cuando fue fuertemente criticado por consultar a Contraloría para que esta le dijera qué ministros debían integrar el Comité”, indicaron ayer. Alerta para otrosPara los abogados esta acción agrega una arista más a la tramade judicialización del proyecto Dominga. “En el escenario actual, cualquier proyecto con riesgo de judicialización puede enfrentar un escenario como este; diferentes acciones en diferentes sedes.
Por eso es relevante que se declare admisible solo la acción que corresponde en estos casos; reclamo de ilegalidad ante los tribunales ambientales con el recurso de casación que corresponde, y que haya un control estricto de otras acciones que son inidóneas para resolver estos asuntos”, indicó Emanuel Ibarra, socio del estu-dio Moreno, Sáez y Avilés, y exfiscal de la SMA. En la misma línea, Juan Ignacio Marín, director de Regulatorio y Medioambiente de HD Group, afirmó que el caso de Dominga es una “alerta” para otros proyectos de inversión.
“Mientras no se resuelva la permanencia o funciones del Comité de Ministros y mientras no se corrija el procedimiento y su sistema recursivo, nada impide que futuros proyectos se desalienten ante la posibilidad de verse enfrentados a un entramado similar”, dijo.. Según Ministerio del Medio Ambiente, el Primer Tribunal Ambiental “se atribuye potestades privativas del Comité de Ministros”. Andes Iron acusa “maniobra dilatoria”: