Editorial: Tolerancia cero en caso licencias
Editorial: Tolerancia cero en caso licencias C on ocasión de las cifras informadas por la Contraloría General de la República respecto de funcionarios públicos que han mal utilizado licencias médicas, el tema ha vuelto a estar en el ojo del huracán. Poner números a algo que era sabido, y esa magnitud de números, explica la indignación que hemos visto. La primera reacción es buscar responsabilidades, y ahí se encuentran diversas entidades públicas con atribuciones, tanto respecto de los emisores como de los usuarios de las licencias. Debe revisarse cada una de ellas, para determinar si hizo uso de sus facultades. La legislación respectiva existe y ha sido recientemente perfeccionada, por lo que no hay excusa en falta de ley. Debe revisarse también la proactividad y gestión que se haya tenido, ya que de poco y nada sirven los textos legales si no son llevados a la práctica.
La CGR logro determinar y cuantificar la existencia de este fraude con la información existente, prueba fehaciente de que si era factible hacerlo De acuerdo a Pedro Pizarro, exsubsecretario de Previsión Social y vicepresidente del Instituto Libertad, lo anterior dará lugar a las responsabilidades administrativas, pero también hay responsabilidades políticas que no se pueden pasar por alto.
El fraude de licencias médicas trae consigo un tremendo costo público y privado, no sólo por el pago de prestaciones indebidas, sino que también por la falta de servicio que deriva de la falta del trabajador, la sobrecarga laboral para los que deben suplir a los ausentes y los mayores costos para el sistema, que redundan en alzas de planes y de recursos que podrían haberse empleado en las necesarias y pendientes prestaciones de salud. El mal uso la licencia debe acarrear la pérdida del puesto de trabajo en ambos sectores, público y privado. Asimismo, la emisión fraudulenta debe implicar la pérdida permanente de la facultad de emitir, porque el fraude exige una política de tolerancia cero. El fraude de licencias médicas trae consigo un tremendo costo público y privado.. Poner números a algo que era sabido, esa magnitud de números, explica la indignación que hemos visto. E Editorial