Editorial: Morosos por educación
Editorial: Morosos por educación El inicio de embargos y retenciones a deudores del Crédito con Aval del Estado por parte de la Tesorería General de la República reabre un debate incómodo, pero necesario: ¿ hasta qué punto el Estado debe endurecer su rol de cobrador frente a un sistema de financiamiento educativo ampliamente cuestionado? La medida apunta, en esta primera etapa, a quienes registran ingresos superiores a $5 millones mensuales, lo que parece, en principio, un criterio razonable bajo la lógica de que quienes tienen mayor capacidad económica deben responder por sus compromisos. Sin embargo, el problema de fondo no se agota en la cobranza.
El CAE ha sido, por años, símbolo de una política pública que trasladó el costo de la educación superior a miles de familias, muchas de las cuales aún cargan con deudas que condicionan sus proyectos de vida.
Que hoy las deudas estudiantiles se transformen en obligaciones fiscales -equiparables al no pago de impuestostensiona aún más la relación entre ciudadanos y Es cierto que los datos muestran avances: más de 7.500 convenios regularizados y pagos que superan los $2.400 millones en el segmento de mayores ingresos. Esto sugiere que la presión estatal sí genera resultados.
Pero también abre una interrogante ética: ¿ es suficiente focalizar las acciones en los de mayores ingresos para legitimar un mecanismo que, en esencia, sigue operando sobre una deuda estructuralmente problemática? La respuesta no es simple, pero ignorar esa dimensión sería un error. No se trata solo en recuperar recursos fiscales, sino en repensar el modelo que originó esta situación. Perseguir la deuda puede ser necesario desde el punto de vista administrativo, pero no reemplaza una discusión sobre el acceso, financiamiento y equidad en la educación superior. De lo contrario, el país seguirá atrapado entre la eficiencia recaudatoria y una deuda social que, más que saldarse, parece perpetuarse. Estado, especialmente cuando el propio sistema ha sido objeto de críticas por su diseño y consecuencias.. Estado, especialmente cuando el propio sistema ha sido objeto de críticas por su diseño y consecuencias.