Editorial: Una oportunidad para el Congreso
Editorial: Una oportunidad para el Congreso E n sus dos primeras semanas, el Gobierno del Presidente Kast ha impulsado una vertiginosa agenda de anuncios y medidas; recorte del gasto público, retiro de decretos ambientales, ajustes en la gratuidad de la enseñanza superior, revisión de la jornada de 40 horas, reemplazo de altos cargos, evaluación de indultos, construcción de zanjas en la frontera para contener la inmigración irregular, y reducción del impuesto corporativo a las empresas, entre otras iniciativas, han dibujado un mosaico de aquello que La Moneda entiende por gobierno de emergencia.
Analistas y dirigentes políticos han hablado de una estrategia de "copamiento", caracterizada por la ocupación de la esfera pública con una avalancha de acciones y encuadres comunicacionales que no permiten reaccionar a la oposición ni a los medios. A juicio del vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, Rodrigo Arellano, el Ejecutivo ha logrado instalar sus prioridades sin dar espacio a sus adversarios. De acuerdo con el exministro José Joaquín Brunner, en cambio, el inicio del mandato del Presidente Kast siguió "al pie de la letra el manual trumpista" en términos de la narrativa de emergencia. De cualquier forma, aquella estrategia de control de la agenda ha sido severamente desafiada por la brusca alza de los precios de las gasolinas y el diésel. La encuesta Panel Ciudadano-UDD mostró esta mañana que la aprobación presidencial disminuyó a 42% y la desaprobación saltó del 18% al 48% en 11 días. Sin embargo, y con independencia del modo en que evolucione la coyuntura del combustible, el examen legislativo de las iniciativas -y del programa de Gobierno en generales una oportunidad para el debate parlamentario.
Las propuestas del Ejecutivo son controvertidas y sobre ellas hay posiciones enfrentadas en la política y el electorado; con todo, las medidas divulgadas, el estado de las finanzas públicas y la manera de encarar la crisis internacional, deberían convocar a una deliberación seria y razonada.
Así como la acción del Gobierno no puede estar orientada puramente por la opinión pública, tampoco corresponde esquivar los intercambios fundados sobre determinaciones y herramientas de política pública por temor al juicio ciudadano, agitado con frecuencia por parlamentarios que han sustituido la reflexión y el análisis por las conductas performáticas y populistas, o por el catastrofismo. Más que someter al adversario -sea este el Gobierno o la oposición-, el Congreso tiene la responsabilidad de alcanzar compromisos, corregir las iniciativas del Presidente, ejerciendo sus atribuciones colegisladoras, y perfeccionar los proyectos. En los 36 años de democracia ha habido múltiples entendimientos en las cámaras que han facilitado la elaboración, con amplio apoyo político, de mejores leyes; esa experiencia merece ser recuperada y actualizada. La responsabilidad principal de flexibilizar y adaptarse al escenario parlamentario es de la nueva administración, si quiere avanzar con sus reformas. Pero ello requiere también de una oposición constructiva, leal con la institucionalidad democrática y dotada de argumentos y razones que promover y defender frente al Ejecutivo y la ciudadanía.
El Congreso tiene la posibilidad de volver a ser un lugar donde se elaboran buenas leyes y políticas públicas. "Las medidas del Ejecutivo, el estado de las finanzas públicas y la crisis internacional deberían convocar a una deliberación seria y razonada".. "Las medidas del Ejecutivo, el estado de las finanzas públicas y la crisis internacional deberían convocar a una deliberación seria y razonada".