Bochorno ambiental
Bochorno ambiental El Primer Tribunal Ambiental decidió, el pasado 9 de diciembre, acoger la reclamación que hiciese la empresa Andes Iron en contra del Comité de Ministros que, en enero de 2023, había rechazado el proyecto minero portuario Dominga. El tribunal ordenó un nuevo pronunciamiento de los ministros, el que debía haberse producido en un plazo que venció el pasado 31de diciembre. Las actuaciones del comité en respuesta a este fallo han sido, sin embargo, lamentables. En una reunión efectuada el 23 de diciembre, los ministros titulares acordaron inhabilitarse y realizar una presentación ante la Contraloría para que esta determinara a quién correspondía subrogarlos. Sostuvieron que no podían pronunciarse sobre el asunto sin tener claro quiénes debían integrar el comité. Fue un evidentesubterfugio, cuya credibilidad no resistía análisis.
Una forma de eludir lo ordenado por el tribunal, sea por falta de argumentos para insistir en un nuevo rechazo o, quizás, esperando que la Corte Suprema resolviera el recurso presentado por el Servicio de Evaluación Ambiental contra la sentencia.
Pero si ese era el objetivo, la respuesta emitida anoche por Contraloría cuyo tono parece el de quien recuerda una obviedad, al citar las normas que regulan la subrogancia, ha vuelto a poner el asunto en las manos de un gobierno evidentemente incómodo. Esta confusa actuación del Ejecutivo parece alimentada por una inadecuada comprensión del propio papel del Comité de Ministros. En efecto, el que este sea una instancia política no significa que pueda actuar fuera del marco institucional. Su ta-rea es ponderar los diversos factores, más allá incluso de cuál sea el propósito de cada cartera. Después de todo, se trata de secretarios de Estado y tampoco corresponde, por tanto, la argumentación que se ha insinuado de que, por ocupar tal o cual posición, su votación no puede tener otro carácter. Respecto de Dominga, es bueno recordar que en febrero de 2017 el Sistema de Evaluación Ambiental, la instancia técnica, recomendó su aprobación.
Pese ello, en abril de ese año, el Consejo de Evaluación Regional de Coquimbo, con voto dirimente del intendente, rechazó el proyecto, iniciándose un largo proceso de tramitaciones en instancias políticas y judiciales que tuvo un cierre relevante en abril de 2021. Entonces, una sentencia a firme del Primer Tribunal Ambiental falló a favor de la reclamación de losdueños y anuló los pronunciamientos del mencionado consejo y de un comité de ministros celebrado en agosto de 2017. En ese contexto, en agosto de 2021, la instancia regional aprobó el proyecto, pero la decisión fue a su vez revertida por el cuestionado Comité de Ministros de 2023. Es este último pronunciamiento el que fue declarado ilegal, por recoger argumentos que habían sido descartados en sede judicial. Y es que el rol político del comité no puede ser una excusa para negar la institucionalidad vigente.
Al hacerlo, se aparta de una gestión de Estado moderna y acerca sus pronunciamientos a la mera opinión de un grupo de interés específico, la cual, por legítima que sea, no es fruto de una deliberación democrática que debe aspirar a satisfacer el interés general. El rol político del comité no puede ser una excusa para negar la institucionalidad..