COLUMNA DE OPINIÓN Un acuerdo reprochable
Un acuerdo reprochable CARLOS PEÑA Una sentencia ejecutoriada dispuso el desalojo de la toma del cerro Centinela en San Antonio y cuando el plazo para cumplirla cumplirla estaba a punto de vencer, las partes concernidas concernidas el Gobierno, los propietarios, los pobladores pobladores llegaron a un acuerdo: postergarían la ejecución del fallo por un lapso de seis meses mientras buscan ponerse de acuerdo en la compra del bien inicialmente usurpado. ¿Cómo evaluar este acontecimiento? ¿ Hay motivos para celebrar o, en cambio, para la queja? Por supuesto hay que alegrarse por esas miles de familias que se han librado, al menos por ahora, de ser lanzadas a la intemperie. Pero ello no ha de hacer olvidar todo lo que en este proceso se está sacrificando. En general las sentencias judiciales atingen a las partes directamente involucradas involucradas en el juicio al que, con ellas, se pone pone término. Lo que las sentencias judiciales judiciales disponen son bienes privados, cuyo contenido se incorpora al patrimonio, a la propiedad, por decirlo así, de los directamente directamente concernidos por ella. Desde este punto de vista constituyen bienes disponibles disponibles que se pueden renunciar o disponer disponer en este sentido o en otro. Y así está ocurriendo en este caso en que los propietarios propietarios que obtuvieron la orden de desalojo desalojo han decidido negociarla a fin de obtener la venta del bien. Pero las sentencias tienen una dimensión dimensión pública de extrema relevancia, que en este caso se sacrificará. La sentencia es el fruto de un delicado proceso en el que se involucran bienes fundamentales para la vida social. Ella es dictada por funcionarios públicos, los jueces, cuyo poder ha sido definido en la ley, no por un acuerdo privado.
Y cuando cuando redactan la sentencia y deciden el caso, caso, no lo hacen pensando en maximizar el bienestar de las partes involucradas, o en equilibrarlo, sino que procuran realizar realizar bienes y valores que subyacen al Derecho Derecho y que ellos, mediante la sentencia y el proceso judicial, intentan promover y realizar allí donde se les transgrede. Las sentencias le dicen a la sociedad, o le recuerdan, qué es correcto y merece protección protección de parte del Estado, y qué es incorrecto incorrecto y merece reproche. Por eso hay algo reprochable en este acuerdo que se ha adoptado por los propietarios propietarios del terreno, el Gobierno y los pobladores.
Porque los bienes y valores que la sentencia sentencia confirmó que no basta padecer injusticia para que la propiedad ajena pierda valor o no merezca ser protegida, que las necesidades no legitiman pasar por sobre las instituciones y que las sentencias sentencias deben cumplirse sin dilación se verán deteriorados luego de este acuerdo que, aunque sea incómodo subrayarlo, subrayarlo, enseñará a la ciudadanía que las vías de hecho pueden acabar configurando configurando una situación legftima cuando la fuerza que manifiestan o el número que involucran es suficientemente elevado. Y enseñará a las autoridades que la incompetencia incompetencia puede ser remediada a última última hora bastando para ello celebrar un protocolo con aquellos cuya situación, durante tanto tiempo, se desatendió.
Las instituciones, y los jueces, y para qué decir la sentencia, no constituyen instrumentos pragmáticos o utilitarios para mejorar la posición negociadora fichas en un juego de estrategia que se concluye mediante protocolos, sino que son también declaraciones acerca de los bienes y valores que subyacen a las reglas.
Consentir la fuerza y las vías de hecho porque no otra cosa es legitimarlas mediante este acuerdo que acaba torciendo torciendo la mano a las instituciones no es un camino que acabe fortaleciendo al Estado de Derecho y las reglas, y enseñará a esos otros miles que viven en la pobreza y que no han tenido el arrojo, o la audacia o la desesperación de involucrarse en una toma, toma, que quizá, después de todo, hacerlo valga la pena. ¿Acaso no es eso lo que en el fondo dirá a la ciudadanía el protocolo de acuerdo que se acaba de firmar usando usando como insumo de negociación lo dispuesto dispuesto por la Corte? Un acuerdo reprochable “... consentir la fuerza y las vfas de hecho porque no otra cosa es legitimarlas mediante este acuerdo que acaba torciendo la mano a las instituciones no es un camino que acabe fortaleciendo al Estado de Derecho y las reglas... ”..