Autor: Hernán Ferreira Abogado
Agenda de seguridad
Agenda de seguridad P or estos días la oposición ha cargado contra el gobierno imputándole que no tiene un plan de seguridad. El reproche se les escucha con especial intensidad, abriendo un flanco político en contra del presidente de la república. Lo curioso de una posición como la dicha, es de quien proviene.
La izquierda tuvo desde el año 2019 al menos, una agenda de seguridad propia, que la plasmó nítida y en parte, en el ya histórico “mamarracho” o proyecto constitucional del año 2022 que le propusieran al país. Veamos. En su proyecto, derogaban el estado de excepción constitucional, que es una valiosa herramienta de los gobiernos para controlar graves alteraciones al orden público o daño a la seguridad. La izquierda no creyó ni cree que instrumento sea necesario para un adecuado control del orden público. Sin esta herramienta, los gobiernos se pueden ver sobrepasados por turbas delincuenciales o que pretendan alterar la institucionalidad del país. El control del orden público es de la esencia de todo gobierno y es el estado de excepción constitucional la primera medida de contención para tales efectos.
Sin embargo, la actual oposición quiso excluir que los gobiernos carecieran de esta medida (ver artículos 300 y siguientes del proyecto constitucional). El proyecto constitucional de la izquierda, también excluía un capítulo destinado a las fuerzas armadas y carabineros. Es decir, a dichas instituciones ya no les daba rango constitucional. Más aún, el país es testigo de las múltiples declaraciones de personeros autorizados de la izquierda, que señalaban la necesidad para ellos, de refundar a Carabineros de Chile. En noviembre del año 2021 el entonces diputado Boric escribió en Twitter: “Refundar Carabineros ahora. Lo hemos exigido hace más de un año. No da lo mismo quién tenga el poder”. Parte esencial de la agenda de la actual oposición era y aún lo es, cambiar el carácter de la policía uniformada y darle una naturaleza menos militar. Recordemos que solo el año pasado la candidata presidencial comunista instaba a tratar a los delincuentes con amor.
Como consecuencia de la visión anti seguridad y anti fortalecimiento del orden público, la actual oposición acusó de manera inmisericorde a las Fuerzas Armadas y a Carabineros de Chile de cometer violaciones a los derechos humanos en la insurrección de octubre del 2019. Apuntó especialmente a la policía uniformada y persiguió sus integrantes con fiereza. Casos como los del cabo Zamora o del ex teniente coronel Claudio Crespo fueron emblemáticos para aquel sector político, consagrándolos como íconos de la represión policial ilegal. La justicia finalmente les absolvió de todo cargo, pero esas situaciones y otras, han quedado como recuerdo de cuál es la agenda de seguridad de la oposición. En materia inmigratoria, la izquierda siempre ha sido ferviente partidaria de que al país pueda entrar cualquier persona, sin necesidad de hacer filtros. Hablaron incluso de un derecho humano a inmigrar. Múltiples declaraciones avalan este aserto. De esta manera, demasiada gente con antecedentes penales en su país, entraron a Chile, degradando la convivencia y el espacio público. Esto han sido algunos ejemplos de actuaciones recién pasadas de la actual oposición, que desgarra sus propias vestiduras criticando al gobierno por dos meses de gestión. Esperemos que la seguridad y el orden público no sigan siendo tomados por la oposición, como una bandera político partidista. La cooperación de todos los sectores es indispensable para terminar con mayor rapidez este flagelo. Autor: Hernán Ferreira Abogado.