EDITORIAL: Crisis ética en el sector público
EDITORIAL: Crisis ética en el sector público EDITORIAL Crisis ética en el sector público Estas conductas fraudulentas, lamentablemente, no son una novedad, pero sí afectan la confianza ciudadana en las instituciones. Lo que subyace es una profunda crisis ética en el sector público, así como en el privado y en la sociedad en general. La diferencia es que, al tratarse de funcionarios públicos, el perjuicio afecta a todos: a los contribuyentes, a los usuarios del sistema y a los funcionarios honestos.
U n gran impacto ha tenido el estudio realizado por Contraloría, que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencia médica durante 2023 y 2024, lo que podría implicar el uso irregular de 35.585 licencias.
Los funcionarios pertenecen a 788 entidades estatales o financiadas con recursos del estado, tanto del nivel central como regionales y comunales, entre ellos, municipios, gobiernos regionales, ministerios, servicios públicos y corporaciones, donde Ñuble no es la excepción. La revelación de estos abusos causó tal indignación que incluso, la propia ANEF condenó los hechos, los que, a su juicio, implican faltas a la probidad que ameritan sanciones ejemplares, como la destitución.
En el mundo político la condena también es transversal y desde el Ejecutivo se anunciaron medidas: un informe a todos los ministerios y servicios; sumarios internos y entrega de los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que analice acciones civiles y penales. Asimismo, además de denuncias y querellas que ya se presentaron, la Fiscalía Nacional abrió una investigación penal de oficio. Estas conductas fraudulentas, lamentablemente, no son una novedad, pero sí afectan la confianza ciudadana en las instituciones. Tal vez, el número de involucrados impactó a muchos, aunque lo destacable es la capacidad de Contraloría de poner el cascabel a un tema tabú, que no hay duda de que requiere mayor control. Así como también otras irregularidades, como el uso de licencias por parte de médicos que, pese a estar con reposo legal, atienden partos, una línea que también investiga Contraloría.
El tema estalla, además, en un año electoral, donde el tamaño del Estado está en la agenda de la derecha, que propone una fuerte reducción como respuesta a un supuesto exceso de funcionarios públicos y gasto fiscal.
Pero el problema va mucho más allá de la falta de control y del elefantiásico aparato estatal, temas que, por cierto, requieren una discusión y medidas concretas, como la conformación del Comité Nacional de Ausentismo, anunciado por Hacienda. Lo que subyace es una profunda crisis ética en el sector público, así como en el privado y en la sociedad en general. La diferencia es que, al tratarse de funcionarios públicos, el perjuicio afecta a todos: a los contribuyentes, a los usuarios del sistema y a los funcionarios honestos.
El uso abusivo de licencias fue, precisamente, uno de los factores del encarecimiento de los seguros de salud y de la crisis de las isapres; pero no es el único instrumento de corrupción que utilizan los chilenos: desde la clase política, cuestionada por el financiamiento irregular de la política, hasta las familias que entregan información falsa para acceder a subsidios, incluso habitacionales.
Lamentablemente, la crisis de legitimidad de las instituciones y de sus autoridades, vinculada a la corrupción de derecha e izquierda que parece quedar impune, no ha sido el mejor ejemplo para una sociedad que se ha alejado de valores como la honestidad, el respeto y la empatía, reemplazándolos por una astucia mal entendida, basada en la lógica de hacer trampa sin ser descubierto, lo que es celebrado como un acto de viveza, más que de corrupción, sin poner atención en que las consecuencias perjudican a quienes sí necesitan realmente de un subsidio o de una licencia médica..