Otra complicación por Dominga: subsecretario también expresó opinión desfavorable al proyecto
Un oficio podría inhabilitarlo El 28 de diciembre de 2022, el subsecretario del Medio Ambiente envió un oficio al SEA criticando la información entregada por Andes Iron. Sergio Sáez Fuentes orre el reloj para el Gobierno en el caso de Minera Dominga.
Tras el rechazo del Primer Tribunal Ambiental de aplazar una nueva votación del Comité de Ministros, el Ejecutivo tendrá menos de cuatro días hábiles para salir del entuerto y cumplir con el fallo del 9 de diciembre. Sin embargo, en el Gobierno no saben quién deberá presidir ese comité, luego de que se inhabilitara la ministra Maisa Rojas. De acuerdo con expertos en derecho administrativo y ambiental, el Gobierno deberá convocar a los subsecretarios. Bajo ese precepto, el comité debería ser presidido por el subsecretario del Medio Ambiente, Max Proaño.
Sin embargo, la suplencia del abogado cercano al presidente Boric tambalea tras un oficio enviado el 28 de diciembre de 2022, en el que éste emitió su opinión sobre el proyecto fundado por la familia Délano.
En el documento de 24 páginas, Proaño expresó su parecer sobre Dominga a la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán. "El titular presenta los antecedentes necesarios para la elaboración de la línea de base, como también cumple en la utilización de factores de emisión de niveles de actividad adecuados para el proyecto.
No obstante, hay que destacar que la línea de base fue realizada para condiciones de hace l0 años atrás", señaló el abogado, haciendo referencia a que el proyecto ingresó su Estudio de Impacto Ambiental en 2013.
En el oficio que podría inhabilitarlo, Proaño también afirmó que la minera, "no incorpora de manera satisfactoria en su área de influencia información levantada en torno a rutas de navegación, reconociendo que se trata de sectores potencialmente afectados por acciones del proyecto.
Esto afecta, en particular, el hábitat de especies como el de Humboldt, el chungungo, el pato yunco y los cetáceos, al no ser considerados en el área de influencia”. Desde el Ministerio del Medio Ambiente explican que la opinión de Proaño puede ser fuente de inhabilidad. Por ello, apuntan a que la respuesta de la Contraloría es fundamental. Subsecretarios a escena Existen antecedentes sobre inhabilidades en el Comité de Ministros. En 2012, e =J Maximiliano Proa para suplir a la la instancia debió sesionar para definir la suerte del proyecto termoeléctrico Punta Alcalde de Endesa. En junio de ese año, la entonces ministra María Ignacia Benítez se inhabilitó, comunicando que había participado en la etapa temprana del Estudio de Impacto Ambiental. En esa ocasión, el comité fue presidido por el subsecretario de la cartera, Ricardo Irarrázaval.
Según expertos en derecho ambiental, público y administrativo, en el caso del resto de los ministros inhabilitados por haber votado en contra en 2023, el reemplazo es un tema medianamente zanjado. "En tales casos, debiera seguirse el orden de subrogancia de cada ministerio, esto es, con los subsecretarios.
Si bien el legislador incluyó a las más altas autoridades en este En tales casos, debiera seguirse el orden de subrogancia de cada ministerio, esto es, con los subsecretarios”, Patricia Arriagada Villouta, exsubcontralora , era el principal candidato OS comité, lo que podría dara pensar que debieran ser del mismo rango, también ha debido considerar el sector pertinente”, sostiene la exsubcontralora y académica Patricia Arriagada Villouta. En la misma línea, el académico de Derecho UC, Eugenio Evans, puntualiza que estamos frente a un problema institucional que deja clara, "la necesidad de terminar con el Comité de Ministros. Su existencia, y el caso Dominga lo refleja". Agrega, que "la Contraloría, siendo requerida, debiera imponer el funcionamiento institucional.
Esto es, si los titulares del comité se encuentran inhabilitados por cualquier causa, la institucionalidad debe seguir operando y, con ello, la subrogancia para el caso de los subsecretarios de los respectivos ministerios”. La Contraloría, siendo requerida, debiera imponer el funcionamiento institucional", Eugenio Evans, académico Derecho UC Sin embargo, el académico de la Universidad de Chile y Master of Laws de la Universidad de Cornell, Julio Pallavicini, sostiene que la silla principal del comité podría ser ocupada por alguien de otro ministerio distinto al de Medio Ambiente. "Esto es algo que deberá zanjar la Contraloría. La presidenta del comité es la ministra del Medio Ambiente.
La regla general dice que debería ser reemplazada por el subsecretario, pero el artículo 71 de la Ley 19.300 (Bases del Medio Ambiente) dice que, en caso de ausencia o impedimento del presidente, este será reemplazado por el ministro que corresponda según el orden que el artículo establece. Y en la ley, luego del Medio Ambiente, figura Agricultura", reflexiona el experto, que agrega que podría darse una situación bastante especial. Un caso polémico Otro reto que tendrá el comité será no repetir la argumentación de 2023 que volvió sobre antecedentes ya abordados previamente.
Según la abogada en Arteaga Gorziglia, Paulina Cafena Jottar: "Esta nueva resolución deberá ajustarse completamente a lo resuelto en la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de abril de 2021, por cuanto esta sentencia se encuentra firme, con lo cual tiene efecto de cosa juzgada". En cuanto al ámbito político, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Sergio Gahona, sostiene que, hasta el momento, "el gobierno solo toma medidas dilatorias”. "Aquí hay que acatar los fallos judiciales y yo espero que la Corte Suprema coincida con el Tribunal Ambiental en el sentido de considerar elementos técnicos para poder desarrollar la aprobación de un proyecto que tantos años lleva esperando por el desarrollo sostenible de la región de Coquimbo", puntualiza. Esta nueva resolución deberá ajustarse completamente a lo resuelto en la sentencia del Primer Tribunal Ambiental", Paulina Cafena, abogada Arteaga Gorziglia