Autor: Fernando Sepúlveda Director regional del Sernac
Columnas de Opinión: Derecho a retracto en la educación superior
Columnas de Opinión: Derecho a retracto en la educación superior ada mes de enero, miles de jóvenes y sus familias enfren'tan una de las decisiones más importantes de sus vidas: elegir dónde estudiar una carrera. Se trata de un proceso cargado de expectativas, pero también de incertidumbre, especialmente cuando los resultados de admisión obligan a tomar definiciones en plazos acotados. En ese contexto, el derecho a retracto en la educación superior cumple un rol fundamental para resguardar la libertad de elección de las y los estudiantes. Este derecho existe precisamente para evitar que una decisión tomada de manera anticipada termine transformándose en un perjuicio económico para las familias.
La normativa vigente es clara: las y los estudiantes de primer año que se hayan matriculado previamente en universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica pueden desistir de ese contrato dentro de un plazo de 10 días corridos desde la publicación de los resultados del proceso de admisión. Este año, dicho plazo se extiende hasta el jueves 29 de enero, permitiendo recuperar los montos pagados, con una retención máxima de sólo un 1% del arancel anual, destinada exclusivamente a cubrir costos administrativos. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que este derecho no siempre es respetado. En el SERNAC hemos recibido reclamos asociados a demoras injustificadas en la devolución de dineros, negativas indebidas a tramitar el retracto o exigencias adicionales que no están contempladas en la ley. Estas prácticas no sólo contravienen la normativa vigente, sino que afectan directamente a estudiantes y familias que realizan importantes esfuerzos económicos para financiar la educación superior. Cuando una institución obstaculiza el ejercicio del retracto, no se trata de un simple trámite administrativo. Se genera una situación de desprotección que impacta la posibilidad real de tomar una decisión informada sobre el futuro académico, en un momento particularmente sensible para miles de jóvenes. Por ello, es fundamental que las instituciones de educación superior actúen con responsabilidad y profesionalismo, facilitando los procesos, entregando información clara y realizando las devoluciones dentro de los plazos establecidos. Del mismo modo, es clave que las y los estudiantes conozcan este derecho y lo ejerzan cuando corresponda. Avanzar hacia una educación superior más justa y transparente exige que las normas se cumplan sin condiciones ni obstáculos. El retracto no debe convertirse en un trámite desgastante ni en una fuente de incertidumbre para las familias, sino en una herramienta efectiva que permita corregir decisiones y resguardar la confianza en el sistema.
Garantizar su correcto funcionamiento no sólo es una obligación legal, sino también una señal de compromiso con las y los estudiantes de nuestro país y con un sistema educativo que debe poner siempre a las personas en el centro. Autor: Fernando Sepúlveda Director regional del Sernac. C Columna