CARTAS: Una debilidad
CARTAS: Una debilidad Señor Director: El 66% de los ministros del Presidente electo son independientes. Mucho más que el primer gabinete de Sebastián Piñera en 2010, en que el 40% lo eran. Esto representa una seria debilidad para el futuro gobierno. Para empujar su agenda, el Presidente debe alinear los intereses de los legisladores con los de su administración. Una herramienta que facilita este propósito es el nombramiento de ministros pertenecientes a los partidos con representación en el Congreso. Sin embargo, con el diseño del gabinete actual, el Presidente probablemente tendrá un menor grado de apoyo e influencia sobre el Legislativo. Esto podría derivar en mayores dificultades para establecer su agenda, materializar su programa o, lo que es peor para el futuro gobierno, que otro(s) actor(es) político (s) exploten esa debilidad. El problema se acrecienta si tenemos en cuenta que ni siquiera existe una coalición formal detrás del gobierno y que la actual oposición, excluyendo al PDG, posee minoría en ambas cámaras. El diseño del gabinete debiese ser reconsiderado, incorporando a representantes de partidos como estrategia para que el Presidente electo posea el poder necesario para realmente gobernar.
De lo contrario, es previsible tanto el estancamiento legislativo como cartasaldirector@mercurio.cl Usted puede comentar lo publicado en nuestro blog: http//www.elmercurio.com/blogs Las cartas enviadas a esta sección deben ser cortas, no exceder de un máximo de 350 palabras y consignar la individualización completa del remitente, incluyendo su número telefónico. El diario no puede verificar la identidad del autor y reproduce la indicada por este. La Dirección se reserva el derecho de seleccionar, extractar, resumir y titular las cartas, sustrayéndose a cualquier debate con sus corresponsales. No se devuelven las cartas que no son publicadas. un vacío de poder que puede ser aprovechado por la futura oposición. ALFONSO ESPAÑA M. Incendios y legislación Señor Director: La tragedia que golpea a la zona de Concepción, con incendios devastadores, nos obliga como Estado a acelerar las transformaciones normativas que el territorio exige. Como Ministerio de Vivienda y Urbanismo, observamos con preocupación cómo la emergencia expone las fracturas de nuestro modelo de desarrollo. Enfrentamos una fricción crítica en la interfaz urbano-rural. Por un lado, áreas urbanas que intentan seguir normas de seguridad; por otro, crecimientos espontáneos, campamentos en zonas de riesgo y parcelaciones de agrado sin planificación básica.
Sumemos la falta de regulación de las plantaciones forestales, que al colindar con zonas pobladas actúan como propagadores de fuego y bloquean rutas de evacuación críticas, dejando a familias atrapadas y dificultando el acceso de los equipos de emergencia.
Si comparamos los incendios de la Región de Valparaíso de 2024 con los de Concepción, vemos que si bien la vulnerabilidad es el factor común, en el Biobío la vasta continuidad de la masa forestal y la dispersión habitacional multiplican la dificultad del combate y la reconstrucción. Reconstruir no es solo levantar muros; es lidiar con la regularización de títulos y la difícil decisión ética de no permitir la reedificación en lugares de riesgo. La Ley 21.741 (2025) fortalece nuestra respuesta al permitir ajustes excepcionales y acelerados de los planes reguladores. Hoy podemos reconocer sectores consolidados afectados, incorporar áreas de riesgo de manera inmediata y establecer normas urbanísticas que orienten el uso del suelo bajo criterios de seguridad. Así se reducen drásticamente los tiempos de evaluación, permitiéndonos delimitar zonas de exposición y gestionar de manera más eficaz la configuración urbana en territorios vulnerables.
Para que esta planificación sea efectiva, necesitamos que el Congreso despache la Ley de Incendios, con el fin de establecer perímetros de protección obligatorios frente a la masa forestal; y el proyecto de Protección del Territorio y la Vida Rural, para frenar la expansión irregular que hoy carece de vías de evacuación. La Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) nos entrega permisos de reconstrucción simplificados para la emergencia, pero la verdadera prevención requiere un ordenamiento territorial preventivo y vinculante. La seguridad de las familias no puede depender de reacciones poscatástrofe, sino de una gobernanza que entienda que la ciudad y el bosque deben coexistir bajo reglas de protección mutua.
CARLOS MONTES CISTERNAS Ministro de Vivienda y Urbanismo No basta Señor Director: En carta publicada ayer, el arquitecto Enrique Vial sostiene que el ordenamiento territorial es clave en la prevención de desastres de incendios y propone una faja de uno o dos kilómetros de ancho que debiera establecer en zonas de interfaz una exclusión de la ocupación urbana y de la producción silvícola.
Pero el mero establecimiento de una faja de protección entre viviendas y vegetación, sea esta natural o introducida, con fines productivos o sin aprovechamiento comercial, no constituye en ningún caso una solución definitiva al problema de los incendios. Esta propuesta choca con una realidad que el autor de la carta parece desconocer. En la práctica, las franjas cortafuego o de protección son continuamente ocupadas por los habitantes de los poblados, presentándose una interfaz móvil pero permanente entre casas y bosque. De hecho, las empresas forestales han informado que miles de hectáreas de cortafuegos han sido ocupadas irregularmente para ampliar sus viviendas. Además, urbanizar estas franjas o darles usos recreacionales para evitar su usurpación, es de un costo prohibitivo para el Estado.
Por lo mismo, apelar a políticas de ordenamiento territorial en la interfaz urbano-forestal no pasa necesariamente por ampliar las franjas cortafuego, sino por enfrentar la ocupación informal de terrenos y la usurpación de las franjas ya existentes, además de erradicar poblados en zonas de riesgo en las cuales nunca debió permitirse su instalación.
JULIO TORRES CUADROS Ingeniero Forestal Transparencia en los precios Señor Director: Fue noticia que unos vendedores de droga mantuvieran sus precios publicados en un cartel, a vista y paciencia de los clientes del minimarket en el que realizaban su negocio. Sin duda, resulta casi increíble la osadía y la sensación de impunidad que deben tener estos criminales para actuar de manera tan abierta. Sin embargo, cabe señalar que, con toda probabilidad, respetaban los precios publicados en el cartel, el cual era perfectamente visible para sus desafortunados clientes. Esta simple regla de transparencia, clara incluso para esos antisociales, no siempre se cumple entre ciudadanos llamados a ejercer uno de los roles más importantes de la fe pública: los notarios.
Por supuesto, no es posible generalizar completamente, pero qué bueno sería que cumplieran con los precios publicados en sus propios recintos, tal como lo exige la ley, lo que lamentablemente en la práctica no suele ocurrir. SEBASTIÁN DANIEL DÍAZ GARCÍA. - - - - - - - - -