Informe de comisión investigadora sobre Pro Cultura develó escaso control en asignación de recursos
Nueve de sus 10 miembros lo aprobaron.
En cuanto a las responsabilidades políticas, plantea que “existe una evidente omisión en la activación de inhabilidades legales y éticas por parte de diversos gobernadores regionales”. ISABEL CHARLÍN REYES FOTO: ARCHIVO onelrespaldocasiunánime de los nueve diputados presentes, a excepción de Tomás de Rementería, quien optó porabstenerse, la Comisión Especial Investigadora sobre Pro Cultura aprobó el pasado lunes su informe.
En los primeros apartados del documento se señala que, a través de auditorías y fiscalizaciones realizadas por la Contraloría General de la República, seidentificaron reiteradas irregularidades administrativas y graves deficiencias en los controles sobre la asignación y rendición de fondos públicos.
En este contexto, el presidente de la comisión, Andrés Longton (RN), destacó que “el informe demuestra cómo Pro Cultura aprovechó deliberadamentelas instituciones para obtener ilegalmente recursos públicos”. Según explicó, “la fundación carecía dela experiencia necesaria, yen muchas ocasiones, se benefició de la cercanía y complicidad con ciertas autoridades políticas del gobierno, lo que facilitó la adjudicación de grandes sumas de dinero con escasos controles”. Además, señaló que “parte de estos fondos fueron utilizados para subcontratar a sus propios funcionarios, generando un esquema que permitió lucrar con dineros destinados alos sectores más vulnerables”. El documento revela que Pro Cultura recibió cuantiosas transferencias, principalmente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de su programa de Asentamientos Precarios y Recuperación de Barrios, además de aportes de diversos Gobiernos Regionales y municipalidades. En total, los fondos asignados ascendieron a aproximadamente 6 mil millones de pesos, distribuidos en al menos siete regiones del país.
Responsabilidades políticas: gobernadores En cuanto a las responsabilidades políticas, el informe plantea que “existe una evidente omisión en la activación de inhabilidades legales y éticas por parte de diversos gobernadores regionales, pese a existir claros y conocidos vínculos personales, políticos y laborales previos con Alberto Larraín, director ejecutivo de la Fundación Pro Cultura”. El informe también destaca que el Ministerio Público lleva a cabo investigaciones sobre posibles delitos, incluyendo fraude al fisco, apropiación indebida, tráfico de influencias y negociación incompatible, bajo la supervisión de la Fiscalía Regional de Coquimbo. Un aspecto clave abordado por la comisión es que estos hechos no constituyen casos aislados, sino que reflejan una problemática recurrente y sistemática que involucra a diversas instituciones y actores públicos.
Concluye que esimperativo mecanismos de control administrativo, mejorar los sistemas de fiscalización y adoptar medidas preventivas para evitar la repetición de estas prácticas discrecionales en la asignación de recursos públicos a entidades sin fines de lucro.
Respecto del gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo (PS), el informe sostiene que “enfrenta actualmente investigaciones por la omisión negligente en la supervisión efectiva de fondos públicos por parte de Pro Cultura”, situación que ya motivó un juicio de cuentas por parte dela Contraloría contra él y otros cinco funcionarios del Gobierno Regional de Ñuble, por no haber supervigilado las rendiciones de un proyecto de $268 millones.
El caso se originó en 2022, cuando el Gobierno Regional asignó directamente $268.100. 000 a Pro Cultura La comisión Procultura fue creada en noviembre pasado, y estuvo formada por 10 diputados(as). Mil millones de pesos fueron los fondos asignados a Pro Cultura por el Minvu, gobiernos regionales y municipios, los cuales fueron distribuidos en al menos siete regiones del país, en el marco de distintos convenios. INSTANCIA PROPONE AVANZAR EN LEGISLACIÓN QUE REFUERCE LA PROBIDAD Y LA REGULACIÓN DE TRANSFERENCIAS Cheque en blanco comprobó “debilidades significativas en los controles asociados a la entrega y rendición de recursos públicos.
Esta situación ha sido correctamente definida como la entrega institucional de un auténtico cheque en blanco”, otorgado sin una adecuada revisión ni fiscalización preliminar respecto de la capacidad técnica, experiencia real, solvencia administrativa y económica de la fundación beneficiaria”. para el programa “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble”, actividad que segúnla autoridad, sí se realizó. Paralelamente, Crisóstomo enfrenta una investigación penal que dirige actualmente el fiscal Regional de Coquimbo Patricio Cooper. En octubre fue citado a declarar como imputado, e hizo uso de su derecho a guardar silencio, En el caso del juicio de cuentas, podría derivar eventualmente en la obligación de restituir los fondos. Luego de conocerse el informe, queda esperar su ratificación en la sala y lo que determine la Fiscalía, cuya investigación podría derivar en formalizaciones.
Conclusiones Entre las principales conclusiones del informe se destacan: falta de evaluación institucional, lo que permitió que Pro Cultura recibiera recursos sin mayores restricciones; conflictos de interés en la asignación de fondos públicos, evidenciando vínculos personales, políticos y comerciales entreintegrantes de la fundación y autoridades responsables de recursos; omisión de inhabilidades y falta de transparencia en los vínculos entre gobernadores regionales y Pro Cultura; falta de claridad en las transferencias de dinero a la fundación; y dificultad del Estado para recuperar los fondos otorgados a Pro Cultura. Finalmente, el informe propone avanzar en proyectos legislativos orientados a reforzar la probidad y la regulación de transferencias dentro de la Administración Pública. Asimismo, recomienda destinar más recursos ala Contraloría para aumentar fiscalizadora mediantela contratación de más personal especializado.