Cartas: Expropiación de Caleta Sierra
Cartas: Expropiación de Caleta Sierra Señor Director: La semana pasada, el alcalde de Litueche advirtió en estas páginas sobre decisiones adoptadas por autoridades del Estado en los últimos días de una administración, que dejan compromisos o “amarres” difíciles de revisar por quienes ahora asumirán responsabilidades públicas. Algo similar parece estar ocurriendo hoy en la Región de Coquimbo.
El Ministerio de Bienes Nacionales anunció recientemente la expropiación de terrenos de mi propiedad en el sector de Caleta Sierra, comuna de Ovalle, tras más de dos décadas de un conflicto que el propio Estado no logró resolver oportunamente. Durante este tiempo, distintos organismos públicos reconocieron el dominio privado del predio y exploraron alternativas para ordenar el uso del sector. Sin embargo, la falta de definiciones oportunas permitió la consolidación de ocupaciones irregulares y decisiones administrativas adoptadas sin condiciones jurídicas básicas resueltas.
Entre ellas, la inexistencia durante años de una línea oficial de playa que delimitara con certeza el bien nacional de uso público, así como la ausencia de evaluaciones ambientales exigibles para obras de infraestructura portuaria ejecutadas en el lugar.
A ello se suma un elemento especialmente delicado: el sector se emplaza en una zona que las propias autoridades reconocen como de riesgo de inundación por tsunami, condición que debiera haber sido central al evaluar asentamientos permanentes o inversiones públicas. Todos estos antecedentes fueron informados oportunamente a las autoridades.
Pese a ello, el proceso parece haber terminado en una decisión comunicada a última hora que busca cerrar el problema mediante una expropiación que, más que resolver las inconsistencias acumuladas, amenaza con consolidarlas, y que hoy es celebrada junto a parlamentarios como un logro de la Ley de Caletas.
Este no es un conflicto con la pesca artesanal ni con las familias del sector, sino un problema institucional sobre cómo el Estado enfrenta situaciones complejas cuando se combinan presiones políticas, ocupaciones consolidadas y decisiones administrativas adoptadas sin el rigor que exige la ley. Por lo mismo, resulta razonable esperar que las nuevas autoridades revisen este caso antes de que sus efectos se consoliden plenamente. CLAUDIO KHAMIS Propietario Fundo Corral de Julio.