Autor: Jodi Kantor y Abbie Vansickle / The New York Time:

El debate de ética en la Suprema: ¿ quién juzga a los jueces?
En reuniones privadas y memos, los magistrados establecieron nuevas normas para ellos mismos, pero luego se dividieron en cuanto a si estas se podían, o se debían, hacer cumplir.
Uando terminó el verano de 2023, los jueces de la Cor C te Suprema de Estados Unidos empezaron aintercambiar memos incluso más confidenciales que lo habitual, evitando su lista de correo electrónico regular y dejando, en cambio, documentos escritos en sobres en los despachos de los otros. Al verse enfrentados a controversias de ética y una caída en la confianza pública, estaban debatiendo normas para su propia conducta, según personas al tanto del proceso. Semanas más tarde, como un frente unido, anunciaron los resultados: su primer código de ética. “Es notable que hayamos podido llegar a un acuerdo unánime”, manifestó el juez Neil Gorsuch en una entrevista de televisión este año. Sin embargo, una exploración del New York Times encontró que tras bambalinas, la corte se había dividido sobre si las nuevas normas se podían —o se debían— hacer cumplir alguna vez. Gorsuch fue enfático al oponerse a cualquier mecanismo de imposición más allá del cumplimiento voluntario, y sostuvo que las medidas adicionales podrían socavar la corte. La fortaleza de los jueces era señaló, y se comprometió a no tener parte alguna en la disminución de esta.
En los intercambios privados el juez Clarence Thomas, cuya decisión de no revelar décadas de regalos y vacaciones de lujo de benefactores ricos provocó la controversia de ética, y su par Samuel Alito descartaron alos críticos del tribunal considerándolos personas motivadas políticamente e imposibles de llegar a una conciliación. Los tres jueces liberales, en tanto, insistieron en que las normas tenían que ser más que promesas loables, pero su argumento no tuvo una posibilidad.
Para reconstruir este debate The New York Times entrevistó a personas tanto de la corte como ajenas a esta, lo que incluyó a liberales y conservadores, quienes hablaron con la condición de permanecer en el anonimato para poder analizar los procedimientos y puntos de vista de los jueces. Este artículo también recurre a declaraciones públicas de los magistrados, quienes declinaron entregar algún comentario. Si bien la corte recibió elogios por establecer normas de CORTE DE ESTADOS UNIDOS ética, la falta de una cláusula que las haga cumplir ha sido criticada por expertos en ética y figuras de izquierda. Unaño más tarde, esta discusión se ha convertido en uno más amplio. El Presidente Biden y legisladores demócratas han pedido un código más severo. Las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson han prometido apoyar un mecanismo de imposición. Expertos jurídicos externos han hecho circular propuestas que contarían con la orientación de otros jueces federales. La resistencia conservadora ha sido firme y a veces furiosa. Ahora la elección del ex Presidente Donald Trump, y una nueva era de gobierno republicano, están elevando las apuestas por una rama que se supone que sirve como una barrera de protección independiente. Muchos estadounidenses ya consideran que la corte, que tiene una supermayoría conservadora, es parcial. Y los jueces parecen estar divididos en cuanto a qué tan lejos llegar para asegurar que las normas se cumplan. Fuera de la corte, los críticos dicen que están tratando de reforzar la confianza en la institución al exigir estándares similares a los de magistrados de tribunales de primera instancia.
Debido a que nadie ajeno al máximo tribunal está involucrado en hacer cumplir el nuevo código, este carece “de dar a los jueces una oportunidad de mirarse en el espejo”, señaló Jeremy Fogel, juez federal jubilado —designado por el Presidente Bill Clinton— y experto en ética judicial. No obstante, muchos conservadores sospechan de los liberales.
“Desconfío de los llamados a una reforma o a un cambio, porque están muy motivados por la antipatía hacia las actuales decisiones de la corte”, aseveró Thomas Griffith, juez federal jubilado —designado por el Presidente George W. Bush—. Él y otras personas sostuvieron que una supervisión más estricta podría debilitar la integridad del tribunal, porque se podría utilizar como un arma o causar una guerra constante sobre qué jueces verían cada caso. Mientras Fogel y Griffith exponían puntos de vista opuestos, reconocían el peligro de un debate que se divida según líneas partidistas. “No se trata de un tema de azul o rojo”, dijo Fogel. “Si la confianza en la Corte Suprema se hunde, entonces la confianza en todo el sistema se hunde”, añadió. Un debate a puertas cerradas Por su delicadeza, las conversaciones se trataron con sigilo. En lugar de los temas jurídicos habituales, los magistrados estaban lidiando con controversias sobre finanzas, regalos de amigos y algunas de las normas de su propia institución. Durante años, el presidente de la Suprema, John Roberts, seresistió a que la corte tuviera las mismas normas de ética de los jueces federales. Además del antiguo código, esos magistrados pueden contar con un comité que ofrece asesoría.
Cualquier queja de ética que surja se envía a los presidentes de los tribunales del circuito, quienes pueden convocar a otros jueces para que investiguen, y si es necesario, tomen medidas que van desde una advertencia discreta hasta la censura.
Los 50 estados tienen métodos para examinar quejas sobre miembros de sus tribunales superiores, y recientemente el senador Sheldon Whitehouse, demócrata de Rhode Island, emitió un informe sobre cómo los miembros de la Corte Suprema de un Estado están sujetos a una supervisión de ética. Pero el máximo tribunal de la nación no tiene ese sistema, lo que refleja su singular poder, y los jueces tienen la última palabra, porque así está estipulado.
La permanencia en el cargo es vitalicia, excepto por la amenaza improbable de un enjuiciamiento político, y aunque una oficina jurídica ofrece asesoramiento de ética a quienes lo soliciten, el consejo no es vinculante, y no todos lo han buscado en forma consistente. En 2011, tras una controversia ética, Roberts escribió que si bien él y sus colegas consultaron el código de conducta del tribunal de primera instancia, no tenían “ninguna razón” para adoptarlo como su guía definitiva. “Ninguna recopilación de normas de ética puede garantizar la integridad”, agregó. Los miembros de la corte siguieron aceptando regalos. En 2013, el juez Stephen Breyer viajó a Nantucket, lo que fue pagado por un magnate de los títulos privados. Cuando el juez Antonin Scalia murió en 2016, estaba en un lujoso refugio de caza en Texas, cortesía de un empresario cuya compañía había obtenido un resultado favorable de la corte. La jueza Ruth Bader Ginsburg recorrió Israel en 2018 invitada por un multimillonario cuya compañía se había beneficiado, un año antes, cuando los jueces declinaron abordar un caso de patentes. En 2019, la jueza Kagan mencionó que el presidente del tribunal estaba explorando una reforma de ética, pero nada se concretó.
El año pasado la presión se intensificó, luego que se revelara que el juez Thomas había aceptado mucha más generosidad de Harlan Crow, un donante conservador, que la que había revelado, incluyendo décadas de viajes en jets privados y un superyate, y la colegiatura de un internado para su sobrino nieto. El revuelo público también reflejó otra preocupación: Virginia Thomas, su esposa, había estado involucrada en los esfuerzos de Trump para anular las elecciones de 2020. La confianza pública en la corte estaba disminuyendo. Los legisladores estaban abriendo investigaciones y proponiendo Pu. Los 50 estados tienen métodos para examinar quejas sobre miembros de sus tribunales superiores, a diferencia de la Corte Suprema del país. normas más estrictas para el reporte de ética. En mayo de 2023 el presidente de la Suprema señaló que la corte podría tomar nuevas medidas para “adherirse alos estándares más altos” de conducta. Tres meses más tarde entregó a sus colegas el primer borrador del código que fue preparado por el juez Robert Dow, quien lo asesora. Se diseñó de acuerdo al modelo del código que rige para los jueces federales, según varias personas al tanto del proceso. Los magistrados analizaron la propuesta en su sala privada y a través de memos. Uno del juez Gorsuch, que planteaba dudas y advertencias, tenía más de 10 páginas. “ ¿ Quién va a hacerlas cumplir?” A medida que trabajaban, se apegaban a las normas que regían para otros jueces federales, y también parecían codificar sus preferencias. El nuevo código, con partes como “Integridad” y “Evitar laincorrección”, abordaba asuntos como qué compensación aceptar de organizaciones externas y cuándo recusarse, o alejarse, de un caso. En algunas áreas, prometían lo obvio: no hacer discursos a favor de candidatos políticos o participar en causas en que tengan intereses financieros. Pero no se autoimpusieron restricciones firmes en cuanto aregalos, viajes o acuerdos inmobiliarios. Nada en las nuevas normas parece apuntar directamente a aquellos aceptados por el juez Thomas.
El código dice solo que deberían mantener la dignidad del cargo y cumplir con las pautas existentes en normas federales separadas, las que toman en cuenta la “hospitalidad personal”. Thomas ha sostenido que su no revelación de regalos y viajes gratis no violaba esas reglas.
Sarah Isgur, una de las presentadoras de “Advisory Opinions”, un podcast sobre el tribunal, manifestó que los jueces parecían estar tratando de preservar cierta amplitud en medio de las limitaciones impuestas por las amenazas de seguridad, las protestas y las miradas escrutadoras.
“Ellos ya están muy aislados”, sé silas personas aprecian totalmente cuál es la vida de un juez de la Corte Suprema”. Así, se dieron excepción para acuerdos y ventas de libros, una de las pocas formas en que obtienen ingresos independientes considerables. La jueza Sonia Sotomayor ha recibido cerca de US$ 3,7 millones por sus memorias y libros infantiles; Jackson le pagaron alrededor de US$ 3 millones por su autobiografía. El avance que la jueza Amy Coney Barrett recibió por su próximo libro fue de unos US$ 2 millones.
Sotomayor había sido criticada por utilizar a funcionarios de la corte para eventos relacionados con sus libros; ahora se dieron permiso explícito para contar con personal y recursos de los despachos para actividades permitidas por el código.
Sobre la pregunta de cuándo alejarse de un caso por un conflicto de intereses, redactaron una política —más laxa que la de los jueces de primera instancia— en la que cada uno decide, rara vez tienen que retirarse y nunca deben compartir su argumento. Varios, en conversaciones internas, enfatizaron su “deber de sentarse” u obligación de atenderlos casos: si uno se recusa, no hay nadie más que pueda ocupar su lugar. Tampoco proporcionaron métodos para quejas o recusaciones.
El juez Fogel, experto en ética, señaló que los magistrados se pusieron ellos mismos en “un casillero en el que nunca se quiere estar como juez, que es evaluar sus propias recusaciones sin un proceso independiente para revisar su juicio”. Mientras estaban formulando estas normas, los casos sobre las elecciones de 2020 y sus consecuencias se estaban abriendo paso hacia la corte. A pesar de la implicación de la esposa del juez Thomas, este solo se recusó de uno de ellos, que involucraba a uno de sus exsecretarios. La desviación más significativa de las normas de los tribunales de primera instancia, y la división más aguda entre los magistrados, fue sobre si tenían que hacer cumplir las reglas que estaban formulando. Las tres liberales —las juezas Sotomayor, Kagan y Jackson— apoyaron la imposición.
En un intento por hacer que un nivel más alto de inspección fuera aceptable para sus colegas, Kagan propuso un paso inicial, que involucraba a un pequeño grupo de jueces federales veteranos, según personas al tanto de los debates. Esbozó algo que llamó un sistema de “puerto seguro”, que daría a los jueces de la Suprema un incentivo para consultar a los magistrados sobre temas de ética. Luego, si recibían críticas —por ejemplo, de aceptar un regalo— podrían responder que habían obtenido autorización de antemano. “Hay muchos jueces en este país que podrían hacer una labor como esa en una forma muy imparcial y seria”, aseguró kagan en una aparición pública este año. Esa modesta propuesta, sin embargo, no llegó a ninguna parte.
El juez Gorsuch —primer designado de Trump para la corte—, es conocido por su línea de “nadie me dice lo que tengo que hacer”, con advertencias sobre la extralimitación del gobierno y un historial de fallos libertarios, a veces impredecibles.
Cuando era adolescente, vio a su madre, quien era directora de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, enfrentarse a una dura investigación del Congreso por el mal manejo de un programa de residuos tóxicos y, finalmente, renunciar. Cuando los magistrados debatían sobre temas éticos, Gorsuch trabajaba en un libro que afirmaba que los estadounidenses estaban padeciendo de demasiadas leyes. Advirtió a los colegas que laimposición podría socavar laindependencia de la corte al poner a otras figuras en posición de juzgar a los jueces, según varias personas al tanto de los debates. El juez Alito se hizo eco de algunas de esas preocupaciones. La supervisión de los supremos es un verdadero dilema, afirmó Wallace B. Jefferson, expresidente de la Corte Suprema de Texas, elegido como republicano. Apoya la imposición, pero “¿ cómo hace cumplir cosas en este entorno político?”, expresó en una entrevista. “¿Quién va imponer las normas y cómo asegura que ese proceso sea imparcial?”, agregó.
El poder de juzgarse a sí mismos En el otoño de 2023, el presidente de la Suprema, al parecer decidido a terminar con algo que mostrarle al país, hizo circular una versión revisada del nuevo código e instó a sus pares a que lo suscribieran, según personas del tribunal. No había ningún medio para hacerlo cumplir. Los jueces liberales decidieron que eso era lo mejor que podían obtener, al menos por el momento. Los nueve miembros de la corte firmaron. Desde entonces, han continuado las preguntas sobre el comportamiento de los magistrados. El New York Times publicó que hubo dos banderas provocadoras asociadas con los disturbios del 6 de enero desplegadas en las casas del juez Alito. Ese verano, también aceptó entradas para el concierto de una princesa alemana de extrema derecha. Más tarde lo reveló, pero según las nuevas normas, no dijo nada sobre su estadía gratuita en el palacio bávaro de 500 habitaciones. Este año, la jueza Jackson también reveló que había aceptado casi US$ 4 mil en entradas para un concierto de Beyoncé y US$ 12.500 en obras de arte para decorar sus despachos. Luego, la magistrada Kagan hizo público el debate sobre la imposición. “Las normas por lo general tienen mecanismos de imposición ligados a ellas, y esto —me refiero a este conjunto de normas— no las tiene”, aseveró en una reunión de jueces federales en julio. Y Jackson, en una gira relacionada con su libro, ha insinuado que el asunto sigue abierto. “No he visto una buena razón de por qué el código de ética que adoptó la Corte Suprema no se debería hacer cumplir”, manifestó en una entrevista de un podcast.
“Otros jueces han planteado ciertas formas en las que se podría hacer cumplir, pero aún no hemos determinado o decidido hacer eso”. Al mismo tiempo, grupos ajenos al tribunal han expuesto sus propuestas de imposición, con la idea de atraer el apoyo de los jueces o mantener activa la conversación.
El Colegio de Abogados de Nueva York emitió un informe en el que pide al Congreso que imponga cambios e instó a que se cree un panel de jueces federales encargado de examinar —y remitir a un inspector general— las quejas sobre mala conducta por parte de jueces relacionadas con recusaciones y regalos.
El juez Fogel y Noah Bookbinder, quien dirige una organización sin fines de lucro que apunta a la reforma ética y transparencia del gobierno, enviaron alos magistrados su propuesta, que permitiría que los litigantes presenten una moción para descalificar a un juez por conflictos de intereses y soliciten una revisión de las preocupaciones en torno ala ética. Para los jueces, el proceso sería confidencial y no vinculante. Algunas réplicas han sido acusatorias. Leonard Leo, activista que por años ha trabajado para llevar al máximo tribunal hacia la derecha, acusó a los demócratas de tratar de destruir “una corte con la que no están de acuerdo”. Kelly J. Shackelford, presidente de First Liberty Institute y destacado conservador, dijo que los esfuerzos de la jueza Kagan eran “un poco traicioneros”. El juez James C.
Ho, designado por Trump y a menudo mencionado como un candidato para la Suprema, sostuvo que la discusión “no es un debate legítimo de ética”. El exsecretario del juez Gorsuch, James Burnham, publicó un ensayo con advertencias similares a aquellas que su exjefe hizo en privado. La imposición de normas de ética podría “desestabilizar un sistema legal que nos ha protegido a todos durante mucho tiempo”, agregó en una entrevista. Ya que en enero Trump va a asumir un segundo mandato, y los republicanos liderarán el Congreso, es probable que la presión política sobre la corte disminuya. El poder para juzgar los actos de los jueces puede que siga estando donde siempre: en las propias manos de los magistrados. “Veamos qué pasa”, expresó el juez Griffith. “Mi instinto es que veamos si podemos dejar que arreglen esto ellos mismos”.