Paralización judicial pone en riesgo 131 empleos y $220 millones mensuales en proyecto inmobiliario
Paralización judicial pone en riesgo 131 empleos y $220 millones mensuales en proyecto inmobiliario U na decisión judicial mantiene en incertidumbre a 131 trabajadores, más de 500 proveedores y familias que ya firmaron la promesa de compra de su futura vivienda.
El proyecto San Nicolás, de la Inmobiliaria y Constructora Delabase III S.A., ligado a las familias Guendelman y Salinas, fue paralizado por orden del Segundo Tribunal Ambiental, pese a haber sido aprobado por todos los organismos técnicos del Estado. La inversión supera las 540.000 UF (más de $21 mil millones) y enfrenta pérdidas diarias por $7,4 millones --más de $220 millones mensuales-en costos de mano de obra, arriendo de equipos y gastos generales. Además, hay riesgo de multas por hasta $3.200 millones, debido a 166 promesas de compraventa ya firmadas. El proyecto, con un 80% de avance en una de sus torres, fue evaluado durante más de dos años por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), junto a Salud, Transportes y Desarrollo Social. Incluso fue el primero en San Miguel en activar de forma voluntaria un proceso de participación ciudadana.
Sin embargo, en julio, el Segundo Tribunal Ambiental anuló su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), citando la imposibilidad de descartar un posible riesgo sanitario por la presencia natural de arsénico en el suelo, aunque no se presentó nueva evidencia técnica que respaldara esa duda, según fuentes ligadas al proceso. Ante este escenario, el SEA presentó un recurso de casación en la Corte Suprema, señalando que el fallo se basó en una valoración incorrecta de la prueba.
La inmobiliaria hizo lo mismo y solicitó al Tribunal Ambiental suspender los efectos de la sentencia mientras se resuelve el recurso, para evitar daños económicos. "El arsénico sería removido o quedaría cubierto bajo la infraestructura, sin contacto con la población", ha sostenido el SEA. Según fuentes de la empresa, en los próximos días el tribunal debe resolver si suspende o no los efectos del fallo mientras se pronuncia la Corte Suprema. Iniciativa fue aprobada en marzo del año 2023 por el SEIA..