Autor: E. CANDIA

DD.HH. abre flanco a Rabat, en medio de negociaciones clave en el Congreso
DD.HH. abre flanco a Rabat, en medio de negociaciones clave en el Congreso Un auspicioso debut en el Congreso tuvo el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, cuando a pocos días de asumir se presentó en la sala del Senado, donde se votaría la reforma a Gendarmería.
Se trataba de un antiguo anhelo tras años de discusión, el cual se comenzó a concretar cuando a fines de 2025 la administración anterior ingresó un proyecto, el que luego del cambio de mando se despachó casi de forma unánime.
Ahora, las labores de custodia quedarán en manos del Ministerio de Seguridad, mientras las de reinserción social, en la cartera domiciliada en Morandé 107, que tiene un año para crear un órgano especializado en esta materia. n Una cartera “técnica” Aquello “pavimentó” el camino para enfocarse en otras reformas que cuentan con consenso, negociaciones avanzadas o, al menos, el acuerdo de discusión.
Por ejemplo, el cambio al sistema de nombramientos en el Poder Judicial, donde el Gobierno ya cedió al menos parcialmente a la idea de crear un consejo especializado para designaciones, a pesar de que esa no era su opción original. Las próximas semanas, también será revisada la nominación del magistrado Dinko Franulic para llenar una vacante en la Corte Suprema.
El subsecretario de Justicia, Luis Silva, en conversación con “El Mercurio” a principios de mes, recordaba que personas de la administración de los expresidentes Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric destacaban que este ministerio era una cartera “técnica”, “muy institucional” y “republicana, en el sentido tradicional del término”. n El “ruido” por desvinculaciones Sin embargo, la oficina de enfrente la Subsecretaría de Derechos Humanos, encabezada por Pablo Mira ha generado cuestionamientos a la administración de Rabat, principalmente, de organizaciones de DD.HH.
Ello, luego de que se desvinculara a la abogada Paulina Zamorano, quien trabajó en el ministerio por 14 años y cuyo último cargo fue como jefa del Programa de Derechos Humanos, designada por la administración anterior. Además, salieron otras dos jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda. Tamara Lagos, jefa del área de archivos e investigación documental y Magdalena Garcés, jefa del área de búsqueda y trayectorias.
Desde la cartera se explicó en esa oportunidad que eran cargos de “exclusiva confianza, que no presentaron sus renuncias el 10 de marzo, como lo hicieron otros funcionarios en esa calidad”. El cargo de Zamorano fue ocupado inmediatamente por Constanza Garrido, abogada con pasado en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En tanto, el lunes pasado ingresó el reemplazo de Garcés, según comunicaron desde la Subsecretaría de Derechos Humanos. Se trata de Javiera Schweitzer, abogada con más de una década de experiencia en protección de derechos humanos, derechos de la niñez y adolescencia y derecho penal en ámbitos nacionales e internacionales.
La vacante de Lagos aún no es llenada, pero desde la repartición comentan que se hará un proceso de movilidad interna. n Indultos, una tensión que se mantiene La tensión que provocaron estas desvinculaciones no ha desaparecido. Desde el inicio de la gestión de Rabat, los indultos anunciados por el Presidente José Antonio Kast en este ámbito mantienen en alerta a las organizaciones de DD.HH. Si bien las autoridades no han entregado mayores detalles, este medio pudo recabar la semana pasada que al menos siete condenados por lesa humanidad estarían solicitando el beneficio.
El secretario de Estado solo ha dicho que cada petición será evaluada en su mérito, lo que acrecienta la incertidumbre de familias y víctimas de violaciones a los derechos humanos. n La instrucción, el correo y la posibilidad de oponerse Y la tensión solo creció en la semana, cuando radio Bío Bío difundió un correo en que se dispone que los abogados de la cartera no apelen en causas en etapa de cumplimiento de pena. Aunque desde la subsecretaría explicaron que si los abogados lo estiman conveniente, pueden notificar a la jefa del programa. El correo en cuestión, enviado por Garrido, dice: “Como bien saben, en las últimas semanas he recibido instrucciones en orden a no alegar o apelar en causas en etapa de cumplimiento.
Ante esta situación, considero importante poder establecer algunos criterios de trabajo”. Y también agrega que “en aquellos casos en que la instrucción sea no apelar o no alegar, y con el fin de resguardar la trazabilidad, estimo conveniente que los/as abogados/as me envíen un correo indicando su intención de apelar o alegar.
Sobre esa base, daré respuesta señalando que, por decisión de la autoridad, se ha definido no apelar o alegar, junto con la fundamentación correspondiente”. Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos explicaron a este medio que “el correo habla sobre una decisión basada en el análisis caso a caso frente a tres causas específicas.
El mismo correo señala que para los casos siguientes que se presenten, siguiendo el Protocolo vigente desde el año 2017, se tendrá que hacer una evaluación por los abogados del programa, consignando la opinión de si se cree procedente alegar o no.
Es decir, menciona explícitamente que el análisis será caso a caso con un método de trabajo claro”. Lo anterior, “según el Protocolo de 2017, en el ítem II, punto 1, letra e), el cual se ha respetado en las últimas cuatro administraciones, la decisión de intervenir o no intervenir debe ser informada al Subsecretario de DD.HH., dando cuenta los antecedentes que justifiquen la intervención o no intervención”, aseguraron. n Continuidad de programas El último hecho que encendió nuevamente las alertas del mundo de los derechos humanos fue el oficio de Hacienda, que sugiere descontinuar el Programa de Derechos Humanos, en el marco del ajuste fiscal propuesto por el Gobierno. No obstante, ello no fue considerado por la cartera, según expresaron desde la misma.
Así lo comunicó Bernardita Vega, jefa de gabinete del subsecretario Mira, quien, mediante una comunicación a los funcionarios de la repartición, sostuvo que “les escribo por especial indicación del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, para señalarles que la sugerencia contenida en el Oficio Circular N 21, del Ministerio de Hacienda, relativa al Programa de Derechos Humanos, no será considerada en ningún sentido”. Y añade que “el Programa de Derechos Humanos forma parte de un mandato legal de esta subsecretaría y constituye un eje central de nuestro quehacer institucional”. Ya el subsecretario Mira había asegurado en entrevista con este medio que los tres programas relacionados a la materia se mantendrían.
A pesar de ello, quienes conocen cómo se van desarrollando los distintos temas en el ámbito de los derechos humanos, creen que al menos la entrega de los indultos, que sigue pendiente, puede volver a reactivar los cuestionamientos.
“La sugerencia contenida en el Oficio Circular n 21, del Ministerio de Hacienda, relativa al Programa de Derechos Humanos, no será considerada en ningún sentido”. EXTRACTO DE OFICIO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Autor: E. CANDIA. La posible liberación de condenados en causas de DD.HH. y eventuales cambios de criterios en programas son algunos de los hechos que han complicado en Morandé 107. Desde la cartera han asegurado la continuidad de los planes.
Ministerio de Justicia ha sido cuestionado por la materia: “La sugerencia contenida en el Oficio Circular n° 21, del Ministerio de Hacienda, relativa al Programa de Derechos Humanos, no será considerada en ningún sentido”. EXTRACTO DE OFICIO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS El ministro Fernando Rabat comenzó su gestión este 11 de marzo, tras ser nombrado por el Presidente José Antonio Kast.