Autor: Carlos Palma Guerra

Qué hacer frente a la violencia escolar y el consumo y tráfico de drogas
OpiniónFiscal Regional de AysénLos colegios, institutos o universidades debieran ser siempre un espacio de cuidado y protección para sus alumnas y alumnos, que buscan la superación personal y la obtención del conocimiento a través de la educación.
Sin embargo, sabemos que no siempre se plasma de esta manera y, lamentablemente, diversas formas de violencia ocurren en sus aulas o en su perímetro externo, involucrando a la juventud de Aysén, tanto en calidad de víctimas como imputados de conductas sancionadas en la ley.
Por cierto, la violencia escolar nos preocupa y ocupa, por lo cual este jueves se efectuó en el auditorio de la Fiscalía Regional de Aysén, una jornada en ese sentido organizada por la Subsecretaria de Prevención del Delito, a través de la Coordinación Regional de Seguridad Pública, en la cual participó -entre otrosel Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya y la Seremi de Educación, Isabel Garrido, sumado a representantes y encargados de convivencia escolar de diversos establecimientos educacionales de Coyhaique.
En esta instancia de capacitación se compartieron orientaciones respecto de la activación de protocolos y denuncias de delitos en los establecimientos educacionales, el abordaje en el ámbito escolar de delitos sexuales, indicadores de violencia sexual y asimismo la crianza de adolescentes responsables con representantes de la Fiscalía, Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos (CAVD) y el Programa Lazos. La violencia escolar no puede dejarnos indiferentes.
Ocurre a diario en los colegios y es por eso que en septiembre del añopasado firmamos como Fiscalía, un convenio de colaboraciónpara la prevención y tratamiento de la violencia escolar con la Subsecretaria de Prevención del Delito y la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Aysén, luego que en mayo del 2023 el Consejo Regional, en su Plan de Seguridad 2023, decidiera incluir la Violencia Escolar como problema emergente. Allí decidimos que era el momento de abordar este fenómeno bajo una mirada multidisciplinaria para lo cual necesitábamos la colaboración de otras personas e instituciones. Este año, el Plan Regional de Seguridad Pública volvió a priorizar este importante tema, luego de una consulta a lacomunidad, a fin de generar acciones en conjunto con una miradaintersectorial.
Acciones de capacitación como la desarrollada este jueves en el auditorio de la Fiscalía Regional, y a la cual tambiéncontribuimos, son una oportunidad para reflexionar sobre cómobrindamos la mayor protección y apoyo posible a las víctimas de este tipo de delitos en el contexto educacional con una atención especializada de profesionales. las Comunidades Educativas que Esta sinergia, entre adscribieron al convenio, la Delegación Presidencial y la Secretaría Regional Ministerial de Educación, nos permitiráavanzar deforma planificada y conjunta en materia deprevención y tratamiento de la violencia escolar ocurrida en los establecimientos educacionales.
Paralelamente, una muestra de nuestro interés por la educación y la formación de las personas es nuestro programa “Monitores Antidrogas”, el cual se ejecutará, por séptimo año consecutivo, a partir del próximo jueves 5 de septiembre a las 16.00 horas.
Este programa de Monitores Antidrogas, con cinco clases presenciales, incluye a alumnos de enseñanza básica y media, donde compartimos talleres asociados a la ley de drogas, destinados a crear conciencia en la comunidad escolar sobre los riesgos del consumo de estupefacientes, adicciones y posibles delitos en los que pueden verse involucrados como víctimas o imputados. En estos años de funcionamiento, hemos logrado certificar a578 alumnas y alumnos participantes de toda la región. Se trata de un programa único a nivel nacional y la experiencia ha sido muy reconfortante.
Como Fiscalía, deseamos marcar una diferencia positiva en bien de la comunidad y creemos que la violencia escolar y, paralelamente, el consumo y tráfico de drogas, son problemasque requieren la máxima atención, porque aquellos delitos que ocurren en el contexto educacional pueden desembocar en otros más graves y nefastos para la sociedad..