Autor: ALEJANDRA ZÚÑIGA

Informe advierte que 24% de niñas en residencias podría estar en riesgo de explotación sexual
Informe advierte que 24% de niñas en residencias podría estar en riesgo de explotación sexual Las primeras señales de alerta frente al fenómeno de la explotación sexual infantil son las salidas no autorizadas de los menores que están en residencias del Servicio Nacional de Protección Especializada o la denuncia por presunta desgracia que presentan sus familiares o cuidadores. Así al menos lo plantea el último boletín de la plataforma “Actuar es Urgente”, que busca monitorear las recomendaciones que ha recibido el Estado para acabar con este ilícito. Y en eso pone su foco.
Para ello se analizaron los protocolos de las instituciones que tienen a cargo las tareas de búsqueda, cuando ya se han levantado situaciones de riesgo de explotación, pero, sostiene el informe, “todas estas medidas son reactivas”, siendo una de sus conclusiones, según datos a 2023 de la Defensoría de la Niñez y de la Fiscalía Nacional, que el 24% de las niñas y jóvenes ingresadas en residencias podría estar en riesgo de explotación sexual, donde el 89% de las víctimas es de sexo femenino.
“De esta información es posible estimar que para las jóvenes de entre 16 y 17 años que viven en residencias, una de cada tres podría estar siendo victimizada”, comenta Rafael Rodríguez, gerente de desarrollo de Fundación San Carlos de Maipo.
Y añade que “las residencias de cuidados alternativos del Servicio Nacional de Protección Especializada son espacios que no logran proteger a los niños y adolescentes que están en riesgo de ser atrapados por redes de explotación sexual”. El director de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Explotación Sexual de la Fiscalía Nacional, Maurizio Sovino, comenta que llevan varios años “viendo lo preocupante que es la situación de la explotación sexual al alero de los centros residenciales del Estado () y es por eso que se han llevado a cabo múltiples acciones con el intersector para tratar de perseguirSe analizaron protocolos y cifras de organismos involucrados en su búsqueda y cuidado:ZEPOLODRAUDENAUJtipifiquen estas conductas y las sancionen en forma coherente con su gravedad”, precisa.
Para el director ejecutivo de Corporación María Ayuda, Ignacio Concha, es importante que esta realidad “se posicione como una problemática que necesita un abordaje especializado y del trabajo colaborativo entre el Estado y sociedad civil”. “Requiere el esfuerzo mancomunado de todo el intersector, donde la capacitación y formación de los equipos residenciales sea uno de los aspectos centrales que se vea respaldado y complementado con el trabajo desde los otros espacios donde los niños, niñas y adolescentes desarrollan parte de sus actividades, como colegios e incluso centros de salud a los que concurren”, dice. A lo que Sovino agrega que “no es solo responsabilidad del servicio de protección especializada, sino del resto del Estado.
Por ejemplo, tenemos adolescentes con consumo problemático de sustancias y Salud tiene que activarse ahí (). Debería haber una articulación estatal, viendo esto también como un tema de seguridad pública”. Adoptar medidas con múltiples focosLos expertos detallan líneas de acción frente al fenómeno. Concha plantea que “es clave un enfoque preventivo” que apunte a potenciar estrategias vinculares entre los equipos de las residencias y los menores, tanto anivel general como individual. En ese sentido, cree necesario promover la visualización de riesgos comunitarios e identificar a la población más expuesta.
“A través de las redes sociales y redes de contacto de personas que promueven dinámicas de explotación, donde existen peligros invisibilizados, se requiere que el abordaje no se realice solo desde lo reactivo, sino también desde lo preventivo”, agrega.
Sovino estima que se debe “seguir avanzando” hacia un mecanismo enfocado, por ejemplo, en familias de acogida u otros sistemas de cuidado alternativo “que no apuntan a llevar a las niñas y adolescentes a residencias del Estado”. También se necesitan programas de educación sexual que apunten a varios ámbitos, “uno de ellos es la cosificación del cuerpo, porque muchas veces estas adolescentes no se dan cuenta que se convierten en una moneda de intercambio”, dice.
Silva plantea la necesidad de “educar y sensibilizar” a los padres, profesores, menores y servicios, “acerca del enorme riego que corren nuestros niños y adolescentes, especialmente por su interacción en redes digitales”. Igualmente, en colegios y jardines se debe contar con protocolos de actuación “para enfrentar las situaciones de sospecha o conductas abusivas que los afectan”, y los sistemas de salud y judicial deben contar con “personal sensibilizado y preparado (), de modo de evitar la revictimización”, estima. penalmente estas conductas”. “Si no hay una política estatal adecuada esto sigue”, dice y precisa que aunque este ha sido el año con más formalizaciones y condenas, “se saca a un explotador de la calle y aparecen dos”. Plantea así que “hay que ir más allá, para saber cómo evitar que haya más explotadores y establecer mecanismos de autocuidado de las víctimas”. Trabajo intersectorialLa dificultad de protección es agravada porque el conjunto delsistema institucional mantiene “puntos ciegos” ante la explotación sexual y desaparición de menores bajo protección del Estado, dice el informe.
Rodríguez afirma que “los protocolos actuales carecen de herramientas estandarizadas para evaluar el peligro, lo que perpetúa un manejo reactivo y desarticulado”. Frente a ello, el director de la Fundación Ciudad del Niño, José Pedro Silva, comenta que este delito, así como el trabajo infantil y el reclutamiento por bandas del crimen organizado son, entre otros, “los dramáticos y ac-tuales efectos del virtual abandono del Estado de los niños, niñas y adolescentes vulnerables”. La explotación sexual infantil, agrega, “se configura hoy día de manera importante especialmente en redes sociales en el ámbito digital, lo cual complejiza tanto el reconocimiento de que es una práctica abusiva, como también su pesquisa”. “Existe un gran desconocimiento en la sociedad respecto de las formas de explotación sexual e incluso el legislador tiene pendiente la aprobación de modificaciones al Código Penal que. “Son espacios que no logran proteger a los niños y adolescentes” susceptibles de “ser atrapados por redes”, dice el gerente de desarrollo de Fundación San Carlos de Maipo. En general, expertos estiman que faltan medidas preventivas y la articulación de un sistema integral.
Se analizaron protocolos y cifras de organismos involucrados en su búsqueda y cuidado: La plataforma “Actuar es urgente”, a cargo del reporte, busca monitorear las recomendaciones que ha recibido el Estado para acabar con el de