Eléctrica estatal: solución equivocada
Eléctrica estatal: solución equivocada Hay que tener presente, entre otros, la facilidad con que las empresas o reparticiones fiscales pueden ser sometidas a presiones políticas. Como consecuencia del apagón del martes pasado, el diputado comunista Boris Barrera reflotó el proyecto presentado en agosto pasado por su correligionaria Daniela Serrano, de crear una empresa eléctrica estatal. Ella tendría como propósito el desarrollo de la industria nacional de energía eléctrica, tanto en la generación como en la transmisión y la distribución. El Estado, a través de esa empresa, podría asociarse para esos efectos con otras compañías, incluidas las privadas del rubro.
La propiedad estatal de una empresa está lejos de garantizar la ausencia de fallas en su operación; por el contrario, si se atiende a cómo el Estado gestiona otros servicios que ofrece a la población, como educación y salud, lo más probable es que los problemas detectados, en el caso de este apagón u otros, se ve-rían agudizados si una empresa estatal como la propuesta tuviese un protagonismo decisivo en la provisión de energía eléctrica del país.
Ello sin considerar siquiera los requerimientos de capital de esa empresa, los que debería obtener del Estado, posiblemente aumentando su endeudamiento para conseguirlos, en momentos en que la sanidad de las finanzas del fisco está siendo severamente cuestionada.
A eso se agrega la facilidad con que las empresas o reparticiones fiscales pueden ser sometidas a presiones políti-cas: en su gestión de personal, haciéndola más laxa que en la empresa privada; en su operación, sucumbiendo a criterios políticos en vez de técnicos; en su fiscalización, porque el Estado sería, en ese caso, juez y parte al mismo tiempo; en su inversión, siempre compitiendo por los escasos fondos fiscales; todo ello tiende a empeorar la calidad de los servicios entregados, es decir, lo contrario de lo que los parlamentarios comunistas aducen como fundamento de su propuesta. A eso se agrega que, ante la aparición de problemas, no hay posibilidad de reemplazo, como sí ocurre con las privadas. Proponer que los servicios públicos sean estatales y no privados se funda en el equivocado supuesto de que el fin de lucro en las privadas necesariamente las hace actuar en contra del interés general. La evidencia y la práctica en muchas par-tes del mundo lo contradicen. Esto no significa que las empresas privadas, por el solo hecho de serlo, funcionarán correctamente.
Para que lo hagan, especialmente en servicios regulados a través de concesiones, como son los eléctricos, es necesario establecer normativas claras y precisas y tener fiscalizaciones exigentes, para lo cual hay una amplia experiencia mundial comparada para mejorar la existente. Instaurar una empresa eléctrica estatal es la solución equivocada al apagón..