Autor: Erwin Sandoval Gallardo
El mayor subsidio del Estado: Áreas (supuestamente) protegidas al servicio de la industria salmonera
CODESAHace algunas semanas leíamos tanto a los principales representantes de la industria salmonera como al ex presidente Eduardo Frei pretendiendo instalar el relato de que “[] la industria del salmón ha sido el motor del crecimiento del sur de Chile en los últimos 30 años.
Sin recibir ni un subsidio del Estado”. Dado que otras voces han salido a demostrar la falsedadde aquella afirmación, dando cuenta del rol del Estado en el establecimiento y desarrollo de esta actividad, desde susorígenes; resulta del todo necesario detenernos en lo que constituye el mayor de los subsidios o regalías que esta industria en particular recibe de parte del Fisco y sus bienes públicos:La posibilidad, de manera exclusiva, de desarrollar actividadesindustriales al interior de áreas silvestres protegidas.
En efecto, según se ha constatado, 411 concesiones acuícolasotorgadas por el Estado de Chile se encuentran al interior de áreas silvestres protegidas de la Patagonia (reservas nacionalesy parques nacionales), vulnerando con ello tanto los objetivosde conservación de dichos sectores como los compromisosinternacionales adoptados por Chile, que impiden la explotacióneconómica de los ecosistemas presentes en dichas áreas deprotección (Convención de Washington, por ejemplo). Dar cumplimiento al compromiso presidencial de avanzar en la salida de la industria salmonera de áreas protegidas debiera ser una prioridad en un escenario de crisis climática y debiodiversidad que las amenaza crecientemente. Sin embargo, como ha evidenciado la reciente publicación de Fundación Terramen CIPER, el Estado sigue obrando en la lógica del subsidio olas regalías a la industria salmonera a costa de nuestras áreasprotegidas.
Ello, desde que en diciembre de 2023 el gobierno firmara un acuerdo con Aquachile y Cooke Aquaculture pararelocalizar nueve concesiones que hoy operan dentro de los límites de los parques Laguna San Rafael e Isla Magdalena(Aysén), y Bernardo OHiggins (entre ésta y Magallanes). Un premio paradójico: de acuerdo a información de Fundación Terram éstas presentan serios incumplimientos legales, estando cinco en causal de caducidad y cuatro con incremento significativo de las densidades de cultivo autorizadas, eludiendo así el Sistema deEvaluación de Impacto Ambiental (sobreproducción). No sólo se permite que estas empresas como bloquedesarrollen su actividad industrial en áreas que debieran estar bajo protección, sino que, inclusive cuando han generado significativosimpactos ambientales en áreas de protección e incumplidoinaceptablemente la normativa que las regula, el Estado continúa beneficiándolas con la posibilidad de relocalizarse. Eludiendo asísu responsabilidad por las infracciones cometidas. Sobre la sobreproducción, se ha denunciado que en reiteradasocasiones las empresas han producido miles de toneladas por sobre lo originalmente autorizado en sus proyectos técnicos.
Sinembargo, de los cuatro casos sólo dos tienen hoy en curso unprocedimiento sancionatorio en la Superintendencia del MedioAmbiente (SMA): Huillines 2 (110228) y Huillines 3 (110259), ambos de la empresa Cooke Aquaculture, ubicados dentro delParque Nacional Laguna San Rafael.
Más aún, la sobreproducción de ambas empresas ha representado beneficios económicos -estimados en base al precio promedio del kg de salmón en 2022de unos $450.000 millones en ventas para Cooke Aquaculture y de $171.000 millones para Aquachile. En el primer caso, se cosecharon 50.993 toneladas de la especie por sobre lo autorizado mientras que, en el segundo, fueron 19.497 toneladas demás. Sin embargo, la máxima sanción aplicable superaría los $3.900 millones por cada centro. Y peor aún, si la sanción no incluye la clausura definitiva de los centrosde cultivo las empresas podrían extender su producción ilegal.
Este cuadro hace imperativo que la autoridad ambiental, primero, inicie un proceso sancionatorio contra Aquachile porelusión a la evaluación ambiental de sus concesiones dentro delPN Isla Magdalena y, segundo e imperativo, que para el total delos casos se sancione con la pérdida de los permisos ambientalesde cada centro.
Esto no solo sería ejemplificador sino, a la vez, una señal concreta de que nuestras áreas protegidas en la Patagonia deben estar protegidas y no convertidas en un nuevo subsidio o regalía para la industria salmonera.. Opinión