Autor: L CRUZAT Y J CASTRO

Escala tensión por “escuchas” en caso ProCultura y fiscalía no dará explicaciones ante emplazamiento del oficialismo
Escala tensión por “escuchas” en caso ProCultura y fiscalía no dará explicaciones ante emplazamiento del oficialismo Las tensiones entre el Gobierno y el Ministerio Público ayer solo crecían, luego que la vocera (s) Aisén Etcheverry planteara en la víspera que las interceptaciones telefónicas requerían de una "alta justificación", en medio de los cuestionamientos surgidos en el oficialismo por la "escucha" a Miguel Crispi, cuando todavía era asesor del Segundo Piso de La Moneda, en el marco del caso ProCultura, y por la eventual petición de la fiscalía para intervenir el celular del Presidente Gabriel Boric. Temprano ya existía al interior del Ministerio Público incomodidad y se recordaba entre los persecutores que la fiscalía es un organismo autónomo.
Lo advertido por Etcheverry fue reforzado por la ministra secretaria general de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, quien este martes afirmaba en Radio Infinita que el "estándar es mucho más alto" en caso de una pesquisa sobre el Presidente y que "puede involucrar la seguridad nacional", agregando: "La fiscalía tendrá que dar explicaciones" por la divulgación del antecedente. La "sensación" en la fiscalía no cambió hasta cerca del mediodía.
No era primera vez que desde La Moneda criticaban actuaciones del sistema de justicia penal, pero tampoco sería la primera vez que el ministro Luis Cordero, antes en la cartera de Justicia y hoy en la de Seguridad Pública, morigeraba los dichos del Gobierno en esta materia. "El caso de las investigaciones de delitos con secreto reforzado (como ProCultura que tiene una reserva especial por indagarse lavado de dinero) implican responsabilidades mayores.
El Gobierno lo único que pide es que se cumpla la ley, no le corresponde estar pidiéndole rendiciones de cuentas a nadie, simplemente cumplir la ley", expresó. "No es un problema de confianza, lo correcto es que todos actuemos en la rectitud de la Constitución y de la ley.
El Ministerio Público las ejerce y solicita con orden judicial, así opera el Estado de derecho en Chile, nosotros no nos vamos a hacer cargo de trascendidos por una cuestión legal principalmente, porque la investigación de Procultura tiene reserva reforzada por el tipo de delito que es lavado de activos", insistió el ministro.
Cordero llegó al Gobierno en medio de la crisis que habían provocado los indultos a condenados del estallido, trasladando el debate que era hasta entonces esencialmente político --y estaba instalado en La Moneda-a "su cancha", la jurídica.
También intervino para componer las relaciones con el Poder Judicial, en particular con la Corte Suprema, con la que su antecesora en Justicia, Marcela Ríos, no había conseguido "crear puentes". n Se busca "evitar interferencias" en pesquisas Para entonces la Fiscalía Regional de Coquimbo, encabezada por el persecutor Patricio Cooper, que es quien encabeza el caso ProCultura y la indagatoria por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende (ver C7), estaba en el centro del debate público.
Aunque solo horas después, dec i d i ó r e s ponder. "En cuant o a e v e n tuales solicitudes de medidas int r u s i v a s (como interceptaciones telefónicas), se recuerda que estas son c o n t r o l a d a s por los respectivos juzgados de garantía, conforme a la ley, y que la Fiscalía no entrega información sobre tales solicitudes a terceros ajenos al proceso", se recalcó.
También, que el caso ProCultura está "con diligencias en curso" y que, conforme a la ley sobre lavado de activos, "esta causa se encuentra sujeta a reserva, lo que impide divulgar públicamente detalles sobre su contenido". Por ello, se agregó, para "resguardar la eficacia de la investigación y evitar cualquier interferencia en su desarrollo, la Fiscalía Regional no realizará declaraciones públicas respecto de los antecedentes o diligencias específicas de la causa". n Diligencias son autorizadas por los tribunales En esa misma línea, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, que fue abordado durante la cuenta pública del Consejo de Defensa del Estado (CDE), aseguró que "todas y cada una de las decisiones que adopta el Ministerio Público están fundamentadas en antecedentes de hecho y de derecho" y, puntualizó, "los tribunales resuelven conforme al mérito de ellos". Agregó que "cuando se solicita una medida que puede vulnerar determinados derechos de terceros (... ) requiere fundamentos tanto de hechos propios de la investigación, como del derecho, es decir que esté amparado en el Código Penal y efectivamente quien debe cautelar los derechos de los demás, terceros, intervinientes, es un tribunal y ese tribunal (... ) lo autoriza (la diligencia, por ejemplo, la interceptación de un teléfono)". Y, si no considera que haya antecedentes suficientes, puede rechazar. n Se reclama "cierto grado de inmunidad" El querellante en representación del diputado republicano, Juan Irarrázaval, Sergio Rodríguez, cuestionó algunos de los planteamientos del Gobierno: "Debemos partir de la base que las autoridades políticas tienen conocimiento de los hechos que se investigan. Al final del día, son ellos los presuntos autores de algún delito funcionario.
La excusa de la ignorancia, como en la situación de la casa de Allende, es un insulto a la inteligencia". Por ello, advierte, "permitir que reclamen un cierto grado de inmunidad frente a la actuación del persecutor afecta la esencia misma del Estado de Derecho y el rol constitucional de cada órgano público.
El Ministerio Público debe investigar exhaustivamente y los políticos deben colaborar sin obstáculo alguno". n "Cualquier tipo de injerencia externa (... ) está al margen de la ley" Para el penalista y exfiscal José Villalobos se trata de un tema de autonomía. "El fiscal cumple un rol de investigador y frente a antecedentes que le parecen plausibles decide autónomamente requerir del juzgado de Garantía una autorización para interceptación telefónica de algún imputado en particular (... ), que mereciere una pena de crimen, como lo prevé la norma, lo que corresponde es que el fiscal materialice esa diligencia intrusiva que le parece pertinente, cumpliéndose los requisitos legales no hay ninguna objeción a que le fiscal lo pueda pedir". "Cualquier tipo de injerencia externa, ya sea pidiendo explicaciones o tratando de mantener una reunión para analizar esos casos en concreto, me parece que es una situación que está al margen de la ley", agregó. El abogado Marcelo Sanfeliú, también expersecutor, añadió que "el fiscal, sea Cooper o cualquier otro, tiene que fundar sus solicitudes y, eventualmente, dar alguna explicación ante los tribunales de justicia. Ahí está la esencia de la independencia y autonomía del Ministerio Público. Eso es independiente de la opinión que uno pueda tener del actuar de la Fiscalía y son precisamente los jueces de garantía los llamados a controlar las medidas intrusivas que soliciten los fiscales. Ahora si hubo reuniones o no". n Crecen las presiones Sin embargo, en las bancadas oficialistas insisten en pedir explicaciones al Ministerio Público. Incluso, en el Partido Socialista evalúan una solicitud de remoción contra el fiscal nacional.
En este contexto, el jefe de la bancada de diputados del PS, Juan Santana, dijo a Emol que "si Ángel Valencia, jefe superior del Ministerio Público, no aclara el intento de `pinchazo' al Presidente Gabriel Boric, el día lunes juntaremos las firmas e ingresaremos en la solicitud de su remoción". Así, el diputado Marcos Ilabaca (PS), criticó al fiscal Cooper: "La intromisión que intentó desarrollar con el Presidente de la República la encuentro absolutamente desmedida.
Y que bien que hayan sido los tribunales de justicia quienes hayan detenido esta solicitud". Lo anterior, comentó, "porque al fiscal Cooper pareciera que hoy no le interesa la investigación criminal ni terminar los juicios, sino lo que le interesa es salir en portada y ser noticia, y así le está provocando un tremendo daño al Ministerio Público". Por parte del Frente Amplio, la diputada Javiera Morales (FA), dijo que "no sabemos por cuánto tiempo y que incluso se habría solicitado la interceptación del Presidente de la República, lo cual fue denegado por un tribunal, lo que el Ministerio Público no ha confirmado y que, hasta el momento, se entiende una solicitud injustificada", añadió en conversación con Emol. Tras interceptación a Crispi y supuesta solicitud para repetir diligencia con el Presidente Boric: Escala tensión por "escuchas" en caso ProCultura y fiscalía no dará explicaciones ante emplazamiento del oficialismo L. CRUZAT Y J.
CASTRO Persecutores y penalistas recordaron la igualdad ante la ley y la legalidad de las pesquisas. "Estas son controladas por los respectivos juzgados de Garantía, conforme a la ley y la Fiscalía no entrega información sobre tales solicitudes a terceros ajenos", dijeron. Vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry. ATON Ministra de la Segpres, Macarena Lobos. JONATHAN MANCILLA Ministro de Seguridad, Luis Cordero. ATON Jefe de la bancada de diputados del PS, Juan Santana ATON El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, defendió las medidas intrusivas y recordó que son controladas por los tribunales. FELIPE BAEZ. No se reportaron incidentes ayer en la Villa Pucará, donde vivía el fallecido, informaron desde Carabineros, pero de manera preventiva los colegios habían anunciado la suspensión de clases y se reforzó seguridad. Carlos Acevedo fue asesinado a solo días de haber salido de la cárcel: