COLUMNAS DE OPINIÓN: Irresponsabilidad en tarifas eléctricas
COLUMNAS DE OPINIÓN: Irresponsabilidad en tarifas eléctricas L a fragmentación del Congreso y la incapacidad de los distintos liderazgos políticos para ordenar las filas partidarias se hacen notorias en el debate que ha generado el descongelamiento de las tarifas eléctricas. Esta iniciativa fue aprobada, a mediados de abril, por una amplia mayoría. Ahora se alega desconocimiento de los aumentos tarifarios que iban a ocurrir y del alcance de la medida. Sin embargo, los antecedentes --quizás no los números exactos-sí estaban disponibles; de hecho, se acordó, junto con la aprobación de la ley, un subsidio transitorio hasta 2026 para un millón de hogares vulnerables. Asimismo, se definieron los recursos que se iban a destinar a ello. Además, se estipuló una mesa técnica para estudiar financiamientos que pudiesen aumentar el monto y la cobertura del subsidio. La actual "rebelión" parlamentaria, particularmente en la Cámara, no tiene otra explicación que el deterioro de la actividad política, que no produce otra cosa sino rechazo en la población.
El Gobierno, más allá del error del ministro de Energía de haber intentado involucrar al Banco Central en el debate a propósito del análisis de la autoridad monetaria sobre el impacto inflacionario de las alzas, ha abordado con seriedad este asunto y ha insistido en la necesidad de estabilizar los precios de la energía. Y es que está en juego la seguridad energética del país. Si se quiere garantizarla, los precios deben reflejar los costos reales de proveer la energía a los hogares, industrias y reparticiones públicas. La ciudadanía --según revela la encuesta Black&White-entiende la disyuntiva y está de acuerdo con que los precios de la energía deben reflejar sus costos. Le sorprende, más bien, que esto no se haya hecho antes.
La resistencia de los parlamentarios a hacerse cargo de esta reforma probablemente está motivada por razones electorales, pero la desconfianza ciudadana en la política está muy influida precisamente por la incapacidad de los representantes para abordar los asuntos públicos en toda su complejidad y con una perspectiva menos coyuntural.
Los recursos que se demandan para aumentar los subsidios deben venir de alguna parte; en este sentido, llama la atención la ausencia de planteamientos concretos respecto de, por ejemplo, redistribuciones en el gasto público para concretar esta aspiración. Así, es inevitable que la percepción ciudadana sea la de poca seriedad en un debate cuyos argumentos son finalmente efectistas. En esta línea, ha surgido la posibilidad de establecer un impuesto al carbón.
Que este exista, dadas sus externalidades negativas, es una idea atendible, pero no es evidente que haya espacio para ello (el impuesto al diésel, por ejemplo, aún no refleja sus costos sociales) y menos que el destino de los fondos deba ir a subsidiar el consumo de energía. Es de esperar que el mundo parlamentario recapacite y entienda los desafíos que enfrenta su actividad. Esta "rebelión" parlamentaria que hoy se observa no tiene otra explicación que el deterioro de la actividad política. Irresponsabilidad en tarifas eléctricas.