Columnas de Opinión: Convivencia escolar en la UTI
Columnas de Opinión: Convivencia escolar en la UTI En política pública, los diagnósticos sobran, pero los datos siguen siendo el mejor punto de partida.
Los signos vitales de la convivencia escolar en la Región de Coquimbo son elocuentes: durante 2025 se registraron más de 900 denuncias -un aumento del 31,8% respecto de 2024, según la Superintendencia de Educación-, de las cuales cerca del 80% corresponde a conflictos de convivencia escolar. A esto se suma un clima creciente de violencia que ya desbordó los límites del aula. En los últimos días, amenazas y agresiones han tensionado comunidades completas.
La reciente agresión de estudiantes universitarios a una autoridad de gobierno -con retención incluidano solo da cuenta de un problema de orden público, sino de algo más profundo: la normalización de la violencia como lenguaje social. Frente a este escenario, la respuesta del Estado ha seguido un patrón conocido: más regulación. Más protocolos, más procedimientos, más exigencias administrativas.
La nueva ley de convivencia escolar avanza precisamente en esa dirección, obligando a los establecimientos a sumar encargados, planes de gestión, protocolos y mecanismos formales de participación, incluso habilitando medidas como pórticos detectores de metales o revisión de mochilas. Pero hay un problema evidente: la ley no crea financiamiento adicional. En la práctica, la convivencia escolar sigue sosteniéndose con los mismos recursos de siempre: la subvención por alumno y presupuestos internos ya tensionados. El segundo eje de respuesta o tratamiento es el proyecto «Escuelas Protegidas», actualmente en el Senado. Sus pilares apuntan a reforzar la autoridad docente, endurecer sanciones, aumentar controles en el establecimiento y establecer restricciones a beneficios estatales en casos graves. El medicamento es claro: más control, más castigo. Si realmente se quiere sacar a la convivencia escolar de la UTI, el enfoque debe cambiar. Menos burocracia y más autonomía. Menos formularios y más capacidades reales: formación docente pertinente, equipos psicosociales robustos y trabajo sostenido con las familias. Más recursos, además, para la educación inicial, donde se juegan las bases del desarrollo socioemocional.. Mario Benavides M. Magister en Tecnología de la Educación e Innovación Investigador Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de Coquimbo