Autor: JUAN FRANCISCO SALDÍAS MUÑOZ JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO DIGUILLÍN Y SUS AFLUENTES
Columnas de Opinión: Ñuble y la urgencia de proteger el agua de quienes trabajan la tierra
Columnas de Opinión: Ñuble y la urgencia de proteger el agua de quienes trabajan la tierra Con gran satisfacción hemos podido apreciar que la Dirección General de Aguas, en la actual administración, está plenamente consciente de la problemática regulatoria provocada por la reforma del Código de Aguas del año 2022.
Dicha reforma impone severas exigencias a los pequeños agricultores y usuarios que poseen derechos de aprovechamiento de aguas: deben regularizarlos e inscribirlos en el Conservador de Bienes Raíces y perfeccionar los títulos ya inscritos cuando falta alguna mención del caudal o de sus características consuntivos, permanentes, continuos u otra.
Además, deben solicitar a la DGA un certificado del Catastro Público de Aguas que ha de agregarse al margen del título, todo ello conforme a la legislación vigente y antes del 6 de abril de 2027. Lo más grave es que, a partir de esa fecha, los conservadores no podrán realizar transferencia alguna sin la citada anotación marginal.
La regularización ya ha sido postergada en dos oportunidades, precisamente porque su urgencia es enorme: cerca de 350 mil pequeños agricultores que ejercen usos de aguas consuetudinarios -muchos de ellos heredados por generacionesverían caducar esos derechos; es decir, perderían el agua de la que dependen sus cultivos y el sustento de sus familias.
Cada una de estas tramitaciones es compleja, pues involucra materias legales y técnicas especializadas, gastos de difusión en radio y publicación en el Diario Oficial, los costos de las visitas a terreno de los profesionales de la DGA y las inscripciones conservatorias. Además, cada solicitud debe presentarse de forma individual, lo que hace prácticamente imposible que un pequeño agricultor, con recursos limitados, decida emprender este trámite por su cuenta. Desde abril de 2026 se han presentado dos iniciativas parlamentarias para prorrogar nuevamente los plazos hasta abril de 2030.
La Dirección General de Aguas, por su parte, ha formulado indicaciones a estas iniciativas, tanto para la regularización e inscripción como para extender hasta abril de 2032 la prohibición a los conservadores, de modo que el próximo gobierno, que asume el año 2030, disponga de tiempo para tomar las mejores decisiones. Hemos planteado que la prórroga, aunque bienvenida, no basta por sí sola. Se requiere un plan público-privado, conformado por el Indap, el Gobierno Regional, las organizaciones de usuarios de aguas, universidades y otros, orientado a simplificar la tramitación y a brindar acompañamiento real al pequeño agricultor.
Conviene seguir el ejemplo del Ministerio de Bienes Nacionales en sus campañas de regularización masiva de la propiedad, que han permitido a miles de familias acceder a sus títulos sin cargar con la complejidad ni los costos de hacerlo de manera individual. Esperamos que el Congreso prorrogue nuevamente estas normas y que, más allá del plazo, avancemos en un apoyo concreto y permanente a la pequeña agricultura. Defender el agua de quienes trabajan la tierra es defender la seguridad alimentaria, el arraigo rural y la paz social de nuestra región del Ñuble. Desde abril de 2026 se han presentado dos iniciativas parlamentarias para prorrogar nuevamente los plazos hasta abril de 2030. La Dirección General de Aguas ha formulado indicaciones a estas iniciativas, tanto para la regularización e inscripción como para extender hasta abril de 2032. Defender el agua de quienes trabajan la tierra es defender la seguridad alimentaria, el arraigo rural y la paz social de nuestra Región del Ñuble. Autor: JUAN FRANCISCO SALDÍAS MUÑOZ JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO DIGUILLÍN Y SUS AFLUENTES. Desde abril de 2026 se han presentado dos iniciativas parlamentarias para prorrogar nuevamente los plazos hasta abril de 2030. La Dirección General de Aguas ha formulado indicaciones a estas iniciativas, tanto para la regularización e inscripción como para extender hasta abril de 2032. Defender el agua de quienes trabajan la tierra es defender la seguridad alimentaria, el arraigo rural y la paz social de nuestra Región del Ñuble.