Autor: MACARENA CERDA M

"Nos preocupa que se instalen los despidos exprés en las municipalidades"
"Nos preocupa que se instalen los despidos exprés en las municipalidades" "Los trabajadores municipales con baja renta, por lo general, no salen al extranjero.
Cuando nos enfermamos, nos enfermamos de verdad, y estamos en nuestras casas", asegura Fabián Caballero (51), presidente desde hace más de 10 años de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile (Fentramuch), que cuenta con más de ocho mil miembros de Arica a Magallanes, según plantea.
El cientista político, miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), donde es el encargado del Frente Sindical, y excandidato a constituyente --logró 775 votos en el Distrito 8, que agrupa a las comunas de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil--, trabaja desde hace más de dos décadas en la Dirección de Administración de Finanzas de la Municipalidad de Huechuraba.
Viajes con licencia: "Habría que hacer un zoom" Aunque dice que desde hace más de 15 años que no toma una licencia médica, una gran cantidad de otros funcionarios estatales sí lo hizo entre 2023 y 2024, viajando al extranjero en el intertanto. De los 25 mil trabajadores públicos señalados por la Contraloría General de la República, cerca de un 12% pertenece a municipios.
Sin embargo, Caballero intenta separar aguas y manifiesta que "habría que hacer un zoom con mayor precisión, ver los niveles de renta de los trabajadores, los roles que cumplen, si son cargos directivos, asesores del alcalde". El sábado pasado, desde la organización apuntaron los dardos hacia la contralora general, Dorothy Pérez, asegurando que interpondrían un recurso de protección en su contra.
El miércoles, además, presentaron una denuncia en el ente fiscalizador en contra de cuatro alcaldes --Sebastián Sichel (Ñuñoa), Tomás Vodanovic (Maipú), Carmen Castillo (San Felipe) y César Mena (Tiltil)-por haber emitido una "opinión anticipada" en sumarios por licencias médicas. --¿ Por qué cuestionan el actuar de la contralora Pérez? "Nos llama mucho la atención esta excesiva cobertura mediática que ha tenido. Hemos solicitado, desde el mundo de los trabajadores municipales organizados, auditorías muy similares, pero hemos encontrado desinterés y dilatación.
Hay alcaldes que deben casi US$ 500 millones en cotizaciones previsionales y eso no se ha investigado con la misma diligencia". "Además, llama la atención que, en un escenario donde tenemos que elegir al Presidente de la República, senadores y diputados, el tema tenga esta cobertura mediática, que lamentablemente es usada en el debate político para desprestigiar la función pública y para desprestigiar también a los trabajadores públicos". --¿ Y no hay una autocrítica frente a esta situación? "No sé si la palabra es autocrítica, pero sí hay un deber moral, una responsabilidad ética, una obligación funcionaria de abrir un gran debate nacional en las municipalidades del país entre los trabajadores, y ojalá una relación directa con nuestros empleadores, los alcaldes.
El Estado tiene debilidades, los organismos y los órganos del Estado tienen ciertos espacios donde se pueden cometer ciertas faltas o delitos en algunos casos y nosotros no nos abstraemos al debate de fondo". --¿ Pero qué opinan de los funcionarios municipales que viajaron al extranjero estando con licencia médica? "Nosotros no amparamos la falta de la probidad, la corrupción ni los problemas de transparencia.
Todo lo contrario: de acreditarse todo lo que ya se ha anunciado en ese informe, somos los primeros en condenar las actuaciones de los funcionarios". --Pero en el caso de los 25 mil funcionarios que viajaron con licencia, tampoco puede haber total impunidad, ¿o sí? "Hasta el más peligroso criminal en nuestro país tiene derecho a defensa. Hay personas en Chile que cometieron crímenes de lesa humanidad y tuvieron derecho a la defensa, a ser juzgados, y tuvieron derecho a sentencias en proporcionalidad de sus faltas y sus delitos. No estamos amparando ninguna conducta que diga relación con alterar los procedimientos y la función pública; estamos protegiendo la función pública.
Somos Estado también, descentralizado en el caso de las municipalidades, pero somos Estado". --¿ Entienden el nivel de indignación que ha causado este informe en la ciudadanía? ¿ De qué forma se debe sancionar? "Estamos conscientes del efecto que ha generado en la sociedad, pero somos trabajadores.
O sea, los trabajadores en algún momento también desconocen las normas, los trabajadores también cometen errores, y si aquí un trabajador cometió un error, debe recibir la sanción proporcional que le corresponde". Alcaldes denunciados en Contraloría --¿ Y por qué deciden denunciar a estos alcaldes? "No hemos impedido que los alcaldes o la ciudadanía en general opinen sobre los efectos y las conclusiones del informe de la Contraloría; los a l c a l d e s t i e n e n derecho y opinión política.
Pero ingresamos una denuncia a la Contraloría por esta falta a la probidad de cuatro alcaldes, donde recogemos sus declaraciones en los medios de comunicación anticipando querer destituir trabajadores no mediando un proceso de investigación riguroso, donde se recojan los elementos de prueba, donde se agoten todas las diligencias". "El alcalde es el patrón del fiscal (administrativo), fiscal que tiene que investigar esta materia.
Es decir, el fiscal está obligado a investigar a un trabajador, incluso teniendo pruebas que no ponderen esa sanción, porque el alcalde ya dijo que los va a destituir a través de los medios de comunicación.
Nos preocupa que se instalen los despidos exprés en las municipalidades, más allá de la contingencia y la coyuntura de las licencias". --¿ Pero qué sanción cree que se debería tomar, entonces? La destitución igual es una vía... "No me corresponde establecer qué sanción, porque son casos diversos, pero tienen una centralidad: todos probablemente alteraron el lugar de reposo para el uso de la licencia médica, pero cada caso se tendrá que ver. Hemos recibido casos de denuncias de violencia intrafamiliar, donde una funcionaria viajó fuera del país porque su situación interna, familiar, con su pareja, le impedía vivir bajo el mismo techo. Tenemos casos de dirigentes en Arica, donde la provisión de víveres es más barata en Tacna, que está a 30 minutos. O sea, ¿quién no ha salido de su domicilio estando con licencia?". Fabián Caballero, presidente de trabajadores de municipios: "Nos preocupa que se instalen los despidos exprés en las municipalidades" MACARENA CERDA M. El dirigente aborda el escándalo de las licencias médicas, cuestiona la labor de la Contraloría y apunta contra cuatro alcaldes. "Hasta el más peligroso criminal en nuestro país tiene derecho a defensa", dice. El dirigente es miembro del MIR, y fue candidato a constituyente en 2021.
FELIPE BÁEZ `` De acreditarse todo lo que ya se ha anunciado en ese informe, somos los primeros en condenar las actuaciones de los funcionarios". `` No estamos amparando ninguna conducta que diga relación con alterar los procedimientos y la función pública; estamos protegiendo la función pública.
Somos Estado también". El hallazgo de la Contraloría General de la República sobre el uso irregular de licencias médicas por parte de más de 25 mil empleados fiscales se ha convertido en el escándalo de las últimas semanas. Y si bien el 69% de los 35 mil permisos utilizados fueron de Fonasa, el 31% restante corresponde a las isapres. La irregularidad descubierta recientemente y el aumento de licencias fraudulentas en los últimos años han empujado a que las aseguradoras implementen nuevas estrategias de fiscalización.
Rosario Cortés, gerente de Salud de Colmena, afirma que, por ejemplo, han presentado querellas contra profesionales y denuncias ante la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y la Compin, lo que "ha permitido que los días de reposo solicitados en licencias de médicos querellados pasaran de cerca de 130 mil en 2022 a 16 mil en 2024". En el caso de Banmédica y Vida Tres, señalan que han bajado en 67% las licencias asociadas a médicos denunciados entre 2020 y 2024, mediante la implementación de un Comité de Contención del Fraude en Licencias Médicas, con el que han interpuesto denuncias y querellas en contra de más de 700 médicos.
Con los antecedentes de la Contraloría, las empresas plantean que han solicitado reuniones "con los organismos pertinentes, con la finalidad de contar cuanto antes con la información necesaria para iniciar las acciones que correspondan". Nueva Masvida afirma que un 30% de las licencias rechazadas o reducidas "pasa por un proceso previo de peritaje, en el que un médico especialista externo e imparcial evalúa al beneficiario". Con todo, indica que "se observa que, durante los últimos tres años, el 73,7% de las licencias rechazadas han sido objetadas por la Compin, lo que significa que finalmente deben ser pagadas". Sobre los casos de funcionarios públicos que viajaron fuera de Chile, la isapre explica que solicitaron reuniones para obtener información y tomar acciones.
Cruz Blanca ha interpuesto 128 querellas contra grandes emisores y "tres de ellas ya cuentan con sentencia condenatoria". La fiscalización se centra en revisar "antecedentes y parámetros objetivos, los que se ajustan y respetan todas las disposiciones administrativas". A juicio de Natalia Yankovic, académica de la Escuela de Negocios ESE de la U. de los Andes, para mejorar la fiscalización "las isapres podrían establecer sistemas que entreguen información a los prestadores en tiempo real del historial de los pacientes con relación al uso de licencias.
De esta manera, los médicos podrían tomar decisiones mejores e informadas a la hora de entregar una licencia". La académica también plantea que las aseguradoras "podrían establecer planes de seguimiento integral a sus afiliados, donde las licencias otorgadas por los `médicos de cabecera' tuvieran un nivel de fiscalización menor, liberando recursos para fiscalizar las licencias provenientes de prestadores menos alineados con los incentivos de la isapre". Carolina Velasco, directora de Estudios del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la U. San Sebastián, comenta que un problema sistemático es que "hay una gran fragmentación de la fiscalización que se divide entre distintas instituciones, incluso, de ministerios diferentes.
Entonces, ese es uno de los puntos que se deben revisar cuanto antes". Acciones judiciales y comités especializados, entre métodos de las isapres para fiscalizar permisos JUDITH HERRERA C.. También solicitaron restablecer los lugares fijos de vigilancia que fueron convertidos en puntos dinámicos. Entre aquellos estaba la zona que fue atacada ayer.
Gremios y legisladores presionan al Gobierno por más seguridad: Consulta indígena se hará en 70 localidades de macrozona sur Al menos en 70 localidades de las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos se realizará la consulta indígena para recoger opiniones de comunidades mapuches sobre las propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, confirmó ayer la Unidad de Seguimiento de la instancia. "De acuerdo con lo mencionado por el Presidente Gabriel Boric, el proceso comenzará en julio de este año, por lo que durante las próximas semanas se iniciará la respectiva difusión, de acuerdo con las orientaciones metodológicas que establece el decreto 66”, agregó la misma unidad, haciendo alusión a una norma del Ministerio de Desarrollo Social que regula la realización de los proce - sos consultivos para pueblos originarios. Según ese decreto, la consulta incluye cinco etapas: planificación, entrega de información, deliberación interna, diálogo y sistematización. También ratificaron que ya se inició la capacitación del personal a cargo de la coordinación del proceso.
Desde el lunes 2 de junio se incorporaron al Ministerio del Interior tanto el Plan Buen Vivir, que busca "disminuir el rezago” en la macrozona sur, como la Unidad de Seguimiento, “impulsando, coordinando y supervisando la puesta en marcha de las medidas recomendadas” por la Comisión para la Paz